Pedro Bárcena González

Por segunda ocasión desde que fue formalizado, se ratificó la prisión preventiva contra un sujeto sindicado como responsable de una certera estocada contra un joven, quien escapó de la muerte. Un ataque perpetrado en pleno centro de Castro y por el cual el imputado está siendo indagado por homicidio frustrado.

En audiencia de revisión de cautelar realizada ayer ante el Juzgado de Garantía de la capital chilota, se analizaron los antecedentes que mantienen tras los barrotes al encartado de iniciales A. J. A. R. (21), vinculado a la agresión con arma blanca contra la víctima de 41 años, registrada la noche del 28 de agosto pasado, en calle San Martín, a menos de tres cuadras de la plaza de armas castreña.

Como argumentos para modificar la precautoria, el defensor Arturo Figueroa reportó que "se presentó un peritaje social que da cuenta del arraigo social, familiar y laboral de mi representado", quien permanece en la cárcel de calle Monjitas desde el día después de la cuchillada contra el hombre con el que estuvo bebiendo alcohol (primero como detenido ampliado y luego encausado).

Según el abogado, los antecedentes expuestos se sumarían a que el operario pesquero "tiene irreprochable conducta anterior y ha colaborado con la investigación, ante lo cual por prognosis de pena se podría mutar la cautelar por el arresto domiciliario total".

Tanto el concurso de estas eventuales dos atenuantes, como el informe social fueron cuestionados por el Ministerio Público, señalando que no serían sustento para sacar de prisión al imputado. El fiscal Fernando Metzner remarcó que las circunstancias tomadas en cuenta para aplicar la prisión preventiva no han variado con estos datos presentados.

Dolo

Incluso, el persecutor desde el comienzo de la causa ha estimado que la embestida del obrero tuvo como objetivo quitarle la vida al afectado, quien sufrió "una evisceración del cuadrante inferior izquierdo por traumatismo abierto de abdomen, con perforación intestinal doble; lesiones graves que lo pusieron en riesgo vital", expuso en la formalización.

Por su parte, el coordinador del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD), Álex Contreras, quien representa al trabajador lesionado con atención jurídica en espera de patrocinio legal, sostuvo que por la naturaleza del delito otra precautoria sería inviable.

"Otra medida de menor intensidad constituiría un riesgo para la seguridad de la sociedad y la víctima", enfatizó el jurista.

En definitiva, la magistrada Jésica Yáñez determinó mantener la prisión preventiva. Un dictamen que fue valorado por Contreras, explicando que "se tomó en consideración que los antecedentes presentes en el informe y el supuesto arraigo social ya existían antes de la agresión y no disuadieron al imputado de su actuar".

Ante esta resolución, el defensor Figueroa confirmó que se recurrirá ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para modificar la cautelar más gravosa que pesa sobre su representado.

19:30 del 28 de agosto se produjo la agresión contra la víctima, en calle San Martín.

11 días restan para que concluya el plazo ampliado de la investigación del caso.

Ante la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, recurrió el senador Fidel Espinoza (PS) para criticar la multa de un millón y medio de pesos impuesta por la Armada de Chile al patrón de la lancha a motor Antonella III, que naufragó al oeste de Chiloé y cuyos 5 tripulantes fueron rescatados tras 11 días de haber perdido comunicación con sus familias.

El legislador remarcó que la autoridad naval "señaló que solo tenía recursos para realizar sobrevuelos de búsqueda de una hora y media, lo que por sí es discriminatorio", añadiendo que "en vez de expresar alegría de que hayan aparecido con vida los pescadores extraviados, le aplican una medida sancionatoria elevadísima".

Sumó que "lo que causa más molestia es que la Armada no mide de la misma manera a quienes fiscalizan. En las grandes navieras hasta se han caído personas al mar cuando son trasladadas a sus destinos, pero pueden seguir operando. Sin embargo, cuando se trata de un pescador que sale a la mar para darle de comer a sus hijos, le aplican todo el rigor de la ley".

La Antonella III no tenía autorización de zarpe cuando se trasladó el 12 de diciembre pasado desde Calbuco hasta Chiloé para la pesca de la reineta, sufriendo una falla de motor. Personal de la Capitanía de Puerto de Ancud rescató a 4 de los ocupantes, mientras que el patrón, Pedro Villablanca, se mantuvo en la nave siniestrada para su remolque.

Finalizó Espinoza indicando que "le pido a la Armada que actúe con criterio, no abusivamente. Si no tienen zarpe, enséñenles, no los sancionen".