Plan de

Como toda nueva medida de gobierno, el anuncio de mayor dotación de Carabineros para diecisiete comunas del país ha tenido diversas reacciones. En lo principal, este incremento de funcionarios policiales se ejecutará en doce comunas de la Región Metropolitana, mientras que solo cinco comunas de otras regiones serán las beneficiadas. Así, lo más al sur que llegará el mencionado refuerzo será a la ciudad de Concepción.

No está en discusión lo positivo de la medida, urgente por cierto, debido a los problemas que viene enfrentando la seguridad pública en el territorio nacional, no obstante, son los criterios de elegibilidad que determinaron sean esas 17 comunas y no otras, lo que ha abierto rencillas entre las cabezas de los municipios, quienes aluden a preferencias de corte político. En tanto, varias autoridades regionales han aplaudido la iniciativa, mientras que la ministra Siches ha puesto paños fríos, indicando que este plan de refuerzo a la seguridad será dinámico y que incluirá nuevos apoyos. Lo cierto es que en palabras de la propia ministra, las ciudades elegidas fueron definidas en conjunto a Carabineros, sobre la base de distintos criterios de demanda policial, entre los que destacan número de controles, cantidad de reportes al 133, la suma de detenciones o la superficie de la comuna.

Sin embargo, dadas las actuales circunstancias, el descontento resulta lógico entre las comunas no consideradas en el plan. No debemos perder de vista que la percepción de inseguridad ha incrementado dramáticamente y por ello, es necesario realizar esfuerzos mayores que signifiquen tranquilidad en todo el territorio nacional. No hay espacios para centralismos en lo que a seguridad pública se refiere, porque los delitos no están concentrados únicamente en la capital del país, también se ha dejado sentir con fuerza en las demás regiones, los hechos delictivos han ido mutando y con ello han abarcado todas las provincias.

Sin ir más lejos, en Chiloé, los delitos asociados al tráfico de drogas han tendido al alza, el ingreso de sustancias ilícitas a la Isla se ha vuelto más frecuente incluso en plena pandemia. Es más, en nuestras comunas ya es posible identificar zonas "rojas", lugares de compra y venta, sitios de alta circulación de estupefacientes en donde la baja dotación de efectivos policiales comunales hace titánica la tarea de control o fiscalización, especialmente si pensamos en los puntos de acceso a nuestro Archipiélago.

¿Qué hacemos entonces? Entregar mayores facultades a los municipios en torno a la seguridad pública, es una de las aristas que varios ediles sostienen. Personalmente, considero que si ello viene acompañado de una potente inyección económica a las alicaídas arcas municipales, recursos humanos y técnicos e identificación de las realidades comunales, podría resultar. Pero, como temo que esto no ocurrirá, hablar de traspaso de competencias en materia de seguridad y resguardo se vuelve prácticamente inviable y nada sostenible en el tiempo, es más, me atrevo a asegurar sería tan desastroso como cuando se le otorgaron facultades sobre salud y educación a los gobiernos locales.

La discusión en torno a la seguridad pública está recién comenzando, lo que veremos en los próximos meses serán muchos intentos con resultados inciertos, porque avanzar en la línea correcta es y seguirá siendo un desafío. Lo que debemos tener claro es que el foco debe ser prevenir y atacar el delito generando espacios más seguros, a esta tarea los municipios si estamos convocados.

"Sin ir más lejos, en Chiloé, los delitos asociados al tráfico de drogas han tendido al alza, el ingreso de sustancias ilícitas a la Isla se ha vuelto más frecuente, incluso en plena pandemia. Es más, en nuestras comunas ya es posible identificar zonas 'rojas', lugares de compra y venta, sitios de alta circulación de estupefacientes en donde la baja dotación de efectivos policiales comunales hace titánica la tarea de control o fiscalización, especialmente si pensamos en los puntos de acceso a nuestro Archipiélago".

Carlos Gómez Miranda, alcalde de Ancud