César Cárdenas Ruiz

El alcalde de Ancud, Carlos Gómez (indep.), salió al paso de la información dada a conocer en los últimos días, la cual hace alusión a una serie de observaciones emitidas en un informe por parte de la Contraloría General de la República, tras una fiscalización que cuestionaría la acreditación de 2 mil 600 millones de pesos por parte de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de la comuna del norte de la Isla.

Se trata de disparidades existentes entre saldos por acreditar correspondientes a la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y el Fondo de Apoyo la Educación Pública (FAEP), con las respectivas cuentas bancarias, al 31 de diciembre de 2020.

Según lo explicado por el jefe comunal "se nos entregaron 90 días de plazo para responder algunas observaciones, y esas observaciones tienen que ver con diferencias en la rendición de los recursos, diferencias que existen entre la corporación, el Mineduc (Ministerio de Educación), en algunos casos, y en otros casos coinciden con el Mineduc, pero hay diferencias con la Superintendencia (de Educación), y ese es el proceso que se está llevando adelante".

Junto con ello, el edil agregó que "nosotros solicitamos como corporación de educación una ampliación de este plazo, de 30 días más, que fue solicitada antes de expirar estos plazos entregados por la contraloría, y estamos trabajando en aquello, y esperamos tenerlo subsanado dentro de los plazos otorgados".

¿Las razones de lo sucedido? El jefe comunal hizo hincapié en asuntos administrativos: "Esto pasa por un tema de rendiciones, de que hay ciertas incongruencias respecto a aquello, y eso es lo que hoy día está demostrando la corporación, a través de que se abran los procesos, y de que se puedan corregir aquellas diferencias".

Insistió el jefe comunal que "en algunos casos ya se ha dado, ya estarían estos errores corregidos, y esperamos que en lo que nos queda de tiempo por subsanarlo, podamos tenerlo en sus totalidad".

Los dineros por acreditar van del período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020.

En este contexto, la autoridad consistorial señaló que mientras "esté todo fundado, estén utilizados los recursos para los cuales fueron depositados en el área de la educación, no debiésemos tener mayores inconvenientes".

Remarcó Gómez en que "lo importante es que los recursos fueron utilizados en educación, no hubo ninguna pérdida de recursos, sino diferencias en la forma en que se ha rendido".

Si bien desde el concejo municipal no existen las facultades para efectos de los dineros que ingresan por concepto de educación a las arcas de la corporación, el presidente de la Comisión de Fiscalización y Finanzas de la instancia, el concejal Samuel Mandiola (Evópoli), sostuvo que "no podemos hacer un seguimiento, no estamos facultados por ley, lo que no implica que nosotros sí podamos pedir, sobre todo a la Dirección de Control, que si nos mencionó acerca del informe de contraloría, en el que se hacen observaciones a los dineros mal o no rendidos, de estos fondos".

Consultas

Añadió la fuente que "al menos en las últimas instancias, últimos concejos, yo consulté al alcalde acerca de la respuesta, a lo que el alcalde nos respondió que se había solicitado una ampliación de plazo para responder, yo al día de hoy no estoy al tanto de cuál ha sido el informe de respuesta de parte del municipio, o del alcalde como presidente del directorio de la corporación".