Diego Gotelli C. - Medios Regionales

Sensaciones de dulce y agraz dejó entre los asistentes al Congreso Nacional la primera cuenta pública realizada ayer por el Presidente Gabriel Boric, en la que definió su hoja de ruta para los próximos años.

Entre los parlamentarios de su sector hubo valoraciones positivas al acento puesto en los derechos humanos y la "reparación" post estallido social, tema que se tomó la parte inicial del discurso de más de dos horas del mandatario.

Asimismo, en el oficialismo valoraron que se pusiera plazo para el 2023 presentar el proyecto de condonación del CAE (Crédito con Aval del Estado), aunque el diputado del PS Juan Santana pidió que antes se impulsara una iniciativa para frenar los pagos para quienes no pueden hacerlo. "La crisis económica, el precio de los alimentos y las deudas agobian a estudiantes y sus familias hoy", recalcó.

Más críticos fueron en la oposición, donde acusaron una falta de medidas relacionadas a la seguridad y recriminaron que no se utilizara la palabra "terrorismo" al aludir a los hechos de violencia en la Macrozona Sur.

"La principal preocupación que tienen los chilenos es seguridad y el Presidente Boric no ha anunciado ningún proyecto adicional", manifestó el timonel de RN, senador Francisco Chahuán. "Me faltan anuncios concretos (...) Acá no basta con los simbolismos y con la poesía", añadió el presidente de la UDI, Javier Macaya.

En la misma línea la senadora de la DC Ximena Rincón apuntó a una falta de "audacia" del mandatario para abordar la seguridad como "tema número uno en la agenda" y aseguró que parte de los anuncios que hizo ayer en la materia las rechazó siendo parlamentario, sin precisar cuáles.

Desde el Ejecutivo negaron haber omitido la seguridad en la cuenta, pues afirman que de las 102 medidas y proyectos anunciados, una veintena tienen relación con la materia.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, señaló que varias de ellas no son legislativas sino que operativas y ya están en desarrollo, como el plan "Buen Vivir" para la Macrozona Sur que incluye un Estado de Excepción Constitucional de Emergencia vigente, y la intervención policial en barrios comerciales como Meiggs, que, aseguró, se replicará en 10 regiones y 12 estaciones del Metro de Santiago.

Otro de los temas que generó dudas en la oposición fue el anuncio de avanzar a una prohibición total de armas en manos civiles, materia en que el presidente de Republicanos, Rojo Edwards, sugirió que se enfoque en controlar las armas de origen ilícito.

"Si uno quiere desarmar al terrorismo no va a quitarle las armas a las personas que quieren protegerse. El enfoque no está bien", respondió el jefe de bancada de diputados de RN, Andrés Longton.

Lejos de las críticas, el anuncio que mayor respaldo obtuvo en el Parlamento fue la decisión de avanzar en el tren Valparaíso-Santiago, medida que fue recibida entre aplausos en el Congreso. El senador Chahuán, quien por años ha promovido la iniciativa de transporte, agradeció al Presidente que acogiera su pedido.

Diálogo y gradualidad

Entre los diversos gremios del país hubo valoración por los anuncios sectoriales, pero preocupación por la implementación de reformas.

Desde la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) pidieron "gradualidad y flexibilidad" en el proyecto para rebajar la jornada laboral a 40 horas, a fin de no introducir más costos a un sector golpeado por la caída de ventas. El presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, añadió que antes de ese proyecto se debería trabajar en la productividad laboral de los trabajadores de pymes.

Por su parte, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, lamentó que el Gobierno fijara el próximo ingreso al Congreso de la reforma tributaria.

"Pensé que eso iba a significar un período de diálogo más profundo prelegislativo", aseveró el líder del empresariado.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que para la reforma ha habido un diálogo técnico en el que han estado "decenas de expertos" de organizaciones de trabajadores, de empleadores y de pymes, en el que los empresarios, aseguró, también han participado. "Ha sido un proceso bien extenso y además inédito", consignó.

Critican transmisión

Ayer por la tarde el senador y jefe de bancada de la UDI, Iván Moreira, reclamó contra la cobertura de la cuenta pública, acusando un intento por dañar su imagen.

Su queja se debió a que durante la ceremonia, cuando el Presidente Boric hablaba de corrupción y anunciaba una estrategia nacional de integridad pública, las cámaras de la transmisión oficial del evento que se envían a los canales de televisión enfocaron al senador de la UDI, clip que se viralizó por redes sociales por usuarios que recordaron su vinculación con el caso Penta, del cual fue sobreseído.

"El director de esa transmisión se preocupó, cuando hablaba el Presidente, en tratar con mi imagen de hacerme un símbolo, dañando mi imagen", señaló el senador, quien culpó directamente a Boric y sus asesores, acusando una "persecución política".

El parlamentario ingresó una queja ante la secretaría del Senado a fin de que sea elevado al Gobierno. El presidente de la corporación, Álvaro Elizalde (PS), respondió que se informó del caso al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, y evaluarán si realizan un reclamo formal.