Pedro Bárcena González

Tras una indagatoria desjudicializada que se extendió por más de dos meses, una mujer fue detenida durante el mediodía de ayer en la localidad de Compu, comuna de Quellón, por su eventual responsabilidad en el delito de microtráfico de sustancias ilícitas. Desde su domicilio se incautaron 372 gramos de marihuana elaborada.

Personal de la Sexta Comisaría de Carabineros local recibió la orden de indagar este caso, luego de antecedentes notificados ante sus pares de la Segunda de Castro. La denuncia vinculaba a la pobladora de este sector rural como infractora de la Ley 20.000.

Las diligencias que comenzaron la tercera semana de marzo incluyeron trabajo de inteligencia policial, hasta concretar este viernes el operativo a la altura del kilómetro 1.240 de la Ruta 5 Sur.

Dispositivo

De acuerdo a lo indicado por el mayor Iván Ulloa, jefe de la unidad base quellonina, en el dispositivo se logró sacar de circulación la carga de Cannabis sativa, como también una pesa digital que estaría destinada a la dosificación de la misma.

"Personal de la SIP (Sección de Investigación Policial) se encargó de las diligencias por este caso, luego de la denuncia respectiva. Se trasladaron los funcionarios a este sector, encontrando en cajas y frascos la sustancia, que ante la prueba de campo respectiva arrojó coloración positiva para la cannabis", reportó el oficial.

Los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público. Como instruyó la fiscal Karyn Alegría, la imputada de 44 años tras su detención preliminar "fue dejada en libertad y apercibida al articulo 26 del Código Procesal Penal, por motivos de salud".

Según fuentes de la indagatoria, la encartada habría señalado que padece diversas enfermedades, como fibromialgia, ante lo cual emplearía la hierba para el control de sus dolores. Un antecedente que será analizado, como también las eventuales autorizaciones para cultivar o consumir la sustancia acorde a la normativa.

Asimismo, la persecutora aclaró que se fijó una audiencia para este lunes 30 de mayo ante el Juzgado Mixto de Quellón, en la cual se procedería a encausar la investigación contra la imputada, quien mantiene irreprochable conducta anterior.

Pedro Bárcena González

Con una salida judicial alternativa finalizó una causa por las amenazas de muerte que recibió en las últimas horas el encargado de un servicentro, ubicado en la entrada norte de la ciudad de Castro. Incluso, la víctima fue intimidada con un armamento por el sujeto que posteriormente fue detenido por Carabineros.

El ilícito se enfocó en la bencinera Copec, emplazada en la Panamericana Sur, donde el imputado se encontraba vendiendo plumillas a los conductores que llegaban al lugar. La víctima le indicó que no podía estar en el recinto, ante lo cual recibió una desafiante respuesta.

Según fuentes del caso, el joven sacó una pistola de su bolso para amedrentar al afectado, tras lo cual huyó de la estación de servicio. De inmediato, se concretó la denuncia ante la Segunda Comisaría local, llegando una patrulla al sitio del suceso para recabar los antecedentes respectivos.

Desde las cámaras de seguridad del recinto, se levantó información y las características del sospechoso, con las cuales se inició una fiscalización que permitió ubicar a esta persona en las cercanías del Mall Paseo Chiloé.

Tras ser sometido a un control de identidad y no contar con su identificación, el encartado fue remitido al cuartel policial donde se revisaron sus pertenencias, hallando en el bolso un arma, 3 municiones y un cargador.

Audiencia

La aprehensión del imputado de iniciales L. A. R. C. (33) no fue incidentada, así que fue declarada ajustada a derecho por la magistrada Jésica Yáñez en la audiencia realizada ante el Juzgado de Garantía de Castro.

En la ocasión, la fiscal (s) Carmen Paz Vargas formalizó al encartado por el delito de amenazas simples. Eso sí, se aguardó hasta último minuto para tener los antecedentes de la pistola, que finalmente resultó ser a fogueo, por lo cual no fue encausado por la Ley de Control de Armas.

Asimismo, como enfatizó el defensor Nelson Troncoso, su representado reconoció el incidente con el encargado del servicentro y ante la gravosidad del ilícito accedió a un acuerdo reparatorio.

"Las condiciones son la prohibición absoluta de acercarse a la víctima, su domicilio como lugar de trabajo, además se dispuso el comiso y destrucción del arma, como de las municiones y el cargador", detalló el abogado sobre el término judicial que calificó como "favorable", considerando que el santiaguino tiene condenas anteriores por robo con violencia, robo en bienes nacionales de uso público y consumo de sustancias ilícitas.

Finalmente, la sentenciadora determinó un plazo de observación de un año. El sobreseimiento definitivo estará supeditado al cumplimiento del acuerdo.