Leo Riquelme - Medios Regionales

Con indignación recibieron las autoridades de Gobierno los videos de una fiesta masiva de jóvenes en lanchas en el lago Vichuquén, Región del Maule, la segunda en su tipo que se difunde desde que el fin de semana se celebrara una similar en el lago Villarrica, en La Araucanía.

"Resulta incomprensible que sigan ocurriendo estas situaciones (…) después de todo lo que hemos vivido como país", dijo la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, quien advirtió que las personas que sean detectadas en este tipo de eventos arriesgan multas y hasta el bloqueo del Pase de Movilidad.

Los sumarios sanitarios establecen sanciones que pueden llegar hasta los 55 millones de pesos si se considera que se cometió una falta grave, en tanto que el bloqueo del documento a los vacunados con su esquema completo impide acceder a eventos y restaurantes cuyos encargados lo exijan para entrar.

Las fiestas en lanchas viralizadas ocurrieron en Pucón y en Vichuquén, aunque solamente en esta última la alcaldía aseguró que la detectaron a tiempo y cursaron infracciones a los involucrados. En La Araucanía ayer Carabineros intensificó los patrullajes aéreos por la zona lacustre para evitar que se celebren fiestas como las denunciadas.

"El llamado es a respetar, a disfrutar el verano de forma sana y a respetar lo que está normado. La pandemia no es algo que nos podamos tomar a la ligera", mencionó el jefe de control de orden público para la Macrozona Sur, general César Bobadilla.

El delegado presidencial de La Araucanía, Víctor Manoli, aseguró han detectado nuevos llamados a realizar festejos de este tipo, por lo que instruyeron a las autoridades comunales, navales y policiales para que tomen medidas para evitarlos.

"Estamos en un momento clave de la pandemia, estamos trabajando todos por entrar a la cuarta dosis de vacunación, tenemos que tener responsabilidad, por eso yo señalo que es completamente inaceptable que no se tenga responsabilidad", agregó la subsecretaria Gómez.

Positividad y pcr

Esta situación ocurre en un momento de alta carga viral en el país. Ayer el Ministerio de Salud notificó 33.362 casos nuevos de coronavirus, con los que los pacientes activos llegaron a 125.920.

Si bien el nivel de infectados ha descendido respecto al peak del viernes pasado, la positividad de los 113.966 exámenes PCR (reacción de polimerasa en cadena, por sus siglas en inglés) procesados en las últimas 24 horas subió al 26,71%, la mayor desde el 24 de junio de 2020.

"Al considerar antígenos, la positividad de hoy (ayer) es de 29%. Los números del jueves deberían mostrar que aún no se llega al peak de ómicron", comentó a través de Twitter el exministro de Salud del actual Gobierno Jaime Mañalich.

El Minsal ha solicitado que se realicen exámenes PCR solamente quienes tienen síntomas del covid, mientras que requirió que a los asintomáticos se les efectúe test de antígenos, pese a que son menos sensibles a detectar el virus en estas condiciones.

Los alcaldes de Pedro Aguirre Cerda y de Lo Espejo, en la Región Metropolitana, Luis Astudillo y Javiera Reyes, respectivamente, alegaron que están recibiendo muchos menos insumos para testear y coincidieron en que el pedido de la cartera significa un "abandono de la estrategia de búsqueda activa de casos y de la trazabilidad", lo que a su juicio fue clave para mantener el control de la pandemia en las primeras olas.

valenzuela

La subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, reconoció ayer que la contagiosidad de la variante ómicron ha elevado la demanda por exámenes, pero negó que exista un "quiebre de stock" y aseguró que la prioridad de PCR para los sintomáticos se debe a que "el que tiene síntomas es el que tiene capacidad de transmisión de la infección".

Municipios como el de San Miguel criticaron también la tardanza de hasta una semana en entregar los resultados de los exámenes, a lo que el Minsal ha respondido que los laboratorios están trabajando a máxima capacidad.

El Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua adelantó desde junio al 29 de marzo el juicio en contra del hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos; su exesposa Natalia Compagnon, y su socio Mauricio Valero, investigados por estafa e infracción a la Ley de Propiedad Intelectual en una de las aristas del caso Caval, que partió en 2016.

De acuerdo a la investigación, los imputados le prestaron desde principios de la década pasada asesorías inmobiliarias, portuarias, ambientales y energéticas al empresario Gonzalo Vial Concha y su empresa Inversiones Graneles del Sur.

Según el Ministerio Público, emitieron al menos ocho informes que no habrían elaborado en la compañía. Ello fue denunciado por el empresario en 2016, luego que explotara la arista por la venta de un terreno en Machalí por parte de Caval.

La investigación de la Fiscalía asegura que los textos habían sido elaborados por la Dirección de Estudios y Políticas Públicas de la Cochilco (Comisión Chilena del Cobre), por la Biblioteca del Congreso Nacional y otros bajados desde internet que tenían derechos de autor pero no fueron respetados.

Vial Concha ha calculado el perjuicio en 1.335 millones de pesos y la Fiscalía pide cuatro años de prisión para cada uno. El juicio se adelantó debido a una optimización de la agenda del tribunal rancagüino.