César Cárdenas Ruiz

Tras un tercer llamado a licitación pública por parte del municipio, finalmente la empresa Centro de Estudios de Vehículos Infractores SpA se adjudicó el servicio de aparcadero municipal para Ancud, que durante meses se mantenía pendiente luego de dos llamados anteriores que no prosperaron, siendo declarados desiertos al no existir oferentes.

La concesión fijará un recinto en el sector rural de Mocopulli, en el límite entre las comunas de Castro y Dalcahue. Hasta ese lugar serán derivados todos aquellos vehículos infraccionados por Carabineros o el Juzgado de Policía Local de Ancud, debido a algún accidente, falta a la Ley de Tránsito o abandono en la vía pública.

Carla Díaz, directora de la Oficina de Tránsito del municipio ancuditano, explicó que "el contar con este espacio para aparcar estos vehículos es una obligación municipal. Está estipulado así en la ley y nosotros estamos muy satisfechos de poder haber conseguido efectivamente uno. Porque había sido un proceso que teníamos pendiente de mucho rato, que se habían hecho las instancias para licitarlo y no habían tenido buen término. Porque no había interés de los privados de poder tomar esta temática".

Asimismo, la funcionaria señaló que antes de entrar en servicio este aparcadero, se deben efectuar acciones orientadas a informar, tanto a los organismos de fiscalización como también a la comunidad, en función de los alcances del procedimiento de retiro de circulación y los costos que están asociados al servicio de grúa y luego bodegaje de los vehículos que irán a parar al aparcadero municipal.

"Todas las causales están primero asociadas a una infracción, que es el primer cobro. Después, va a haber que asumir el gasto qué significa el traslado de este vehículo, que es el servicio de grúa que va a prestar esta empresa y después el bodegaje o la guarda de este vehículo en este espacio, que tiene un piso de cinco días primero y sobre esos cinco días empezará a aumentar este monto de forma diaria", aseveró Díaz.

Concejal

Por su parte, el concejal Alex Muñoz (pro RN), quien además las oficia como presidente de la Comisión de Obras, Urbanismo y Tránsito del concejo municipal, se refirió a las razones que hicieron necesario contar con este servicio: "Había una demanda de parte de los vecinos, de parte de Carabineros manifestando la inquietud que tenía, porque si bien ellos pueden ejercer autoridad y gestión cuando infraccionan un vehículo, después ya no lo podían llevar, retirar ni requisar porque no tenían espacio; por lo tanto, ahora una empresa licitó este servicio y a nosotros nos da la tranquilidad de poder despejar las calles".

Sumó el edil que actualmente "hay vehículos abandonados que no queremos que se transformen en situaciones delictuales, irregulares, y también para permitir el normal tránsito de los vehículos que circulan por las calles de Ancud".

comisario

Respecto a las razones que pueden ocasionar que un vehículo sea trasladado hasta el mencionado espacio, el mayor de Carabineros de Ancud, Marcelo Bahamonde, detalló que "hay varias circunstancias que están establecidas en la Ley de Tránsito (18.290) y también en algunos decretos dictados por la autoridad de transporte que permiten retirar vehículos de circulación".

Considerando lo anterior, especificó que "es una infracción muy recurrente en nuestra comuna (el detectar) personas que conducen sin licencia de conducir, sin revisión técnica, permiso de circulación, seguro obligatorio o esos los mantuvieran vencidos".

Agregó el comisario que "también están los vehículos abandonados en la vía pública. Otra circunstancia que nos permite la ley es aquellos que se dan a la fuga de los controles policiales, desobedeciendo las señales de tránsito de los carabineros de servicio; tenemos aquellos que realizan transporte remunerado de pasajeros, más conocidos como los 'ubers' (de Uber, app de locomoción de pasajeros), que realizan servicio de transporte sin estar inscritos en el Ministerio de Transporte", entre otros motivos establecidos en otros decretos.

La explotación de este servicio concesionado por dos años, cuyo inicio de sus funciones está previsto para septiembre por comenzar, implicará una ganancia a las arcas municipales de un 12% de los derechos mensuales por concepto de ingreso, custodia y bodegaje de los vehículos que sean derivados al aparcadero.

"Es una infracción muy recurrente en nuestra comuna (el detectar) personas que conducen sin licencia de conducir, sin revisión técnica, permiso de circulación, seguro obligatorio o esos los mantuvieran vencidos".

Marcelo Bahamonde,, mayor de la Primera Comisaría de Carabinerios de Ancud.

2 años estará vigente esta concesión del servicio que debiera partir este septiembre.

Ayer la Comisión de Salud del Senado abordó la crisis financiera de las isapres, aquejadas por temas como el fallo desfavorable de la Corte Suprema que dejó sin efecto el alza de 7,6% en los planes de salud y la judicialización de casos por tabla de factores de recuperación de licencias médicas.

La sentencia que dictó el máximo tribunal no solo incluye a los que presentaron recursos de protección y ganaron la demanda, sino que a todos los afiliados. Por ello, las isapres tendrán que devolver lo que cobraron en los meses de junio y julio como excedentes.

Esta materia se abordó en la comisión, donde estuvo el superintendente de Salud, Víctor Torres, quien señaló que "hasta el día de hoy, al menos, no hay ninguna isapre que haya caído dentro de lo que denominamos insolvencia, desde la perspectiva del cumplimiento de estos tres ratios que les mencionaba la vez pasada, que son los que nosotros supervigilamos, que son el de liquidez, el de patrimonio y el de garantía".

"No significa eso que no siga habiendo un escenario de pérdidas que a junio de este año llegaba a $73 mil millones. Y, evidentemente, con el fallo, incluso los $10 mil millones adeudados van a tener que colocarse a disponibilidad de las personas, lo recaudado en julio también, en agosto si es que lo hay y, eventualmente, si lo hubiera en septiembre", añadió.

Torres sostuvo que ahora instruirán a las isapres en tres puntos. "Primero, que restituyan los recursos que fueron cobrados por alzas de precio base que se constituyera en los meses de junio, julio y agosto. Segundo, quienes hayan cambiado su plan producto de que no podían pagar esta alza, o esta adecuación, entonces tienen que volver, si así lo quieren, al plan anterior (...). Tercero, quienes hayan salido del sistema producto del encarecimiento asociado al alza, las isapres también tienen que posibilitarles su vuelta al sistema", selló.