Leo Riquelme - Medios Regionales

Por unanimidad de los presentes, la Cámara de Diputados aprobó ayer y dejó lista para convertirse en ley el proyecto de reajuste de salario mínimo, que subirá a 380 mil pesos ahora y a 400 mil pesos a partir del 1 de junio. Hoy asciende a $350 mil.

Junto con festejar el resultado, que fue fruto de una negociación entre el Gobierno, los trabajadores, los empresarios y parlamentarios, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, dijo que comenzaría a regir desde los sueldos a pagarse a fin de mes.

La iniciativa incluye un inédito fondo fiscal para micros y pequeñas empresas con ventas anuales de hasta 100 mil UF (unidades de fomento), que recibirán recursos para poder pagarle a los trabajadores el incremento. Grau sumó que el sitio de inscripción estará habilitado en junio en el Servicio Impuestos Internos (SII), donde la solicitud será tramitada de forma automática y los pagos retroactivos a mayo.

La ministra del Trabajo, Fomento y Turismo, Jeannette Jara, fue clave en las negociaciones e indicó que el reajuste beneficiará a 850 mil trabajadores que reciben el sueldo mínimo, de los cuales 350 mil son mujeres.

Además, de verificarse un IPC (Índice de Precios al Consumidor) acumulado a 12 meses superior al 7% a diciembre de 2022, el ingreso se elevará a $410 mil en enero de 2023.

La tramitación incluyó la aprobación de un aporte mensual por el concepto de Canasta Básica Protegida (CBP), que busca compensar el alza en el costo de la vida.

La iniciativa original consideraba su pago a través de Asignación Familiar y Maternal y el Subsidio Único Familiar (SUF), y a quienes sean parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades y de Chile Solidario.

Ellas recibirán $6.410 por carga en base a lo que se había encarecido la canasta básica de alimentos en marzo, que en julio subirá a $7.342 por el alza proyectada en sus productos. Por lo mismo, esta variará mensualmente y se pagará hasta abril de 2023.

Según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, lo anterior lo recibirán 1,7 millones de familias, con 3,2 millones de personas consideradas cargas en nuestro país.