D. G. C. - Medios Regionales

El lunes el Gobierno dará a conocer su decisión sobre si extiende y en qué condiciones el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia aplicado desde la semana pasada en cuatro provincias del Biobío y La Araucanía para el resguardo de las rutas.

Así lo informó ayer la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, al concluir una reunión en La Moneda en la que se analizó las medidas para enfrentar la violencia en la Macrozona Sur. "Hemos realizado una serie de recomendaciones al Presidente (Gabriel Boric), las cuales han sido acogidas", adelantó la médica.

La cita estuvo marcada por cuestionamientos que recibió la jefa de gabinete tras referirse al crimen del trabajador Segundo Catril, asesinado el martes en una emboscada en Lumaco.

"Es de la máxima gravedad. No habíamos visto un atentado directo hacia civiles como vimos esta semana", sostuvo temprano la autoridad, antes de anunciar que se querellarían por Ley de Seguridad del Estado por este hecho y otro ataque registrado aquel día contra una base de Carabineros.

Sus dichos fueron cuestionadas por la oposición, desde donde la acusaron de desconocer otros crímenes ocurridos en la zona.

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"Esto ratifica que muchas veces las víctimas civiles han sido invisibles para la coalición que ahora gobierna", expresó a Emol su antecesor Rodrigo Delgado (UDI). "Los ataques directos a civiles son permanentes y cotidiano", añadió el presidente de RN, senador Francisco Chahuán.

Por su parte, el líder de Republicanos, José Antonio Kast, enumeró ocho personas muertas en la zona entre el 2013 y el primer trimestre de este año. "Para que los recuerde", tuiteó el expresidenciable.

Entre los reproches también hubo algunos rostros del oficialismo, como el senador Fidel Espinoza (PS).

Pasado el mediodía la ministra aclaró que "en estos meses, como Gobierno", no habían visto un ataque como el de Lumaco, y que, "por supuesto, tenemos presentes a las decenas de víctimas del conflicto".

Luego, en La Moneda llamó a que les "permitan trabajar". "La cuña sacada de contexto no soluciona ni colabora en nada en los grandes desafíos que tenemos como país", cerró.

Con un bus del transporte público quemado y enfrentamientos con la policía culminó ayer una marcha convocada por estudiantes secundarios y universitarios en Santiago.

La movilización partió pasadas las 11:00, con concentraciones en Plaza Italia y frente al GAM.

Tras minutos de protestas en que se vociferaron consignas alusivas a elevar el saldo de la tarjeta Junaeb, garantizar entornos seguros en los establecimientos y una educación "no sexista", comenzaron disturbios y Carabineros alertó que encapuchados preparaban objetos incendiarios.

Entre los desmanes, una micro fue quemada en la esquina de Cumming con Alameda, frente al Liceo de Aplicación. A pasos del lugar el jueves otro bus fue atacado con elementos contundentes, mientras que el lunes un microbús eléctrico fue incendiada en el sector.

Testigos citados por radio ADN afirmaron que ayer fueron una quincena de encapuchados los que hicieron parar la micro, bajaron a los pasajeros y lanzaron una bomba molotov. Carros lanzaaguas de Carabineros trabajaron en apagar el fuego en la máquina.

Este viernes el jefe metropolitano de Carabineros, general inspector Enrique Monrás, abordó las investigaciones por los recientes hechos de violencia cerca de liceos liderados por personas con overoles blancos, y afirmó que en esos grupos además de estudiantes han detectado presencia de adultos y de sujetos que "dirigen a estos jóvenes para realizar estas acciones".

Con 150 policías desplegados en la Región Metropolitana, un operativo de Carabineros dejó a 243 personas arrestadas en un día.

La estrategia se activó a las 10 horas del jueves, cuando equipos de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) se dedicó a ejecutar órdenes judiciales pendientes, deteniendo a sujetos que debían ser puestos ante la justicia.

Así, con un trabajo coordinado entre las unidades de la capital, se logró detener a 146 buscados, además de otros 97 que fueron sorprendidos en flagrancia cometiendo algún delito. Esto a raíz de más de 3.500 controles y fiscalizaciones realizados tanto a peatones como a vehículos.

Desde Carabineros señalaron que además se incautaron cuatro kilos de drogas en un allanamiento, además de 13 armas y 11 vehículos robados.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, destacó la labor policial y aseguró que "vamos a seguir trabajando en torno a reducir el poder de fuego, a traer más paz y seguridad a nuestras ciudades y comunidades".

En la actividad la jefa de gabinete también respaldó a la institución luego que la Fiscalía informara que dos carabineros están como imputados en una investigación de tráfico de municiones, a los que se les acusa de enviarse entre ellos balas de guerra a través de encomiendas.

Si bien Siches manifestó que el caso es "gravísimo", señaló que "no empaña la institución de Carabineros".