Pedro Bárcena González

Las agresiones sexuales infantiles constituyen una problemática socio-delictiva que constantemente remece a la provincia. Es un fenómeno enquistado en la sociedad insular, tal como lo demuestran dos casos que quedaron en evidencia en las últimas horas, uno por su flagrancia y otro por sus alcances judiciales.

En Quemchi se produjo el ataque más reciente, afectando a una menor de 15 años. Según fuentes de la causa, la presta denuncia de la víctima permitió activar un procedimiento por parte de Carabineros del Retén local que llegó a la captura de un joven de 33 años, sindicado como el responsable de las vulneraciones.

Ante el Juzgado de Garantía de Ancud fue puesto a disposición el encartado. En una audiencia virtual se acreditó la legalidad de su aprehensión, en base a la flagrancia de los hechos que no motivó mayor incidente de parte de los intervinientes.

Sin embargo, la falta de informes policiales y científicos motivaron al Ministerio Público a solicitar una ampliación de la detención, antes de encausar la indagatoria. Ello, en virtud de aclarar por completo la dinámica del ilícito y establecer con pruebas la participación del isleño.

Audiencia

Por 48 horas se prorrogó este plazo antes de la formalización que se materializó el recién pasado fin de semana.

Así lo explicó el fiscal Luis Barría, enfatizando que se encausó al sujeto por el delito de violación de mayor de 14 años.

"En virtud a diligencias de investigación realizadas por la Brigada de Delitos Sexuales (Brisex) de Ancud y el Servicio Médico Legal de Puerto Montt se estableció la existencia del delito y la participación del imputado, por lo cual se solicitó la prisión preventiva", remarcó el persecutor.

Sumó el abogado que se sustenta la precautoria, "por la gravedad del delito formalizado", puntualizó, como también fue considerada la alta penalidad del mismo, lo que redunda en que la libertad del joven constituye un peligro para la seguridad de la víctima y la sociedad.

La cautelar fue cuestionada por el defensor Filippo Corvalán, quien manifestó que "discutimos la medida debido a que los antecedentes presentados no son contundentes y no están completas las pericias. Hay diligencias pendientes como la declaración del imputado y una toma de material genético voluntaria".

Es más, el profesional sostuvo que según la versión de su representado, "descarta su intervención en los hechos", acotó.

Más allá de estas alegaciones, la sentenciadora acogió la prisión preventiva y decretó un plazo de 60 días para el desarrollo de la indagatoria.

Durante este plazo, como precisó el fiscal Barría, "se solicitarán varias pericias y la Brisex seguirá con las diligencias para corroborar lo que se ha acreditado".

Juicio oral

Por otra parte, la sala presidida por la magistrada Angélica Monsalve del Tribunal Oral en lo Penal de Castro sentenció durante la jornada de ayer a un depravado a una pena de 12 años de cárcel como autor del delito de violación impropia reiterada, cometida contra su propia hijita en Quellón.

Fue el valiente testimonio de la afectada, quien comenzó a sufrir su calvario cuando apenas tenía 8 años, el que permitió crear convicción entre los jueces. Un valor probatorio que se complementó con la evidencia testimonial presentada en audiencia, como también los informes científicos y policiales de la causa.

Entre el 2013 y el 2017 se extendieron los ultrajes contra la menor, incluso en dos inmuebles del sur de la Isla. Todo ello, antes de la develación y posterior judicialización del caso.

De acuerdo a lo señalado por la fiscal jefa de Quellón, Karyn Alegría, se acogió la tesis presentada durante la sesión judicial. "Dimos cuenta que se trató de un delito reiterado y no continuado. En al menos dos domicilios el imputado agredió sexualmente a la niña", aclaró.

Junto a la pena principal, la persecutora manifestó que se decretaron otras sanciones accesorias, "como interdicción de ejercer la guarda y la patria potestad respecto de la menor, la obligación de continuar brindándole alimentos, como la incorporación de su huella genética en el registro de condenados, así también la sujeción a la vigilancia por los 10 años posteriores al cumplimiento de la pena".

Igualmente, dentro de estas disposiciones, la representante del Ministerio Público detalló que se dictó la prohibición del sentenciado de realizar oficios vinculados con menores de edad. "Estamos muy satisfechos con este fallo en que se recogió lo planteado en audiencia y se logró una condena contra este imputado", agregó.

En tanto, el defensor Daniel Fuenzalida confirmó que se está analizando en detalle la resolución para estudiar un eventual recurso de nulidad. Reconoció que no se habría acogido la atenuante de colaboración sustancial que invocó; sí se consideró para el fallo la aminorante objetiva de la irreprochable conducta anterior y la agravante del parentesco.