Alumnas secundarias de colegios de la capital marcharon ayer por Santiago para protestar contra presuntos casos de acoso sexual denunciados en los últimos días en establecimientos educacionales de la Región Metropolitana.

La convocatoria hecha por redes sociales se dio luego de que en Providencia se acusara a alumnos del Liceo José Victorino Lastarria de difundir fotos íntimas de niñas y se abrieran indagatorias por presuntas amenazas de agresiones sexuales. Hecho al que se suma denuncias de abusos en un colegio de Ñuñoa, y de acoso en un plantel de Maipú cuyo municipio anunció un plan contra la violencia de género.

La manifestación partió en Plaza Italia para luego marchar hasta el Ministerio de Educación, lo que generó cortes de tránsito en la Alameda.

El ministro de Educación, Marco Ávila, se reunió con las secundarias y prometió analizar mejoras a las normativas vigentes y que trabajarán para implementar "jornadas nacionales" de "educación no sexista" dentro de las comunidades escolares.

"Debemos devolver a las escuelas la tarea de educar en una afectividad y una sexualidad adecuada", dijo.

Pese a ello, enfatizó su respeto por la presunción de inocencia de los acusados, recalcó que siguen teniendo derecho a educarse y cuestionó medidas que apunten a su expulsión, como lo anunció la alcaldesa Evelyn Matthei para alumnos de Providencia. "No resuelve nada", calificó Ávila.

Trepando por el exterior del edificio e ingresando por una ventana, tres ladrones realizaron la noche del miércoles un millonario robo a una vivienda perteneciente a la familia del excomandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile Jorge Rojas.

El atraco se llevó a cabo cerca de las 21.45 horas, cuando el otrora representante de la FACh no se encontraba en su departamento, ubicado en el segundo piso de una torre de calle Presidente Kennedy, en Las Condes, Región Metropolitana.

Quienes sí estaban eran su esposa, su hija, su yerno y dos nietos menores de edad, quienes fueron intimidados por los tres delincuentes que ingresaron al inmueble.

Según informó la PDI, los ladrones habrían amedrentado a los adultos con objetos contundentes y los habrían maniatado mientras robaban joyas, celulares y ropa, entre otras especies, huyendo con un botín avaluado en cerca de 50 millones de pesos.

La inspectora Ana Leal, de la policía civil, señaló que las víctimas presentaban hematomas por golpes que habrían recibido y uno de ellos tenía una lesión en uno de sus brazos. Los afectados mencionaron el porte de "una especie de fierro" con el que los amedrentaron, según contó Leal.

En los peritajes se hallaron cuerdas en el exterior del edificio que se cree habrían sido usadas para escalar tras saltar el cerco perimetral. Hasta ayer no había detenidos.

Diego Gotelli C. - Medios Regionales

Al completar su primera semana desde que llegó a La Moneda, el Presidente Gabriel Boric liderará hoy la firma de un proyecto para que Chile se sume al Acuerdo de Escazú, el inédito tratado medioambiental en Latinoamérica que el país en un inicio promovió pero del cual luego desistió de formar parte.

Así lo confirmó ayer el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, quien dijo en radio Futuro que este será el primer proyecto de ley que ingresará el Gobierno al Congreso, cumpliendo un compromiso de campaña.

"Para nosotros el tema ambiental es súper importante", afirmó Jackson, quien calificó de "inexplicable" la negativa del Gobierno anterior de firmar el acuerdo, pues -arguyó- existiría un apoyo "transversal" a la medida, sobre todo en los más jóvenes. "Creemos que es una señal potente en materia de las nuevas generaciones el poder avanzar en esto", señaló.

El acuerdo busca garantizar derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones del medio ambiente y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, siendo el primero del mundo en contener disposiciones específicas sobre la protección de los defensores ambientales.

Aunque Chile fue uno de sus impulsores durante el primer mandato del expresidente Sebastián Piñera, en su segunda administración se anunció el 2020 que nuestro país no lo firmaría acusando "ambigüedades" y "problemas" en su redacción, que podían significar pérdida de soberanía. "Podrían llevar a Chile a ser demandado ante cortes internacionales sin justificación", mencionó en ese entonces el exgobernante.

Una aprensión similar expresó ayer el diputado José Miguel Castro (RN), quien si bien valoró el pacto, alertó que su resolución de conflictos podría llevar a "problemas internacionales, por ejemplo, con Bolivia".

Temprano el senador Matías Walker (DC), junto a su par Alfonso de Urresti (PS) y parlamentarios de diversos partidos, pidió a La Moneda agilizar el ingreso del proyecto como "una forma de demostrar el compromiso permanente del Estado con la democracia, los derechos humanos y la sustentabilidad".