A10 meses del inicio del Gobierno del Presidente Gabriel Boric y a tres semanas de asumir como delegado presidencial en Chiloé, Armando Barría, se refirió al trabajo que impulsará desde el gobierno este 2023.

-¿Cómo asume el desafío de representar al gobierno en la provincia de Chiloé?

Soy nacido en Chiloé, que vive en Achao, he trabajado en distintos espacios deportivos, políticos y sociales donde el foco principal ha sido aportar al crecimiento de nuestro archipiélago.

Esto me ha permitido conocer los problemas generales y que afectan el diario vivir de la comunidad, tanto terrestre y marítimo, lo que me da una base para poder focalizar el trabajo buscando aportar en seguir avanzando como país y como provincia.

-¿Cuál es el balance que realiza del gobierno del Presidente Boric en Chiloé?

Como gobierno se ha avanzado en demandas sociales anheladas por la población, como por ejemplo la PGU, el sueldo mínimo de 400 mil pesos, el Plan Nacional contra el crimen organizado, el proyecto de reforma a las pensiones y cerca 200 iniciativas que van en torno a seguridad, calidad de vida, economía y beneficios sociales.

En Chiloé, todos estos beneficios llegan a la comunidad e impactan rápidamente a la vida de todos. Pero también debemos destacar, que de manera histórica tenemos un gobierno desplegado en el territorio con visitas durante todo el año 2022 de ministros y autoridades regionales.

-¿Cuál ha sido el principal enfoque y trabajo que ha impulsado como delegado en Chiloé?

Durante estas semanas, hemos avanzando en conversar y estar en todas las comunas, dialogando con los alcaldes, para realizar una mayor coordinación, buscando llegar de manera efectiva y eficaz a la comunidad. También estamos conversando con diputados y senadores, concejales y consejeros, con organizaciones sociales y pueblos originarios para coordinar esfuerzos y apoyos para avanzar en distintas materias.

Hemos coordinado mesas de seguridad provincial para reunir a todos los servicios públicos con el equipo técnico para poder trabajar coordinadamente en el territorio.

-¿Qué proyecciones visualiza para el 2023 en la provincia?

Como proyecciones para este 2023, seguiremos avanzando en una mayor coordinación con municipios y así llegar de manera efectiva a la comunidad. Fortaleceremos una alianza con los municipios a fin de apoyarnos mutuamente. En materia de seguridad, la mesa provincial es un eje articulador para crear estrategias conjuntas, la idea es adelantarnos en materia de seguridad durante el año.

Reconocemos a su vez la importancia de las organizaciones sociales y su aporte para la comunidad, es por ello que trabajaremos con ellos para crear redes de apoyo que reúnan los esfuerzos del gobierno, municipios y mundo privado, para fortalecer la labor que realizan en el territorio insular.

Inversión en infraestructura regional: definiciones pendientes

Del mismo modo que en otros aspectos de la realidad nacional, la desigualdad se expresa en el territorio y entre las regiones, como lo ha señalado la OCDE sobre Chile.

En ese sentido, el proceso de descentralización está fortaleciendo el papel de los gobiernos regionales y la capacidad de decidir sobre programas de inversión, lo que debiera permitir disminuir la brecha de desigualdad regional.

Alcanzar este objetivo, además requiere de las autoridades el fortalecimiento de una política pública sobre los criterios según los cuales el gobierno central asigna los recursos.

Un reciente estudio realizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) muestra que los gobiernos de los últimos 12 años han tendido a invertir más en infraestructura pública en las regiones que tienen más habitantes. El resultado práctico de este sistema de asignación es que las tres regiones de mayor población capturan la mayor parte de la inversión del gobierno central, con la excepción de La Araucanía donde el conflicto sociopolítico parece ser el elemento decisivo.

Desde el punto de vista del comportamiento de los ministerios, el MOP es el ministerio inversionista por excelencia, explicando cerca del 40% de toda la inversión del gobierno central en infraestructura de uso público. Sus decisiones son determinantes en los niveles de inversión de cada región del país.

Desde el punto de vista de la caracterización de las regiones, las extremas (Arica y Parinacota, Magallanes y Aysén) tienen poca población, generan muy poca producción con relación al resto del país y necesitan de apoyo del gobierno para sostenerse y desarrollar el área de turismo o nichos de producción. Las regiones mineras (Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo), tienen en general poca población, tienen un PIB estadísticamente alto y lo que requieren son bienes públicos para mejorar su calidad de vida. La zona centro-sur, que abarcaría desde Valparaíso a Los Lagos, es la zona más pobre del país. Desde el punto de vista de la inversión pública son regiones donde el Estado, directa o indirectamente, debe proveer la infraestructura y servicios que faciliten la producción con valor agregado y eleven su competitividad. Por último, la Región Metropolitana por su peso demográfico y económico es capaz de atraer grandes inversiones en infraestructura pública y privada.

Hay muchos otros criterios de asignación que sería conveniente que las autoridades analizaran, entre otros, para establecer su nivel de validación ciudadana. En particular, sería conveniente que la ciudadanía pudiera participar en una discusión sobre cuál o cuáles parecen ser los criterios de distribución de inversiones que cumplen con algún principio de justicia o equidad.

Por parte del gobierno, no hay una declaración sobre los criterios o principios que los diversos ministerios utilizan para invertir directamente en las regiones o para realizar transferencias que financien inversiones en las regiones.

En ausencia de una declaración política, las regiones se esfuerzan por promover sus necesidades de inversión sin tener una metodología de referencia, que permita objetivar la discusión con el gobierno central. En consecuencia, en el contexto del proceso de descentralización que el país ha iniciado, y la natural competencia por recursos fiscales escasos, iniciar un debate sobre los criterios de asignación de fondos a las regiones que culmine en la definición una política pública con validación ciudadana, podría representar una importante contribución a un desarrollo mas equitativo de las regiones.

"En consecuencia, en el contexto del proceso de descentralización que el país ha iniciado, y la natural competencia por recursos fiscales escasos, iniciar un debate sobre los criterios de asignación de fondos a las regiones que culmine en la definición una política pública con validación ciudadana, podría representar una importante contribución a un desarrollo mas equitativo de las regiones".

Catalina Binder, Abogada y consejera, Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)