CDE toma parte de proceso judicial por desfalco en corporación ancuditana
La entidad se sumó con una nueva querella en contra de dos exfuncionarios del organismo ancuditano, por presunta malversación de caudales públicos.
Mientras se continúa con las indagatorias por parte del Ministerio Público, formalizadas contra dos exaltos directivos de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Ancud, cuyo gatillante sería un eventual desfalco al interior de la mencionada entidad, esta semana se sumó un nuevo capítulo en esta causa, con el ingreso en el proceso judicial del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
El órgano colegiado, que justamente entre sus atribuciones legales está la de tomar acciones jurídicas o asumir la defensa de los entes públicos, añadió otra querella en contra del otrora secretario general de la corporación ancuditana, Luis Ampuero, y de quien las oficiara como exjefe de finanzas, Abdón Barría. Ambos, trabajadores de confianza de la exalcaldesa Soledad Moreno, durante su administración entre los años 2012 y 2016.
La acción legal también involucra a todos aquellos que resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores de un delito consumado de malversación de caudales públicos; sin perjuicio de otros ilícitos y responsables que se determinen durante la investigación.
Antecedentes
Este bullado caso estalló en días previos a la asunción como alcalde del actual jefe comunal, Carlos Gómez. Por aquellos días se daba a conocer la información de que ambos encartados se habrían cancelado indemnizaciones por término de su relación laboral, con dineros que habían sido previamente transferidos por el Servicio de Salud Chiloé, para fines propios de dicha área.
Así en más, y en cuanto a la querella del CDE, parte del texto contempla que "los días 15 de marzo y 11 de abril de 2016, se recibió en la cuenta corriente del Banco Estado, cuyo titular es la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Ancud, desde el Ministerio de Educación, recursos en el marco de la Ley N°20.822 para el pago del beneficio de incentivo al retiro del personal docente, a saber: una primera transferencia por la suma de $267.297.298, para ser pagada a 13 profesores acogidos a retiro en la comuna de Ancud; y una segunda transferencia por $390.168.534, para ser pagada a otros 19 docentes acogidos a dicho inventivo en la mencionada comuna, respectivamente".
Asimismo, se redunda en que "los imputados Luis Ampuero Chiguay y Abdón Barría Bórquez, [presuntamente] abusando de sus cargos y en ejercicio de sus funciones vinculadas a la administración financiera de la Corporación, [eventualmente] aplicaron indebidamente, a usos propios, caudales públicos puestos a su cargo, emitiendo cheques de la cuenta de 'Educación' de la Corporación Municipal de Ancud a sus nombres".
Se insiste en el documento que los imputados "cobraron por las sumas de $28.632.062 para Luis Ampuero Chiguay y $15.662.050 para Abdón Barría Bórquez, actuación -en opinión del CDE- irregular y abusiva que atribuyeron, en documentos generados y suscritos por ellos mismos, al pago de sus propias indemnizaciones que no estaban cubiertas contablemente, entre ellos, finiquitos que fueron autorizados el mismo día 5 de diciembre de 2016 por el imputado ministro de fe".
En otro de los puntos importantes, se expone que "los dineros distraídos por los imputados no fueron reintegrados a la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Ancud, causando grave entorpecimiento en la gestión financiera y contable del servicio, retardando el pago de 23 otras obligaciones contraídas por la Corporación Municipal".
Dentro de las diligencias invocadas por Lucio Díaz, abogado del CDE y procurador fiscal de Puerto Montt, en representación del Fisco de Chile, invocó que se entreguen las copias de los decretos y resoluciones donde conste el nombramiento de los querellados en sus respectivos cargos. También pidió que se le remita la copia de las investigaciones sumarias que hayan tenido lugar con ocasión de los hechos descritos.
Igualmente, el jurista solicitó el desarrollo de diligencias para determinar el cambio patrimonial de los imputados u otros responsables de los hechos, incluyendo pericias para la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec).
Reacciones
La querella de la entidad estatal, trajo de inmediato algunas reacciones en Ancud. Álex Muñoz (pro RN), es uno de los que conoce de cerca esta historia, pues ha sido concejal de la comuna los últimos tres periodos alcaldicios.
"Me parece bien, yo creo que es importante que las instituciones funcionen, y yo creo que después de muchos años, y después de perseverar, definitivamente las instituciones están funcionando. Tiene que ver también con la Fiscalía, donde hubo un fiscal que durante años prácticamente no hizo ninguna diligencia para aclarar esto", apuntó.
"Creo que después de muchos años, y después de perseverar, definitivamente las instituciones están funcionando".
concejal Álex Muñoz