Pedro Bárcena González

A un tercio de la pena que arriesgaba al inicio del juicio en su contra fue sentenciado ayer un adulto mayor, quien intentó matar a su expareja propinándole fierrazos en la cabeza. Un feroz ataque perpetrado en la villa Chiloé de la capital provincial y por el cual se encuentra privado de libertad hace casi 11 meses.

El sujeto de iniciales J. P. A. G. (71) al comienzo de la audiencia realizada ante el Tribunal Oral en lo Penal de Castro se exponía a 15 años de presidio por femicidio frustrado y a otros 3 años por desacato. Sin embargo, la sala presidida por el magistrado Rodrigo Alarcón mutó el carácter del delito principal a tentado y además lo absolvió por el otro ilícito.

De esta forma, el encartado recibió una pena de 6 años de reclusión por la agresión contra la mujer, cometida la noche del 30 de mayo del 2021. Tras una discusión, la afectada recibió al menos tres golpes con el objeto contundente, sufriendo una serie de lesiones, siendo la más grave una herida contusa de 15 centímetros en la zona frontoparietal derecha, que le causó un shock hipovolémico que la mantuvo en riesgo vital.

Los sentenciadores valoraron el testimonio de la víctima para acreditar la figura legal, calificándolo como detallado para describir "las circunstancias previas, coetáneas y posteriores en que se produjo la agresión", como también para establecer la convivencia de ambos. No obstante, determinaron que el imputado "dio principio a la ejecución del delito por hechos directos, pero faltaron uno o más para su complemento", con lo cual solo se configura la tentativa.

Bajo este escenario, el fiscal Luis Barría debió rebajar su pretensión punitiva de 15 a 10 años, resolviendo los jueces imponer una pena en la parte mínima del grado.

Más allá de esta situación, el persecutor valoró la acreditación del delito y de la intervención del acusado.

"Si bien, se condenó por femicidio, la calificación fue de tentado y no frustrado como acusó el Ministerio Público. No obstante, estamos satisfechos por decretarse una pena efectiva por la figura legal que expusimos y no por lesiones graves como pretendía la defensa", aclaró el jurista.

Recurso

Por su parte, el defensor Nelson Troncoso se mostró "medianamente conforme" con la sentencia, en especial porque se acercó a su última solicitud de 5 años y un día de presidio, luego que se desestimara la recalificación que pedía a lesiones graves.

"De los 18 años que se invocaban al inicio del juicio por los dos delitos se dictaron solo 6, lo que no constituye una pena tan alta. Aunque igual analizaremos en profundidad la resolución de los magistrados, por esta cuantía del fallo lo más probable es que no recurramos de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt", dijo el abogado.

Igualmente, el profesional detalló que a su representado se le abonarán 336 días -hasta hoy- en que ha permanecido en prisión preventiva en la cárcel de Castro por esta causa. De esta forma, en poco más de 3 años podría postular a la libertad condicional.

Eso sí, en los próximos días se debatirá en el tribunal una eventual revocación de una pena sustitutiva del 10 de noviembre del 2020 en favor del anciano por cuatro delitos de violencia intrafamiliar en perjuicio de la misma víctima. A 441 días de presidio fue condenado en esa ocasión, lo cual fue reemplazado por la remisión condicional por el plazo de 2 años.

51 años tiene la víctima que prestó declaración ante los jueces del tribunal.

En su visita a la zona, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, conoció el trabajo que se realiza en la región por parte de la Unidad de Defensa de Género. Un encuentro efectuado en la capital de Los Lagos, en el cual se presentó el equipo que lleva adelante esta innovadora iniciativa de la Defensoría Penal Pública.

Como objetivo, estos juristas asumen la representación penal de las causas en que mujeres tengan la calidad de imputadas, para focalizar las acciones de defensa técnica desde una perspectiva de género y relevando los distintos factores psicosociales que inciden en la privación de libertad, los derechos humanos de cada una de ellas y sus familias.

La secretaria de Estado calificó como "esencial" que el sistema de justicia y la sociedad, en general, comprendan que las encartadas tienen necesidades distintas.

"Cuando una mujer es privada de libertad, o cuando es sacada del entorno familiar, existe un costo no solo para ella, sino que también para el bienestar de sus hijos, hijas y familia. Sabemos que las mujeres privadas de libertad tienden a quedar más solas porque muchas veces no tienen visitas o acompañamiento, mientras que sus hijos muchas veces terminan bajo la custodia del Estado", acotó la personera.

Asimismo, la autoridad destacó este proyecto, reconociendo que "este trabajo con una mirada de género espero podamos replicarlo en otras regiones del país".

Esfuerzos

Por su parte, la defensora regional, María Soledad Llorente, precisó que la implementación de esta unidad viene a coronar una serie de esfuerzos, iniciados el 2018, por otorgar a la labor que realiza la institución un enfoque en las distintas vulnerabilidades que enfrentan las mujeres.

"Lo que nos ha manifestado la ministra confirma que la línea de trabajo que estamos desarrollando en materia de género y atención usuaria, de focalizarnos en las personas, particularmente en el contexto de la privación de libertad de mujeres, es la correcta para resguardar el respeto por la dignidad y derechos de las personas", señaló la jurista.

En tanto, el seremi de Justicia, Enrique Cárdenas, valoró esta iniciativa, remarcando que "es una posibilidad para visibilizar las particularidades de la privación de libertad de las mujeres y el impacto que esta situación tiene en sus familias".