Pedro Bárcena González

Ante el Juzgado Mixto de Achao recurrió ayer el alcalde René Garcés (indep.), en su calidad de presidente de la Corporación Municipal para la Educación, Salud y Atención al Menor de Quinchao, para la presentación de una querella por malversación de caudales públicos y prevaricación de abogado.

Las acciones criminales se enfocan contra los juristas Héctor Caro y Milton Cuevas, como también contra todos quienes resulten responsables de los cargos que emanan de un avenimiento judicial al que llegaron ambos profesionales, supuestamente incurriendo en vicios procesales.

Este acuerdo derivó de la demanda de cobro de pesos (honorarios) interpuesta por el primer abogado contra el ente corporativo, el 19 de mayo del 2021, invocando el pago de $65.550.000 como saldo pendiente de los servicios prestados por un juicio laboral cuantificado en $700 millones, derivado del requerimiento del pago del bono SAE (Subvención Adicional Especial) de profesores de la comuna que se rechazó en todas sus partes.

Cuevas, como asesor jurídico de la corporación de entonces, no solo se sumó a este juicio, sino también intervino de las instancias legales que ahora son cuestionadas por la nueva administración municipal.

De acuerdo a lo señalado por el alcalde Garcés, tras el análisis jurídico del caso, "tenemos antecedentes para querellarnos contra estas personas, entendiendo el perjuicio económico que significa un monto de $80 millones (sumaría una cláusula penal de $10 millones por el atraso en el pago y las costas), donde se hicieron acciones a espaldas del directorio de la corporación y de las autoridades como el concejo municipal, en las que se tomaron acciones inconsultas".

Remarcó el edil que "no puede ser que una administración que termine trate de llevarse la corporación para la casa", añadiendo que con esta querella "queremos cautelar los bienes patrimoniales" de la entidad.

Es más, el jefe comunal agregó que "queremos comprobar que dos abogados se pusieron de acuerdo para perjudicar a una institución y una comuna que necesita tanto los recursos para suplir las falencias de educación y salud primaria que nos aquejan".

Propósito

Por su parte, el abogado Fernando Barría, parte del estudio jurídico Álvarez Pinto y Asociados, que hoy asesora a la corporación municipal, enfatizó que el recurso legal tiene por propósito poner en conocimiento de las autoridades la posible comisión de delitos.

Dentro de las irregularidades que detectó, la fuente expuso que "el avenimiento fue justo terminando la administración anterior, el cual fue suscrito por una cifra superior a lo que se debía obtener en el juicio".

Asimismo, el abogado puntualizó que el otrora asesor de la corporación "no notificó a las autoridades sobre los términos del acuerdo; por ello, el peso y perjuicio económico recae en la nueva administración".

Justamente, el aludido Milton Cuevas descartó de plano estas acusaciones, detallando que tiene respaldo de todas las autorizaciones recibidas por las actuaciones que emprendió. Incluso, no descartó tomar acciones legales como contraparte, aduciendo la afectación derivada por estos cargos.

Precisando a modo de cronología, el jurista indicó que la génesis se enfoca en la demanda de los profesores por el bono SAE, "la cual fue patrocinada por el mismo estudio que hoy está presentando esta querella", acotó. Una causa por la que se contrató a Héctor Caro, "con quien trabajamos para ganar el juicio hasta en la Corte Suprema, con fallo del 13 de mayo del 2021, dos días antes de las elecciones".

Desechando el afán político de las actuaciones, el profesional señaló que tras quedar ejecutoriada dicha sentencia, "ese lunes siguiente a los comicios llegó este abogado (Caro) a exponer esta situación y cobrar sus servicios (pendientes). En esa reunión, yo recibo las instrucciones para tratar de llegar a un acuerdo con él, al cual accedería pero reconociendo que iba a demandar igual".

En cuanto a los montos, Cuevas explicó que a lo demandado judicialmente, "había que sumarle las costas, llegando a los $70 millones. Se fijaron cuotas con Finanzas y entiendo que no se le pagaron todos sus servicios (restaba una cuota de $8 millones, más el 7% de la cuantía del juicio ganado y el 11,5% de impuestos). Todo esto se lo informamos al nuevo equipo que asumió la defensa de la corporación, con mensajes e informes".

Resaltó que "nada se hizo a las espaldas de las autoridades, todas estaban al tanto del avenimiento que se presentó y aprobó por el tribunal con fechas de pago".

Asimismo, el licenciado de la Universidad de Concepción manifestó su "sorpresa" con esta acción legal en su contra y las asocia a unas demandas presentadas recientemente contra el municipio y la corporación quinchaína.

"Por eso, lo veo ahora esto como una vendetta, puesto que estando yo contratado por la corporación, con licencia médica, me llegó una carta donde no me indican nada de mi situación laboral, ni del pago de mis remuneraciones, simplemente me dicen que llegué a este acuerdo y que me despedían por incumplimiento del contrato. Una situación que no es así por lo que demandé laboralmente", acotó.

Calificación

Es más, la fuente calificó de "ridículos" los delitos que se le imputan, expresando que la malversación "solo la pueden cometer los funcionarios públicos que tengan a su cargo los fondos públicos, y yo como abogado nunca tuve a disposición ni siquiera una caja chica de 10 pesos". Mientras que por la prevaricación dijo que "recibí instrucciones (para el avenimiento)".

Finalmente, el profesional consignó que le parece "impresentable" que el grupo de abogados "que llevó adelante un juicio millonario que lo perdió y luego, estando a cargo (asesorando a la corporación), trate de no pagar... es algo muy poco ético".

"Analizaremos acciones indemnizatorias, puesto que esto me perjudica y causa un grave deterioro en mi imagen".

Milton Cuevas,, abogado.