Pedro Bárcena González

Al estimarse como insuficiente la prueba presentada en su contra, un sujeto fue absuelto en las últimas horas tras enfrentar cargos por dos delitos de abuso sexual infantil, en carácter de reiterados, en perjuicio de mellizas en Quemchi. El acusado se exponía a una pena de 14 años de cárcel.

De forma unánime, la sala presidida por la magistrada Loreto Yáñez, del Tribunal Oral en lo Penal de Castro, desechó las imputaciones formuladas contra el encartado de iniciales A. A. Q. C. (45) por los presuntos hechos registrados entre el 2016 y 2019.

Tal como expuso el fiscal Luis Barría, en este margen de tiempo el imputado habría realizado tocaciones con ánimo lascivo contra las menores, desde que tenían apenas 7 años. Los supuestos ultrajes fueron focalizados en dos domicilios que el oriundo de Recoleta (Región Metropolitana) compartía con las hijas de quien era su pareja de entonces.

Para sustentar su pretensión punitiva, el persecutor presentó en la audiencia el testimonio de las afectadas, como de familiares, guardadores y funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) que realizaron las diligencias del caso. Sumó cuatro peritos y numerosa evidencia documental.

Sin embargo, como informaron los sentenciadores en su veredicto, la prueba de cargo incorporada "no ha podido derribar la presunción de inocencia que ampara al acusado, para así acreditar conforme el estándar de convicción más allá de toda duda razonable, los hechos descritos en la acusación".

Esta resolución fue valorada por el defensor Carlos Barahona, quien enfatizó que "desde un primer minuto apostamos sobre la inocencia de nuestro representado, en todas las imputaciones formuladas por el Ministerio Público".

Precautorias

Junto a la absolución, los jueces levantaron las cautelares que pesaban sobre el imputado; estas eran el arraigo nacional y la prohibición de acercarse a las víctimas y su familia.

La lectura de fallo quedó programada para el 3 de septiembre, instancia que aguarda el fiscal Barría para analizar en profundidad los argumentos que fundaron este dictamen, con el objeto de evaluar un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

7 años de cárcel, por cada caso de abuso sexual impropio, pedía el Ministerio Público.

3 jornadas incluyó el juicio oral que tendrá su lectura de fallo el próximo sábado.

En el marco de las fiscalizaciones programadas y aleatorias que realiza la Capitanía de Puerto de Ancud en el norte de la Isla, se incautaron en las últimas horas 2 mil 800 kilos de almejas, por infracción a la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Así lo detalló el jefe de esta unidad naval, Cristian Díaz, añadiendo que personal de la Policía Marítima se desplegó por la caleta Pudeto Bajo, sorprendiendo a un grupo de hombres de mar comercializando estos recursos.

"El producto se encontraba en el borde costero en sacos, ante lo cual se solicitó la documentación relativa a la denominación de origen, para determinar de qué lugar habían sido extraídas estas almejas. Sin embargo, estas personas no tenían estos papeles", aclaró el oficial.

Igualmente, el capitán de corbeta remarcó que ante la flagrancia de la ilegalidad, se procedió a sacar de circulación esta carga, al mismo tiempo que se tomó contacto con la Autoridad Sanitaria para que lleve a cabo los muestreos de marea roja.

"Los resultados arrojaron que estos mariscos se encontraban en condiciones aptas para el consumo", aclaró el jefe naval.

Citación

Bajo este escenario, los infractores quedaron citados ante el Juzgado de Letras de Ancud, mientras que el recurso quedó en su poder, como depositarios provisionales, en espera de regularizar la documentación faltante.

El capitán Díaz relevó este tipo de operativos, enfatizando que no solo "se busca controlar la extracción ilegal de productos desde áreas de manejo, apuntando a resguardar la sustentabilidad de los recursos en la zona, sino también se debe estar atento a la eventualidad de hallar mariscos con marea roja y proteger la salud de la comunidad".

Analizando los fenómenos socio-delictivos de mayor impacto en la jurisdicción, como también atendiendo los requerimientos por mayor presencia policial en la zona, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, sostuvo una reunión con coproductores de seguridad pública en Castro.

En la sala de sesiones del municipio local se llevó a cabo el encuentro, donde se abordaron temáticas de prevención y financiamiento de proyectos.

Tal como expuso el personero, "no vine a acá porque hay una situación particular de seguridad en el Archipiélago o la comuna, sino que es importante entregarle la certeza a la población de que lo que estamos haciendo es un rol preventivo". Agregó que "los municipios no son responsables de la seguridad, son responsables de prevenir y es importante robustecer ese trabajo".

Escuchar

A su vez, el profesional remarcó que "estar mirando desde Santiago en base a informes y cifras no me permite ver la realidad. He recorrido esta región, he recorrido la provincia para estar presente pero también para escuchar de primera fuente los temores, las necesidades y las esperanzas".

Los participantes coincidieron en potenciar una coordinación responsable frente al aumento de los flujos migratorios y la urgencia de contar con una mayor dotación de policías en algunos sectores de la comuna.

Respecto a este punto, el alcalde Juan Vera (UDI) pidió al subsecretario hacer gestiones para retomar el proyecto de un nuevo edificio de la Policía de Investigaciones en el sector alto de Castro.

Finalmente, se anunció el fin a la concursabilidad por parte de los municipios a los Fondos de Seguridad Pública. Los recursos van a ser asignados de acuerdo a las necesidades locales.