Acusan a delegada de acoso laboral: demandan por casi $37 millones
Exasesor denuncia discriminación política que llevó a su despido. Mariela Núñez indicó que en tribunales se "sostendrá la medida adoptada".
Con una próxima audiencia preparatoria avanza el procedimiento de tutela laboral derivado de la denuncia interpuesta por un trabajador que acusa directamente a la delegada presidencial de Chiloé, Mariela Núñez, de abusos y acoso laboral. El demandante exige una indemnización superior a los 38 millones 800 mil pesos.
La acción legal contra el Ministerio del Interior y Seguridad Pública fue interpuesta el 30 de septiembre ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Castro por parte de Sergio Ballesteros (35), quien había ingresado a la sede del Ejecutivo en la provincia el 15 de abril pasado para cumplir funciones como asesor del programa Gobierno en Terreno.
Sin embargo, como expuso en su requerimiento el militante del Partido Comunista, sufrió "hostigamiento laboral" desde un comienzo, "lo cual fue expresado por mi superiora de diversas formas argumentando una suerte de justificación para su actuar, la falta de confianza y de ser yo quien filtraba información en su contra".
El demandante expuso que este escenario se habría generado por su afiliación partidista, siendo desvinculado el 18 de julio. Una decisión que calificó como arbitraria y que lo mantiene bajo sicoterapia.
Discriminación
Bajo esta situación, el valdiviano acudió a la justicia, siendo asesorado por el abogado Julio Álvarez, quien presentó la denuncia por vulneración de derechos fundamentales, como el de no ser discriminado por razones políticas.
Como remarcó el jurista, su representado entró a cumplir sus labores junto a la delegada provincial. "Con el transcurrir del tiempo fue objeto de un permanente hostigamiento, lo que se llama acoso moral, lo que nos motivó a interponer esta denuncia", aclaró.
Asimismo, el profesional remarcó que el recurso fue presentado por el accionar de Mariela Núñez, "pidiendo además que se notifique al Consejo de Defensa del Estado (CDE) en su calidad de representante del Ministerio del Interior, como empleador al cual es dirigida la demanda".
El exconvencional constituyente y exconcejal añadió que su cliente sufrió una serie de actos vulneratorios, "como ser excluido de la agenda semanal de la delegación, creándose un ambiente hostil. Incluso, sus labores terminaron siendo organizar los coffebreaks".
Daño
Dentro de este contexto, Álvarez puntualizó que este requerimiento "no solo pretende que se castigue jurídicamente a la autora como vulneradora, a través del empleador, sino que también se le pague al trabajador lo que se debe, exigiendo además una indemnización por daño moral".
Por su parte, la delegada presidencial en Chiloé, científica y militante de Revolución Democrática, señaló con respecto a estos cuestionamientos y acciones legales que están en tribunales "que toda persona o funcionario tiene derecho a recurrir a la justicia si así lo estima pertinente. Es ahí donde pondremos a disposición todos los antecedentes que permitan sostener la medida adoptada (despido del asesor)".
$20 millones pidió el demandante como indemnización por daño moral.
18 de noviembre está programada una audiencia preparatoria en el tribunal castreño.