Diego Gotelli C. - Medios Regionales

En un acto inédito, la mesa directiva de la Convención Constitucional lideró un encuentro a puertas cerradas con los representantes de los colectivos de la instancia, a fin de ahondar en el trabajo que les resta para emanar la propuesta de nueva carta magna.

Los asistentes coincidieron en que en la cita, a la cual no accedió la prensa, se discutió el "acotado" lapso que les queda para analizar las más de 1.200 propuestas de norma, por lo que se pidió "maximizar el tiempo", lo que fue compartido por todos los sectores.

El convencional Fuad Chahín (DC) contó que se les "sensibilizó" sobre la necesidad de priorizar, de "evitar discutir dos veces" materias similares, y de llegar a "acuerdos políticos" pensando en lograr el quórum de 2/3 requerido para aprobar normas.

"El cronograma podemos cumplirlo, pero eso exige lograr consenso y no persistir con iniciativas que todos sabemos que lo más probable que no conciten el apoyo suficiente", dijo en radio Cooperativa el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez.

Nuevas definiciones

En la jornada las comisiones siguieron avanzando la conformación de propuestas que enviarán al pleno, acordando materias como los alcances que tendrá la denominación de "regiones autónomas", visada en víspera.

Según acordó la Comisión de Forma de Estado, las regiones autónomas tendrían competencias para aprobar planes de descontaminación; crear, modificar y suprimir contribuciones especiales o establecer beneficios tributarios dentro de su territorio; crear empresas públicas bajo criterios, y tener competencia en la política regional de vivienda, urbanismo, salud y transporte en coordinación con planes nacionales.

Cada región contaría con un Gobierno Regional, cuyo gobernador formaría parte de un consejo de pares que coordinaría las relaciones entre el Estado y las entidades territoriales, instancia que presidiría el Presidente de la República.

Asimismo, se acordó reemplazar a los consejos regionales por una "asamblea legislativa regional", órgano dotado de potestades "legislativas, resolutivas y fiscalizadoras". Los asambleístas serían elegidos por votación popular y durarían cuatro años en el cargo. Según la propuesta, sus "leyes regionales" deberán procurar "suprimir los obstáculos que impidan las plena igualdad de derechos" considerando la diversidad geográfica y cultural.

También cada región tendría un Consejo Social Regional que promoverá la participación y fiscalización ciudadana, y un consejo consultivo de alcaldes.

Un alza en casi todas sus categorías evidenció el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en enero, mes que alcanzó un aumento mensual de 1,2%, superando las proyecciones del mercado, que estimaba iniciar el año con un encarecimiento de 0,6%.

El informe del INE completa una inflación acumulada a 12 meses del 7,7%, el mayor desde el 8,9% alcanzado en noviembre del 2008.

El ministro (s) de Hacienda, Alejandro Weber, atribuyó el sorpresivo IPC a factores internacionales como el corte en la cadena de suministros acusado por la pandemia, y a elementos locales como los retiros de fondos de pensiones.

El secretario de Estado manifestó que para combatirlo el Gobierno ha "normalizado la política fiscal" con una contracción del Presupuesto 2022 que consideró "fundamental" en su cumplimiento para "mantener a raya la inflación y no afectar el bolsillo de las familias chilenas".

Sin embargo, los efectos ya serían visibles, pues la UF (unidad de fomento) sufrirá un aumento de $375 dado el último IPC, pasando de $31.285 a $31.660, impactando los montos de dividendos y otras cuentas que estén indexadas a dicho indicador.