Leo Riquelme - Medios Regionales

La difusión de un llamado telefónico desde el ministerio de Desarrollo Social y Familia al ahora imputado líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, llevó al Presidente Gabriel Boric a anunciar en la tarde de ayer la salida de Jeanette Vega del gabinete, como demandaba la oposición.

Según el medio electrónico Ex-Ante, la llamada fue captada por la PDI el 11 de mayo como parte de la investigación que lleva contra el ayer formalizado por Ley de Seguridad del Estado, hurto de madera, atentado contra la autoridad y usurpación de terrenos. Ese día lo llamó la encargada de comunicaciones de la cartera, Tania Santis, quien según la transcripción dijo hablarle a petición de la ministra Vega.

"Ella me pidió (ver) la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono", le indicó la periodista al vocero de la CAM, según el reporte policial.

Llaitul le inquirió que cómo se había conseguido su número, le exigió que le informara la fuente y le indicó que solo ahí podrían hablar por WhatsApp.

Dicho diálogo se hizo el mismo día en que el líder de la CAM llamó a realizar acciones violentas en la Macrozona Sur y en momentos en que crecía la presión sobre el Gobierno para reponer el decreto de Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en dos provincias del Biobío y en La Araucanía, lo que se concretó una semana más tarde y se mantiene hasta hoy.

"He tomado la decisión de aceptar la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, porque quiero que sepan que debemos ser cuidadosos tanto del fondo como la forma, y que los hechos que hemos conocido hacen que corresponda hacer valer la responsabilidad política de la ministra", expuso el Presidente en la Región de Atacama.

"Tengo la convicción de que en esta materia las señales que demos, que dé yo en particular, deben ser claras", agregó Boric.

El mandatario añadió que su administración fomentará el diálogo, pero no con quienes promuevan la violencia, como se acusó a Llaitul. "Quienes no entienden esa premisa básica tienen el deber de enfrentarse a las instituciones y al Estado de derecho que nosotros vamos a defender", recalcó.

Vega, que en abril debió retractarse luego de afirmar que en Chile había "presos políticos" y que habló en algún momento de Wallmapu, era figura clave en las relaciones gubernamentales con el pueblo mapuche, tanto a través del plan Buen Vivir como en la compra de tierras a través de la Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena). Hasta el cierre de esta edición no se refería a lo ocurrido.

El anuncio de Boric fue comunicado a la misma hora en que el Tribunal de Garantía de Temuco disponía la prisión preventiva para Llaitul. El Presidente criticó la filtración de la información de la PDI publicada ayer.

Consultado a la salida de la audiencia sobre la conversación de la ahora exministra Vega con el líder de la CAM, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, mencionó que las escuchas telefónicas autorizadas por el tribunal captaron diálogos de una "cantidad importante de personas", pero aseguró que el Ministerio Público se concentró solo en las relevantes para la investigación formalizada ayer.

El persecutor añadió que el plazo de 30 días para cerrar la investigación contra Llaitul es "muy breve", por lo que solo se concentrará en los antecedentes vinculados a dicha indagatoria, descartando por ahora incorporar una arista relacionada con la eventual gestión ministerial.

"Debemos ser cuidadosos del fondo y la forma. Corresponde hacer valer la responsabilidad".

Gabriel Boric,, Presidente de la República.

El pasado 20 de agosto, la Compañía de Jesús recibió el resultado de la investigación que se le encargó a la abogada María Elena Santibáñez, quien debía indagar las acusaciones contra el sacerdote Felipe Berríos por las acusaciones de presuntos hechos de connotación sexual.

Así, y según informó la misma organización de los jesuitas ayer, la investigación previa canónica determinó "la verosimilitud de actos de significación sexual de distinta relevancia que habrían afectado a siete mujeres jóvenes y adolescentes. Estos hechos se refieren a tocaciones y diversos traspasos de límites en el ejercicio del sacerdocio, entre los años 1993 y 2009".

Según el comunicado, el trabajo de Santibáñez contempló la declaración de más de 40 testigos.

También se determinó que no es verosímil la acusación de un hecho que habría afectado a una menor de 7 años.

La orden religiosa recordó que esta es una etapa previa de recopilación de datos y que esta información ya fue enviada a la Curia General de la Compañía de Jesús, en Roma, para su revisión.

Agregaron que, tal como ocurría desde las primeras acusaciones, Berríos seguirá con la "suspensión del ejercicio público del ministerio sacerdotal".