Pedro Bárcena González

En lo que ya se vislumbraba como una nueva instancia jurídica dentro del caso por el crimen de un matrimonio de adultos mayores en Castro, el primer imputado que fue injustamente vinculado al asesinato e incendio, demandará por falta de servicio al Estado. Invocará una indemnización de perjuicios por $500 millones.

Más de tres meses en prisión preventiva estuvo el vecino de iniciales H. F. R. A. (54), tras ser encausado por el doble homicidio calificado de Nely Saldivia Barría (71) y Darío Cárcamo Andrade (85), perpetrado el 10 de agosto del 2021. También fue formalizado por el incendio que destruyó el hogar y hostal propiedad de las víctimas, emplazados entre las calles Portales y Los Carrera, en pleno centro de la capital isleña.

Pese a la escasa evidencia recopilada en los albores de la causa, por medio de las pesquisas del OS-9 de Carabineros de Puerto Montt, con apoyo de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Castro, más los peritajes técnico-científicos del Laboratorio de Criminalística (Labocar), igual se sindicó como autor material de este horrendo ataque al poblador que permanecía en Temuco.

Solo prueba que recopiló su defensa, permitió comprobar su inocencia, siendo sobreseído definitivamente el 2 de abril del 2022. Hoy, cuando en esta causa penal existe otro encartado, la víctima de uno de los más graves errores investigativos desde que está vigente la Reforma Procesal Penal en la zona (diciembre del 2003) apelará a la justicia para resarcir en parte el daño sufrido.

Falsa

Así lo detalló el abogado particular, Yerko Yáñez, quien asesora al pintor, describiendo los alcances de estas falencias indagatorias que impulsaron la acción civil.

"Lo imputaron falsamente de este crimen, puesto que un carabinero vio las fotos de las cámaras de seguridad y lo sindica directamente, pero era una persona totalmente diferente a mi cliente. Pese a ello, los encausaron y lo que fue más grave, pidieron la prisión preventiva, a lo que nos opusimos tenazmente", acotó el jurista.

Sumó el profesional que argumentó en dicha audiencia no solo que las características del sospechoso que aparecía en el video eran distintas a su representado, sino que también habían medios de prueba que lo exculpaban, como testigos que lo acompañaron en la capital de la Región de La Araucanía, la misma noche de los hechos.

Más allá de desecharse su postura, el defensor particular apuntó a otra circunstancia que agravó el impacto de esta decisión. "Fue trasladado a la cárcel de Puerto Montt, donde cumplió esos meses privado de libertad en condiciones peligrosas, siendo agredido en Alto Bonito, tuvo que cuidarse para que no atentaran contra su vida", señaló.

Igualmente, Yáñez sostuvo que durante la indagatoria solicitaron diligencias para demostrar su posición, las que no fueron consideradas a tiempo.

"Algunas pesquisas fueron dilatadas por la Fiscalía, como las vinculadas a los testigos que estaban compartiendo con mi cliente en una pensión en Temuco, el mismo día del incendio. Presentamos declaraciones juradas de estas personas y en base a ello, pedimos la revocación de la prisión preventiva, lo que no se acogió", explicó la fuente.

Otro punto que desvirtuó el abogado fue el supuesto tráfico de llamados que tenía desde Castro el ese entonces imputado. "Eso fue absolutamente falso, como también lo que argumentaban que él se había escapado de Chiloé hacia Temuco", sumó.

Acucioso

Es más, el defensor privado no dudó en señalar que si el Ministerio Público "hubiese sido acucioso y objetivo con toda la prueba que presentamos, a lo menos habría solicitado una cautelar de menor intensidad. No obstante, se mantuvo con su posición, pese a no tener antecedentes contundentes y claros, solo un policía que sindica a nuestro cliente, quien pasó las penas del infierno por esta postura".

Basado en todo este contexto y con la información que manejan, Yáñez junto al abogado Ernesto Ruiz, presentarán en los próximos días ante la Corte Suprema una acción legal para que se declare el error judicial, en virtud de las normas de la Constitución. Independiente que se acoja este requerimiento, igual interpondrán una demanda de indemnización de perjuicio contra el Estado por falta de servicio.

"Carabineros y el Ministerio Público cometieron un error garrafal. Hubo una negligencia tremenda, lo que nos provoca una gran decepción por incurrirse en estos hechos tan graves y atentar contra un derecho fundamental, como es la libertad de una persona", consignó el jurista, remarcando que a su representado "le destruyeron su vida, quedando con secuelas sicológicas al ser apuntado como criminal. Su vida familiar y laboral se vieron seriamente afectadas".

Finalizó Yáñez, detallando que el monto establecido en su demanda se sustenta "por el tiempo y daño en que esta persona estuvo en prisión. Además, las secuelas se mantienen, está con depresión, sigue con tratamiento sicológico y siquiátrico. Incluso, la casa de sus padres adultos mayores fue allanada".

"Carabineros y el Ministerio Público cometieron un error garrafal. Hubo una negligencia tremenda".

Yerko Yáñez,, defensor privado

10 de agosto del 2021 se produjo el crimen. Los cuerpos fueron hallados por Bomberos.