Agencia EFE / L. R. C. - Medios Regionales

Al pasar su primer día al mando de los destinos de Perú, la nueva presidenta Dina Boluarte eludió ayer responder si adelantará las elecciones, una petición elevada por varias voces tras haber jurado el cargo el miércoles en reemplazo de Pedro Castillo, detenido y acusado de haber intentado dar un golpe de Estado ese día al llamar a disolver el Congreso e intervenir el Poder Judicial.

"Sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso, democráticamente, es respetable. Creo que la asunción de la Presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país", señaló Boluarte al entrar al Palacio de Gobierno, la Casa Pizarro.

La presidenta agregó que, "más adelante, en coordinación con todas las organizaciones", verá las medidas alternativas para "mejor reorientar los destinos del país".

Además, aseguró que todavía no tiene el nombre del próximo presidente del Consejo de Ministros; y como ya hizo en el Congreso al jurar el cargo y posteriormente en sus reuniones con las distintas instituciones del país, en su segundo día en el cargo la presidenta reiteró la necesidad de una "tregua".

"Seguramente tienen muchas preguntas por hacerme, pero entiendan también que las circunstancias en la que se ha asumido esta alta responsabilidad no han sido las más óptimas", dijo la hoy gobernante.

México y juicio

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) admitió ayer que Castillo le llamó por teléfono para pedirle asilo en la embajada de su país en Lima.

"Habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la embajada, que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono", contó López.

AMLO admitió que él instruyó que le permitieran el ingreso, pero añadió que rápidamente "la policía y ciudadanos" rodearon la embajada y detuvieron a Castillo.

Ayer la Fiscalía de la Nación pidió al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria retener por siete días al depuesto presidente, que fue acusado de rebelión y conspiración tras su fallido golpe de Estado.

Castillo participó telemáticamente en la audiencia desde la prisión donde está recluido. Su defensa sostuvo que el anuncio del expresidente de cerrar el Parlamento no implicó un levantamiento en armas que requiere, según arguyó, el delito de rebelión y negó que exista peligro de fuga, por lo que solicitó al juez que declare infundado el requerimiento del Ministerio Público.

El fiscal adjunto supremo Marco Huamán aseguró que "queda evidente la alta probabilidad de fuga" cuando se dirigió a la embajada de México para salir de su país. Añadió que su detención era "necesaria" para asegurar investigación y acusó a Castillo de haber pretendido cambiar el modelo de Estado de derecho establecido en la Constitución, de manera ilegal y dolosa.

Al término de la audiencia, cuya resolución será dictada "dentro del plazo de ley", el juez dio la palabra al exmandatario, pero este se limitó a afirmar "eso es todo", en alusión a lo dicho por sus abogados.

Las autoridades iraníes anunciaron ayer la primera ejecución de un preso condenado a muerte por participar en las protestas que sacuden el país desde septiembre.

Mohsen Shekari fue ejecutado a primera hora de este jueves después de que fuese sentenciado a muerte el 29 de noviembre por herir a un basiji -miliciano islámico- con un cuchillo, bloquear una calle y crear terror en Teherán, según informó la agencia Mizan, del Poder Judicial. Esos delitos acarrearon la condena de "guerra contra dios", que se llega a castigar con la pena de muerte.

Mizan indicó que el ejecutado dijo en el juicio que recibió "pagos" por atacar a agentes de la ley y que por ello acuchilló al miliciano, quien necesitó 13 puntos de sutura tras el ataque.

Shekari es el primer manifestante ejecutado por su participación en las protestas que sacuden Irán desde la muerte de Mahsa Amini en septiembre, tras ser detenida por la policía de la moral por llevar mal el velo islámico.

Las revueltas comenzaron por la muerte de la joven kurda de 22 años, pero ahora los manifestantes piden el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.

Las autoridades judiciales han condenado a muerte a 11 personas hasta ahora por su participación en las movilizaciones y a un número indeterminado a penas de prisión. Amnistía Internacional ha denunciado que al menos 28 de los 2.000 acusados por las protestas se enfrentan a ella.

En los casi tres meses de protestas han muerto más de 400 personas y al menos 15.000 han sido detenidas, según la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo, Noruega.