Diego Gotelli C. - Medios Regionales

"Es uno de los delitos más brutales al que he asistido en 22 años de carrera". Así definió el fiscal de Alta Complejidad Pablo Sabaj la investigación que lidera por la muerte de un niño de 3 años, quien ayer falleció tras haber sido "torturado" por casi dos semanas en su hogar, según dijo el persecutor.

El caso quedó al descubierto la madrugada del miércoles, cuando una mujer junto a su pareja llegaron al SAPU de Padre Hurtado con el hijo de ella malherido. Aseguraron que se había caído, pero el personal médico detectó heridas que no eran compatibles con dicha versión y alertaron a la policía de un posible maltrato. Por su gravedad el niño fue derivado al Hospital Félix Bulnes, donde agonizó hasta las 00.50 horas de ayer, cuando murió por las lesiones.

El comisario Gabriel Alarcón, de la Brigada de Homicidios de la PDI, contó que el niño tenía heridas en la cabeza, el rostro, el tórax y sus extremidades. "Una caída no guarda relación con la cantidad de lesiones que presenta", sostuvo.

La madre y el padrastro del pequeño, que llevaban cuatro meses de relación, fueron detenidos. Según la Fiscalía, él le habría propinado golpizas al menor durante al menos 10 días, episodios que incluyeron agresiones físicas, golpes en sus genitales, ducharlo con agua helada como castigo por orinarse, amarrarlo de pies y manos a su cama toda una noche y encerrarlo por días en su habitación.

Por tales actos fue formalizado por homicidio con alevosía y ensañamiento, toda vez que se apunta a la seguidilla de maltratos como la causa de muerte del menor.

Mientras que la madre enfrentó cargos por parricidio por omisión, al afirmarse que fue testigo de todo, siendo incluso alertada por el propio infante, pero no lo evitó. "Ella debió y pudo actuar, pero decidió no hacerlo", recalcó el fiscal en la audiencia, quien aseguró que la madre pudo dejar al niño al cuidado de su abuelo, donde estuvo viviendo dos meses antes de morir.

La defensa de la mujer afirmó que no lo hizo por temor a su pareja, quien -aseguró- también la agredía aun estando embarazada, ataques que no fueron denunciados. El abogado del aludido, en tanto, postuló que las agresiones que le propinó al niño fueron "correctivos" y no tuvieron una intención homicida. Sus excusas fueron desestimadas por el tribunal, que ordenó la prisión preventiva de ambos.

Tras ocho meses de investigación, la Policía de Investigaciones concretó ayer un megaoperativo para desarticular bandas vinculadas al tráfico de droga y de armas en la población La Victoria.

Fueron más de 300 los funcionarios policiales que se desplegaron para copar distintos puntos de la zona sur de la Región Metropolitana, especialmente focalizados en aquel sector de la comuna de Pedro Aguirre Cerda donde habían ubicado a agrupaciones buscadas por varios delitos, entre ellos realizar disparos injustificados y hacerse pasar por policías para delinquir. Varios eran buscados por la justicia con órdenes de arresto vigentes.

"Son organizaciones que son las que producen la violencia dentro de la población (...). Los que generan la sensación de inseguridad en los vecinos, quienes son las víctimas de las mal llamadas balas locas y de la violencia que producen los grupos de narcotraficantes", señaló el fiscal Héctor Barros.

El despliegue de detectives comenzó cerca de las 5 de la madrugada y tras allanar 41 casas lograron la detención de 23 personas, además de incautarse armas y drogas.

El alcalde Luis Astudillo valoró la intervención, pues dijo que la inseguridad que causan las bandas ligadas al narcotráfico ha afectado a colegios cercanos y a consultorios, donde se han producido actos criminales. "Tenemos una población bastante preocupada", agregó la autoridad independiente.

El cuerpo sin vida de un hombre de unos 30 a 35 años fue encontrado ayer en un operativo hecho para desarticular una peligrosa banda radicada en el cerro El Chuño de Arica.

Personal de la PDI entró a 23 viviendas de una toma donde halló armas, municiones y granadas, además del cadáver enterrado.

Desde la policía señalaron que el cuerpo tendría una data de muerte que supera el mes, y el fiscal regional Mario Carrera precisó que fue encontrado cerca de una vivienda que la agrupación utilizaba como "casa de tortura".

La banda, llamada Los Gallegos, es apuntada de cometer delitos de tráfico de drogas, armas y homicidios, y también se investiga si han tenido relación con algún secuestro extorsivo.

La indagatoria concluyó que han tenido operaciones en Perú y ciudades de Centroamérica, y que tendrían vínculos con el temido cartel venezolano "Tren de Aragua".

Once de los miembros de la banda fueron detenidos en el operativo. Entre ellos hay chilenos y venezolanos.

El fiscal señaló que la organización se caracteriza por su actuar violento y por exhibir "señales" para mostrar su poderío, como por ejemplo dejar cuerpos torturados o quemados en lugares de fácil acceso para amedrentar a otras bandas; o aplicar drásticas sanciones contra los miembros que no cumplan con lo que los líderes esperan, cuyos cadáveres son escondidos.

Esto último, teorizó, le podría haber ocurrido a la víctima hallada ayer. "Se preocuparon que no fuera encontrado", mencionó el fiscal, quien cree que incluso podría haber sido enterrado con vida.