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Quellón: suspenden acción penal por ataque armado a estudiante

Alumno del Liceo Rayen Mapu fue formalizado por los delitos de lesiones menos graves y porte ilegal de arma blanca.
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Pedro Bárcena González

El segundo caso de violencia escolar judicializado en la provincia este año se registró ayer en el Juzgado Mixto de Quellón, donde un menor de 16 años fue encausado por dos delitos, tras protagonizar un incidente al interior del Liceo Rayen Mapu, donde un compañero de establecimiento sufrió un corte en su oreja izquierda con un cuchillo.

La aprehensión del imputado que se produjo por parte de personal de Carabineros de la Sexta Comisaría local, pasado el mediodía del martes, fue declarada legal. La orden judicial invocada para este requerimiento no derivó en alguna incidencia, en especial por el sustento probatorio existente.

Dentro del informe presentado por la Sección de Investigación Policial (SIP) de la unidad base aparecían imágenes de video donde se observa la riña entre alumnos en el recreo dentro del establecimiento, como la posterior agresión armada a uno de los intervinientes en esta gresca. A ello, se sumaron numerosas declaraciones de testigos.

Con estas pruebas, la fiscal Karyn Alegría procedió a formalizar al liceano por los delitos de lesiones menos graves y porte ilegal de arma blanca. Además, considerando que el menor tiene irreprochable conducta anterior y que es juzgado bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente pudo acceder a una salida alternativa al procedimiento penal.

La persecutora expuso que se llegó a una suspensión condicional, bajo las medidas para el encartado de "fijar domicilio y notificar cualquier cambio, la prohibición de acercarse a la víctima por el plazo de 2 años, y la sujeción al programa Proyecta Chiloé para salidas alternativas para menores infractores de ley".

A su vez, la profesional precisó que se cumplían todas las disposiciones para llegar a este término. "Se contempló que el imputado no tiene anotaciones penales pretéritas, como también la pena probable a imponer y además hay que velar por el bien superior del menor, ya que el espíritu de la Ley 20.084 dice relación con la reinserción, por lo cual lo mejor era dejarlo supeditado al control del Proyecta, que lo acompañará por dos años", acotó.

Por su parte, el defensor Daniel Fuenzalida, junto con cuestionar la formalización por dos delitos "que están subsumidos, como causar una lesión donde no se puede imputar además el porte del arma, puesto que es inherente a la comisión del otro ilícito", valoró el término jurídico al que se llegó más allá que su representado no reconoce su autoría en la agresión.

"(El estudiante) Dice que no le pasó a llevar la oreja a la víctima (con el cuchillo), recalcó que fue una discusión que venía de conflictos anteriores, que el lunes el afectado y otros alumnos lo amenazaron, incluso con armas blancas", puntualizó el jurista.

Agregó la fuente que conforme a la voluntad del adolescente y su padre, "se zanjó todo con la suspensión que en definitiva no es reconocer responsabilidad ni una condena, por lo cual era una buena salida".

Eso sí, una de las condiciones entró en la discusión, incluso sin que a nivel judicial se resolviera con claridad: la imposibilidad de acercamiento, considerando que los involucrados en el caso son compañeros de liceo.

Como esgrimió el defensor, "en la negociación previa a la audiencia se buscaba establecer la expulsión del colegio, lo cual no admitimos, puesto que no es una decisión judicial y menos cuando todavía prima la presunción de inocencia; por eso sugerimos esta prohibición de acercarse, la cual no implicaba, como señaló la magistrada (Claudia Villa), que el menor no siguiera yendo al liceo".

De esta forma, será la dirección del Rayen Mapu la encargada de velar por el cumplimiento de esta medida al interior del recinto. Eso sí, ya había advertido el titular del recinto, Francisco Serón, que se aplicará el protocolo establecido dentro del manual de convivencia escolar con las medidas de intervención correspondientes.

Visita

Bajo este escenario, se esperan por las disposición administrativas correspondientes para velar por la seguridad de los estudiantes. Una serie de acciones que estarán en la mira de la Seremi de Educación, Daniela Carvacho, quien ha estado analizando los diferentes casos de violencia escolar, como las respuestas que se pretenden aplicar por este conflicto.

Para este viernes tiene programada la personera una visita a la provincia, para conocer en terreno los alcances de estos hechos, como los otros sucedidos en Chonchi y Castro. La idea, como puntualizó, es buscar con todos actores las mejores disposiciones para abordar la problemática de una manera integral.

"El espíritu de la Ley 20.084 dice relación con la reinserción, por lo cual lo mejor era dejarlo (al menor) supeditado al control del Proyecta".

Karyn Alegría,, fiscal jefa de Quellón.

Politécnico

Otro caso de violencia escolar se sumó en las últimas horas. Se trató de una pelea entre dos estudiantes del Liceo Politécnico de Castro. Como señaló la teniente Tamara Fernández de la Segunda Comisaría de Carabineros local, "personal de la unidad llegó al establecimiento por un procedimiento de pendencia entre dos alumnos, verificando que se produjo por problemas personales entre un menor de 17 años y otro de 15, quienes fueron separados por un profesor". La oficial remarcó que ambos adolescentes fueron derivados al Cesfam Quillahue, donde se le constataron lesiones leves. "Se procedió a la detención del menor de 17 años, quien quedó apercibido bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal. Luego, ambos menores fueron entregados a sus padres", concluyó.

15 años tiene la víctima de un corte en la oreja con un arma blanca, en el Rayen Mapu.

Ladrón deberá prestar servicio comunitario por hurto en Chonchi

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A 53 horas de prestación de servicios a la comunidad fue sentenciado en las últimas horas un sujeto que protagonizó un atraco al interior de un minibús en Chonchi.

La propia víctima activó el procedimiento que dio con la captura del imputado. Como indicó el teniente Roberto Torres, jefe de la unidad de Carabineros local, la mujer señaló que "le sustrajeron especies personales en un bus que se desplazaba desde Castro hasta Chonchi. Al bajar se percató de la apertura de su mochila, faltando su portadocumentos con tres tarjetas y dinero en efectivo ($74 mil)".

El oficial remarcó que la afectada "abordó otro transporte público para seguir a la otra máquina, identificando al sospechoso que fue fiscalizado, recuperando todas las especies".

Audiencia

Por el delito de hurto fue requerido el encartado en el Juzgado de Garantía de Castro, siendo condenado a 41 días de prisión. Eso sí, como advirtió el defensor Rodrigo Zamorano, "cumpliendo los requisitos legales fue beneficiado con una pena sustitutiva de prestación de servicios a la comunidad".

Las 53 horas de trabajo no remunerado serán en favor de personas en situación de precariedad, actividades que serán coordinadas por el Centro de Reinsersión Social de Gendarmería.