El Presidente Gabriel Boric contó ayer que conversó con el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, sobre el comportamiento del Gobierno ante el plebiscito de salida para una eventual nueva Constitución, prescindencia que fue puesta en duda recientemente por una reunión con dirigentes del Partido Socialista en La Moneda, en la que el diputado de esa colectividad Leonardo Soto manifestó que era para coordinar acciones del Apruebo, algo de lo que luego se retractó.

El mandatario aseguró que se cumplirá con el deber de informar sobre el proceso, "respetando los dictámenes de Contraloría".

Boric enfatizó en un foro de la Asociación Chilena de Municipalidades que Bermúdez le reconoció que él, los alcaldes y las autoridades son "personas políticas" y, por ende, tienen derecho a tener una opinión, "y esa opinión no puede ser acallada".

"La prescindencia que exige Contraloría, en buena hora y que está bien, dice que 'no podemos utilizar recursos públicos para favorecer una u otra opción'. Y eso hay que cumplirlo a raja tabla y está bien que se fiscalice, porque ambas opciones son legítimas y porque nuestro deber en uso de recursos públicos del Ejecutivo es informar, pero cada uno tiene derecho a expresar su opinión política también e incluso, afuera del horario laboral, a manifestar y movilizarse por ella", agregó el jefe de Estado.

Boric añadió que es un deber del Gobierno informar sobre el proceso constitucional, una labor en la que a su juicio también pueden incorporarse los municipios, algo en entredicho luego que Contraloría abriera sumarios administrativos en Maipú, Cerrillos, Cerro Navia y Quinta Normal, todos de la Región Metropolitana, por eventuales vulneraciones a los protocolos de prescindencia.

"Nosotros necesitamos comunicar el proceso e incentivar la participación, entonces tenemos como un mandato legal", defendió al respecto en radio Pudahuel la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo.

Leo Riquelme - Medios Regionales

Unas 50 grúas vehiculares y automóviles se apostaron ayer alrededor de la Plaza Italia, en el centro de Santiago, al que llegaron para protestar en contra del alto precio de los combustibles, que ayer tuvo un incremento de 12 pesos. Otras manifestaciones se vivieron en otros puntos del país, como ocurrió en Puerto Montt y Calbuco, en la Región de Los Lagos.

"No podemos soportar más abusos, el alza de los combustibles se hace insostenible", dijo a radio Bío-Bío el vocero de Grúas Unidas de Chile, Bastián Campos.

"Esto afecta el bolsillo de todos los chilenos, tengan o no tengan auto", añadió el vocero de Automovilistas Furiosos, Patricio Acosta.

Los dirigentes demandan al Gobierno que haga una contención mayor de las fluctuaciones, que hoy dependen del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). Según el Ejecutivo, sin este la gasolina debería estar por sobre los 1.600 pesos.

Los manifestantes también exigen el fin del impuesto específico, que hoy asciende a unos 400 pesos por litro, que es casi lo mismo que subvenciona el Estado a través del Mepco.

La idea de los organizadores era protestar en una caravana que los llevara desde la Alameda a la Ruta 68, pero ante la falta de permisos de las autoridades optaron solo por ir a dejar una carta a La Moneda para expresar sus demandas y solicitar la apertura de una mesa de diálogo para buscar soluciones al problema.

"No vamos a quemar neumáticos ni vamos a tirar piedras", aseguró Acosta.

El encarecimiento de los combustibles es un problema global que en Chile empeora porque importa casi la totalidad del petróleo que consume, insumo que adquiere en dólares, cuya tendencia alcista augura que los incrementos de las bencinas continuarán por varios meses.

Ayer, la divisa mantuvo su tendencia alcista y llegó a cotizarse a las 12.49 horas a un récord de 1.060 pesos, 49 más que en el cierre del miércoles, cuando además el Banco Central subió la tasa de interés a 9,75%. La jornada cambiaria cerró a históricos 1.048,50 pesos.

En ello incidió la nueva caída que tuvo el precio del cobre, en la Bolsa de Metales de Londres, Reino Unido, donde se transó a US$3,273 la libra, es decir, un 0,70% menos que en la víspera.

Luego de una nueva reunión para discutir los efectos que ha tenido el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en cuatro provincias del Biobío y La Araucanía, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, descartó extender la medida a las regiones de Los Ríos y de Los Lagos, como solicitó la Multigremial del Sur y parlamentarios de centro derecha.

"Hemos analizado los datos y cuantitativamente no hay un aumento muy significativo en los hechos de violencia, pero comprendemos la preocupación", aseguró la jefa de gabinete tras una reunión con militares y policías.

El Estado de Excepción de Emergencia, denominado "acotado", en la Macrozona Sur regirá por 15 días más, luego que el Congreso avalara la extensión del patrullaje militar que rige desde mayo.

En la tramitación legisladores pidieron prolongarla a otras regiones, a lo que Siches dijo que se analizaría. Ayer comentó que "hemos estado evaluando los hechos que han ocurrido en Los Ríos y en Máfil y esperamos aumentar los puntos de control por parte de Carabineros, como también tener un informe más detallado de las distintas instituciones".

Su postura fue criticada por parlamentarios locales. "La ministra está completamente desconectada de la realidad", tildó la senadora de RN María José Gatica.