Julián Gesell Viveros

A más de dos semanas de haber acontecido el deceso, el Ministerio Público informó la decisión de la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer de abrir una indagación de oficio por la muerte de un recién nacido el pasado 25 de febrero en el Hospital San Carlos de Ancud.

Según se explicó, el objetivo es aclarar eventuales responsabilidades penales del hecho que aún remece a la comunidad chilota, en medio de manifestaciones por falencias en la gestión del Servicio de Salud Chiloé, precisamente en el mismo recinto asistencial del norte de la Isla.

Fue el fiscal Fernando Metzner, a cargo del caso, quien indicó que una vez que la Fiscalía tomó conocimiento de estos hechos, "sin esperar alguna denuncia, resuelve iniciar de oficio una investigación para aclarar eventuales responsabilidades penales por un cuasidelito de homicidio".

Según el abogado del organismo persecutor, se dispuso de una serie de diligencias y requerimientos de información para recabar los antecedentes preliminares. De igual forma, se despachó orden de investigar a la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Puerto Montt. "Todo esto con la finalidad de poder esclarecer y eventualmente determinar y atribuir responsabilidades lo antes posible", sostuvo el fiscal de Castro.

Desde la Fenpruss (Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud), en voz de su representante en el Hospital de Ancud, Pamela Araneda, se indicó que es necesario que los padres del bebé "busquen por todos los medios necesarios algo que le entregue algo de paz o tranquilidad", acotando que este gremio espera que la investigación apunte a las autoridades que, según estiman los asociados, son los responsables en la gestión del Servicio de Salud Chiloé, en cuya red asistencial ocurrió el fatal desenlace.

"Cuando entran en los procesos penales es preocupante porque lo que solemos ver en el sistema es que el hilo suele cortarse por lo más delgado. Esperamos que esto no sea el caso porque, de hecho, las falencias graves de la red, como gremio y como multigremial, la venimos denunciando de un tiempo a esta parte, y lo ocurrido es parte de eso", aseveró la dirigente, sumando que "nosotros creemos que aquí las culpas están puestas en nuestras autoridades y que son ellas las que deben dar las respuestas que corresponden a los entes correspondientes".

Asofa

Misma posición marcó Ana María Garrido, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Hospital San Carlos de Ancud (Asofa) y vocera de la Multigremial Hospital de Ancud, quien aseguró tener la "certeza que las circunstancias condicionantes del fallecimiento tuvieron relación con la falta de recursos físicos (ventilador neonatal, capnógrafo, etcétera) y recurso humano (pediatra de turno), así como la inexcusable tardanza en el traslado a un centro de mayor complejidad".

Eso sí la médica defendió que "tenemos la convicción que el equipo que manejó a este recién nacido brindó toda la atención posible con los recursos disponibles. De otra forma, no se hubiese logrado que ese bebé sobreviviese 15 largas horas en espera de un traslado que nunca se concretó".

"Esperamos que la investigación que realice la Fiscalía sea imparcial, ya que la auditoría del servicio la hará alguien que es subordinada/o de esa misma repartición", manifestó Garrido.

Ante esta indagatoria de oficio, Natalie Mackay, abogada del Departamento Jurídico del Servicio de Salud Chiloé, comunicó que la entidad "colaborará con el Ministerio Público en la investigación que se está llevando a cabo" sobre estos hechos, "haciendo llegar todos los antecedentes que se requieran", adicionó.

La abogada del SSCh consignó que, tras conocer de la muerte del bebé, el organismo dependiente del Ministerio de Salud instruyó una auditoría médica al departamento de auditoría del mismo, "proceso el cual está siendo realizado por un profesional médico de esta unidad, con el objetivo de realizar una evaluación crítica, objetiva e independiente a los procesos de atención médica realizados tanto a la madre como al recién nacido".

"Y en base a la revisión de los registros de dichas atenciones -adicionó- y la verificación de los procedimientos aplicados, evaluar que estos se hayan desarrollado con apego a la lex artis y se haya dado cumplimiento a las normas y protocolos", sostuvo la jurista del servicio chilote.

Asimismo, Mackay recordó que la dirección del SSCH instruyó un sumario administrativo, "el cual tiene como finalidad investigar y establecer los hechos, los cuales podrían o no constituir una infracción a los deberes u obligaciones funcionarias establecidas en el estatuto administrativo de la Ley 18.834".

"Todo esto con la finalidad de poder esclarecer y eventualmente determinar y atribuir responsabilidades lo antes posible".

Fiscal Fernando Metzner.

"Haremos llegar todos los antecedentes que se requieran".

Natalie Mackay, abogada del Servicio de Salud Chiloé.