Director:

Víctor Hugo Palma Pérez

Domicilio:

Los Carrera 450, Of. 201, Castro

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Sociedad Periodística Araucanía S.A.

Representante legal:

Rodrigo Prado Lira

Email:

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"La policía de la moral no tiene nada que ver con el poder judicial", Mohammad Jafar Montazeri, fiscal general de Irán, aseverando -según la agencia de noticias ISNA- que este país abolió la agencia llamada Gasht-e Ershad tras más de dos meses de protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini, detenida por supuestamente violar el estricto código de vestimenta del país.

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La Ley 21.420 que en cuanto a los servicios profesionales empieza a regir en enero de 2023, señala que estos serán gravados con IVA (Impuesto a las Ventas y Servicios o Impuesto al Valor Agregado), a menos que la norma establezca una excepción. Una de ellas son las sociedades de profesionales, concepto respecto del cual no define sus características esenciales.

Haciendo uso de sus facultades de interpretación, el SII ha dado a conocer lo que en su visión son los requisitos para determinar la presencia o no de estas sociedades.

Sin embargo, la vía interpretativa para delimitar bordes a una exención tiene dificultades. En primer lugar, la autoridad tributaria solo puede interpretar la ley y, como dice muy poco, no puede entregar elementos en base a algo no regulado. En segundo lugar, las interpretaciones administrativas son vinculantes para los funcionarios y no los contribuyentes, por lo que se pueden discutir en tribunales. Esto puede generar una mayor judicialización de las operaciones, pues la interpretación del SII respecto que deben ser sociedades de personas es discutible.

La falta de definición de límites legales en la sociedad de profesionales implica que esta herramienta podría llegar a ser muy usada por los contribuyentes, existiendo el caso de quienes ejerciendo la misma actividad estarán afectos a IVA y otros no. Aquellos que tengan una adecuada asesoría sabrán con mayor claridad si esta figura se ajusta a sus requerimientos.

Ante ello, sería prudente que el legislador dé certezas. No hacerlo constituye una desventaja a los que no tienen acceso a una asesoría, contrario a lo que persigue una economía que promueve los pequeños emprendimientos.