César Cárdenas Ruiz

Garantizar regímenes tributarios diferenciados, políticas públicas específicas y leyes especiales, resguardando el derecho al desarrollo de las localidades, es el fin que persigue un proyecto de reforma constitucional destinado a "Territorios Especiales", moción patrocinada por los senadores Karim Bianchi (indep.), David Sandoval (UDI) y Ximena Órdenes (indep.), el cual busca modificar la Carta Fundamental en los aspectos antes mencionados. Una iniciativa que gatillaría beneficios para Chiloé.

Justamente Bianchi, representante en la Cámara Alta de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, señaló que esta idea nace en razón a que la propuesta de nueva Constitución no otorga la calificación de "Territorio Especial" a ciertos lugares que, por su naturaleza, requieren de un tratamiento jurídico diferenciado.

Remarcó el parlamentario que, por ejemplo, comunas de la zona que representa están atrasadas en materia de desarrollo, de inversión pública, de legislación diferenciada y de políticas que propendan un crecimiento igualitario. A ellas se unen otros territorios como el Archipiélago, Cochrane o Cabo de Hornos, que han sido rezagados y excluidos de la discusión constitucional.

"Esto surge de una molestia que se elevó en Magallanes y Tierra del Fuego, ya que uno de los compromisos de los constituyentes nuestros era establecer como territorio especial algunos lugares; nosotros esperábamos que estas condiciones de territorios especiales aislados, se les entregara, no diría que beneficios, pero sí condiciones que puedan igualar a veces, o mejorar las condiciones que existen en materia tributaria, políticas públicas", detalló.

Sumó el congresista que "esto quedó establecido en el texto borrador de Constitución, pero fue bastante excluyente".

Garantía

En virtud de lo anterior, es que el político puntarenense explicó que se ha propuesto una reforma constitucional que pretende agregar un nuevo derecho o garantía fundamental al listado del artículo 19 de la Carta Magna, a fin de consagrar la protección, desarrollo y crecimiento de los ciudadanos que residen en 'Territorios Especiales'.

De este modo el Estado, por mandato constitucional, debería hacerse cargo de forma prioritaria de aquellas áreas que, por su naturaleza, ven afectadas sus posibilidades. "Está (considerado en el texto) Isla de Pascua, Juan Fernández, pero queda todo el resto fuera", recalcó la fuente.

En el caso particular de Chiloé, Bianchi fue enfático: "Es la segunda isla más grande de Sudamérica -la primera es Tierra del Fuego- y como está compuesta por más de 40 ínsulas menores, al igual que nosotros tienen problemas de comunicación, conectividad vial, digital, claramente requiere de una atención especial del Estado".

Respecto a la norma transitoria que busca la regionalización chilota y que llama a, dentro de un año desde la entrada en vigencia de la nueva Carta Magna (de ser aprobada el 4 septiembre), convocar dos consultas "vinculantes e independientes entre sí" para estos efectos, el senador expuso que "primero, comparto el análisis de que Chiloé debiera ser región; ahora bien, igualmente siendo región o no, el tema de la conectividad y aislamiento eso está dado, por lo tanto, en el caso de que fuese región, esto -proyecto de Territorios Especiales- iría a ayudar también al trabajo que se pueda hacer en políticas públicas".

A modo de resumen, la ley podrá establecer regímenes económicos y administrativos diferenciados para Rapa Nui, Juan Fernández, Tierra del Fuego, Antártica, Cabo de Hornos, Chiloé y Aysén, sin perjuicio de todos aquellos territorios a los que la norma les otorgue la calificación de "especial". La moción se encuentra en primer trámite constitucional y será analizada por la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales y, posteriormente, por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

Un proyecto de ley orientado a incorporar el enfoque de género en la ley que regula las caletas pesqueras a lo largo del país, presentó el diputado por la región de Los Lagos, Mauro González (RN), junto a sus pares, Joanna Pérez (DC) y Carolina Tello (FRVS)

En concreto, la propuesta legal establece "incorporar medidas de equidad de género en la ley 21.027, que regula el desarrollo integral y armónico de las caletas de pesca artesanal, mediante la inclusión de las organizaciones de mujeres pescadoras y/o que desarrollan actividades conexas a la pesca en la administración de las caletas de pesca artesanal, incluyendo infraestructura con enfoque de género, estableciendo medidas que garantizan la participación de las organizaciones de mujeres y consideran las necesidades integrales de las mujeres que participan en dichas actividades, en concordancia con lo estipulado en la ley 21.370".

Tras ingresar la iniciativa, el diputado González valoró la propuesta y manifestó su disposición a trabajar por una mayor inclusión. "Estoy muy contento de formar parte del proyecto que busca mayor participación efectiva para las mujeres en la pesca artesanal, y como integrante de la comisión de pesca mi compromiso total es poder colaborar y sobre todo escuchar", aclaró.

Asimismo, el parlamentario detalló que se ha reunido con pescadoras en la zona. "Me sumo a este proyecto después de haber tenido una reunión relevante con mujeres de la pesca en la región. Ellas valoran los avances que se han llevado a cabo, pero es necesario seguir con acciones concretas", sostuvo.

El senador por la zona Iván Moreira (UDI) aseguró tener sospechas respecto al impacto que tiene en la disponibilidad de pellet el conflicto en la Macrozona Sur. Indicó que los blancos más usuales de los ataques incendiarios son vehículos y faenas de la industria maderera, sector productivo del cual se deriva la producción del biocombustible.

"Tenemos fundadas sospechas para creer que el conflicto en la Macrozona Sur afecta directa o indirectamente en la escases de pellet que vive nuestra región. Algunos gremios han explicado que los constantes atentados terroristas merman la producción de madera, afectando el principal suministro de los aserraderos y por consiguiente la cadena productiva de un biocombustible cada vez más usado y que su escasez provoca que se hagan largas filas durante la madrugada por unos sacos", dijo. Además, aclaró que lo anterior es un argumento más para que el gobierno imponga un Estado de Excepción no acotado e indicó que es deber estatal asegurar la disponibilidad de pellet.