Diego Gotelli C. - Medios Regionales

Respaldos en el oficialismo y críticas en la oposición generó el plan anunciado por el Gobierno para enfrentar la violencia en la Macrozona Sur que incluye decretar un Estado de Excepción Constitucional de Emergencia "acotado" para resguardar rutas en las provincias de Arauco y Biobío en el Biobío, y en Malleco y Cautín en La Araucanía.

La medida de reintegrar a los militares a la zona tras su retirada en marzo fue defendida ayer por el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, quien explicó que optaron por el decreto usado en el Gobierno anterior ante la falta de apoyo que recibió la idea de un nuevo "Estado Intermedio" que promovía La Moneda, propuesta que, reconoció, no tenía los votos para avanzar en el Congreso, instancia a la que nunca ingresó.

"Queríamos dar una señal como Ejecutivo de que queríamos actuar rápido, por eso hemos generado un decreto lo más acotado que nos permite la legislación, para poder cumplir con esta garantía de seguridad en la zona", dijo. Añadió que la medida será "excepcional" y no la quieren "extender en el tiempo".

El decreto firmado por el Presidente Gabriel Boric establece que el Estado de Excepción deberá brindar "protección de rutas" en las zonas donde regirá, garantizando su libre tránsito y seguridad. Ello, pues el documento constata que en el último tiempo aumentaron los actos violentos en rutas que han puesto en peligro la vida de las personas, y se han registrado cortes de carreteras que obstaculizaron la cadena de suministros.

De hecho, ayer desconocidos derribaron un árbol en la Ruta R-35 de Collipulli, que cayó sobre una camioneta en que viajaba un padre y su hija, que resultaron ilesos.

Para conseguir la protección se nombró como jefes de la Defensa al general del Ejército Edward Slater en La Araucanía, y al contralmirante de la Armada Jorge Parga en el Biobío, quienes tendrán siete atribuciones especificadas en el decreto, que incluyen autorizar reuniones en espacios públicos y controlar la entrada y salida de las zonas en Estado de Excepción.

Por la tarde, Contraloría autorizó el decreto, que luego publicó el Diario Oficial.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que en La Moneda no ven como un "retroceso" el recurrir a esta medida, pues afirma que siempre la mantuvieron como opción mientras se intentaba avanzar con el "estado intermedio", que no prosperó.

Ayer, sin embargo, revista Ya publicó una entrevista concedida por la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, antes del anuncio, en la que criticó la figura del Estado de Excepción. "No es la solución para el Wallmapu", tildó, sumando que ese tipo de medida contempla "coartar un montón de libertades" y "estar dispuesto" a que haya muertes. En la declaración, no obstante, precisó que era necesario "cuidar las carreteras principales y las más conflictivas".

Reacciones divididas

En las coaliciones de Gobierno, desde el PPD respaldaron la decisión del mandatario, aunque aseveraron haber preferido la alternativa que se trató de impulsar sin éxito en el Congreso. Mientras que en el PC, partido cuyos parlamentarios mostraron reparos con aquel "Estado Intermedio", consideraron una "buena" opción la aplicación del Estado de Excepción acotado.

"Va a ser eficaz. Seguramente no va a ser la solución total, pero para empezar es un gran paso", consignó el timonel comunista Guillermo Teillier, quien valoró la inclusión de medidas adicionales.

El plan considera además aumentar el presupuesto de la Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) para la compra de tierras, impulsar la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas, destinar $400 mil millones para inversión pública en ambas regiones, y un mecanismo de diálogo con el apoyo de la ONU (Organización de Naciones Unidas).

"Es una respuesta más completa", destacó el senador de la DC y exintendente de La Araucanía Francisco Huenchilla, quien apuntó a Emol que la propuesta incluyó sugerencias que le hizo al Presidente.

En la oposición y gremios de la zona valoraron que se optara por aplicar un Estado de Excepción Constitucional que pedían hace semanas, pero criticaron la tardanza en su anuncio.

"Es una decisión que era indispensable", enrostró el senador de la UDI Juan Antonio Coloma. "Hizo perder tiempo valioso para enfrentar la violencia", añadió el presidente de la CNTC (Confederación Nacional del Transporte de Carga), Sergio Pérez.

Asimismo, desde Vamos por Chile cuestionaron que se limite el actuar militar solo a las rutas y exigieron que se amplíe el patrullaje a territorios interiores, además de cubrir sectores de Los Ríos y Los Lagos donde, afirman, se desplazan los delitos cuando interviene el Ejército. "Las Fuerzas Armadas recorriendo carreteras no va a solucionar nada", repudió el diputado de la UDI Henry Leal. "Es un Estado de Excepción con letra chica", añadió el presidente de RN, Francisco Chahuán.

Su correligionario, diputado Miguel Mellado, apuntó al PC de exigir el patrullaje de rutas "para ir contra los camioneros, no contra los terroristas", en alusión a los paros de transportistas que han cortado vías exigiendo mayor seguridad para el rubro.

Uno de los grupos que ha realizado paros ha sido el de contratistas forestales, gremio que destacó que el Gobierno cumpliera "dentro de los plazos" el acuerdo alcanzado de seguridad en rutas.