César Cárdenas Ruiz

Producto de su orientación geográfica y oceanográfica, prácticamente la totalidad de la producción acuícola del país se ha concentrado en las regiones de Los Lagos, Aysén y de forma más reciente en Magallanes, alcanzando el 98,9% de las cosechas totales durante el 2019. Es así como, en términos concesionales, de acuerdo a información del sitio Subpesca.cl, hasta el 2021 en la nuestra zona existían unas 495 concesiones otorgadas.

De forma paralela a esta realidad, justamente Los Lagos es una de las regiones con mayor superficie de áreas marinas protegidas.

Bajo este contexto, el 24 de enero pasado el Gobierno del ahora exPresidente Sebastián Piñera presentó al Senado el proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, lo que daría luz verde para que las concesiones acuícolas puedan seguir existiendo al interior de áreas marinas protegidas. Frente a este escenario fueron más de 100 organizaciones ambientales y 16 expertos, quienes además de rechazar la propuesta, acusaron al Ejecutivo saliente de enviar iniciativas de última hora que atentan contra la protección del medioambiente.

Dichas voces manifiestan la incompatibilidad del proyecto ingresado, con el que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el que fue impulsado con fuerza por el Ministerio de Medio Ambiente y las organizaciones de la sociedad civil durante estos cuatro años de administración Piñera.

"El proyecto de ley SBAP presenta al menos 10 artículos que prohíben explícitamente la realización de actividades industriales dentro de áreas protegidas, en coherencia con las directrices de la Convención de Washington, de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) e incluso de la Ley de Pesca vigente", indicó Juan Carlos Viveros, coordinador territorial del Movimiento Defendamos Chiloé.

Vergüenza

Asimismo, la fuente manifestó que "resulta realmente vergonzoso que a días de dejar un gobierno un Presidente envíe este tipo de proyectos de ley con urgencia al Congreso. Hay un amplio consenso en organizaciones de ciencia, comunidades originarias, organizaciones socioambientales, ONG, fundaciones, de que todo tipo de actividad industrial tiene que salir de las áreas protegidas, que son de enorme valor para la biodiversidad del planeta y nuestra propia supervivencia humana".

El también integrante de la organización y geógrafo, Álvaro Montaña, aseveró que si bien el Ejecutivo puede hacer uso de sus facultades hasta el último día, llama la atención que no se haya tomado en consideración la existencia de una iniciativa parlamentaria que fue apoyada por cerca de 60 organizaciones ambientales cuyo objetivo es totalmente contrario.

"Los últimos días de su segundo mandato, el Gobierno de Sebastián Piñera ingresó un proyecto de ley (boletín 14.811-21) para modificar la actual Ley de Pesca y Acuicultura, para perpetuar las concesiones de acuicultura otorgadas dentro de áreas protegidas y de aquellas que se ubiquen dentro de futuras áreas protegidas, en vez de buscar relocalizar estas concesiones en tierra o establecer un plazo para eliminarlas", enfatizó el profesional.

El activista sumó que "esta ley busca perpetuarlas, afectando con ello a actividades económicas sostenibles como la pesca artesanal, el turismo náutico y el sentido profundo de las áreas protegidas: asegurar la conservación de especies y ecosistemas amenazados por la acuicultura industrial de especies exóticas invasoras".

Por parte de parlamentarios de la zona existen opiniones disímiles sobre esta legislación. Desde el oficialismo, el diputado Alejandro Bernales (PL), enfatizó en la importancia que a su juicio tiene el poder regular la actividad pesquera, tratándose de lugares protegidos.

"En el Congreso se han abierto distintos debates en torno al cultivo de salmones. La ley de limpieza de fondos marinos y el de escape de salmones, son algunos ejemplos que se suman a este mensaje que regula la actividad cuando se trata de áreas marinas protegidas. Claramente, hay que definir bien cuáles son lugares aptos para esta actividad y cuáles no. Como región y en conjunto con todos los actores vinculados debemos abrir este debate y comprometernos con una economía sustentable con el medioambiente", dijo el legislador.

Un poco más allá fue el nuevo diputado del distrito 26, Héctor Ulloa (Ind-Ciu), rechazando categóricamente lo formulado por Piñera a principios del año en curso.

"Sin duda que ese proyecto no avanza en la línea correcta, hoy día tenemos que ser capaces de conciliar todo aspecto que parezca fundamental: uno, el cuidado y respeto al medio ambiente, y segundo la actividad económica, pero la actividad económica siempre supeditada a los límites ambientales que establezcamos en una sociedad democrática; esos estándares hay que irlos subiendo, tenemos que exigirles un mayor estándar laboral y ecológico a las empresas", advirtió.

Desde la vereda del frente, el también recién asumido diputado Mauro González (RN), abogó por la iniciativa, haciendo hincapié en que el proyecto "presenta soluciones interesantes a problemas actuales. Incorpora la definición de 'concesión acuícola sustentable' que se otorgaría por un plazo de 25 años renovables bajo un proceso de licitación, a cargo de Subpesca, que deberá tener en consideración, al menos, temas de innovación tecnológica, manejo de residuos orgánicos e inorgánicos y uso de antibióticos y antiparasitarios".

Junto con ello, el congresista fue claro al señalar que, sin embargo, resulta indispensable "evaluar y desarrollar con mayor profundidad en qué consistiría la licitación de concesiones que se plantea, su marco normativo aplicable de forma integral y la disponibilidad de espacio para ello".

Loable

Por su parte, el senador Iván Moreira (UDI), también se mostró partidario del proyecto del exmandatario. "Apunta un fin loable, como es la protección de áreas marinas protegidas. Claramente, los estándares medioambientales no son los mismos de hace una década, por lo que estoy dispuesto a estudiarlo en su mérito. Sin embargo me preocupan algunos aspectos del proyecto, por ejemplo la determinación de qué entendemos por área marina protegida, porque llevada al extremo implica la imposibilidad de efectuar una actividad legal desde Los Lagos hasta la Antártica", dijo.

Añadió que "otro tema es qué hacer con las actuales concesiones, relocalizar ha probado ser engorroso y se han dado casos de hasta 10 años de demora. Por supuesto, también me preocupa lo que pasa con los empleos directos e indirectos que dependen de esta actividad".