Carmen Luz Santis González

Como una de las iniciativas de la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), voluntarios de Misión País, Capilla País y Siembra UC llegaron a la zona a iniciar la construcción de iglesias y hogares en los sectores apartados. Uno de los puntos escogidos fue la localidad de Queler, en la isla Caucahué de Quemchi.

Son 125 personas las que forman parte del equipo para este viaje que se extiende desde el 4 hasta el 13 de enero, con el fin de construir salones parroquiales y tener la oportunidad de crear vínculos con la población por medio de talleres, charlas, espacios de oración y también comunitarios.

De este grupo total que se despliega por la región, el miércoles pasado llegaron 31 jóvenes de la agrupación Capilla País para iniciar la construcción de un templo en Queler.

"La construcción partió súper bien y con respecto a un par de dificultades por el clima, no ha existido nada que nos pare y, por lo mismo, hemos seguido hacia delante", ilustró Sebastián Valenzuela, integrante de entidad organizadora y coencargado de la construcción de la capilla.

Con un par de días como cuenta regresiva ante la vuelta a casa de los voluntarios, la edificación "está en un 80% lista, con paneles laterales y la estructura en sí está completamente hecha, así que estamos aquí tranquilos", prosiguió el representante de la entidad en relación a la obra ubicada cerca de su capilla antecesora y al frente de la sede del Club Deportico Pedro Aguirre Cerda.

Instancia

Por su parte, Josefina de la Fuente, quien es la otra coencargada de la construcción y parte de Capilla País, relató que esta instancia les ha permitido "conocer a las demás personas de la isla y a dar a conocer que nosotros estamos aquí, invitando a que nos ayuden en la construcción de la obra, que también estamos haciendo talleres de fútbol, por ejemplo, y que ya hemos compartido con la comunidad", ejemplificando con un empate entre vecinos y la agrupación.

Asimismo, la joven observó que la visita ha tenido "un ambiente súper simpático, donde es ahí en que está el doble enfoque de nuestra llegada: construir esta iglesia tanto física como espiritualmente", puntualizó ante la grata recepción de los isleños.

Opinó la profesional que "con un simple vaso de agua a nosotros nos cambian la vida, entonces, el motivo más que nada de nuestra llegada es que sepan que estamos acá, porque sin los habitantes de Queler no somos nada", añadiendo que es a través de la capilla y en conjunto, "la única forma de que nosotros podemos acercarnos más a Dios".

En tanto, la pobladora de la localidad, Claudia Alvarado, relevó los alcances de la iniciativa y el despliegue de los jóvenes, a quienes describió como "súper respetuosos, atentos y si te ven se acercan al tiro a conversar, así que en ese sentido súper bien con ellos". También destacó la voluntad de ellos, ya que "han estado trabajando con lluvia, con todo, así que son súper aperrados".

Acceso a playas: bienes públicos y responsabilidad en su cuidado

El acceso a playas de mar, ríos y lagos como espacio de esparcimiento y contacto con la naturaleza, es un tema que genera dudas en la población a lo largo del año y se ven incrementadas en el período estival con la llegada de las vacaciones. ¿Qué naturaleza tienen las playas? ¿Quiénes pueden acceder a ella y qué instituciones se encuentran a cargo de su acceso y cuidado?

La normativa del Código Civil y leyes complementarias consagra a las playas como bienes nacionales de uso público. Esto es, bienes cuyo dominio pertenece a toda la nación y su uso es para todos sus habitantes. Asimismo, define a las playas de mar como la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan en las más altas mareas. Esta calificación se extiende también a ríos o lagos.

El acceso y presencia a estos bienes es, en consecuencia, público y no puede impedirse por los particulares. Más aún, se contempla en el DL 1.939 de 1977, que los propietarios de terrenos colindantes con playas de mar, ríos o lagos, deberán facilitar gratuitamente el acceso a éstos para fines turísticos y de pesca cuando no existan otras vías o caminos públicos al efecto.

Por aquellos casos en que no esté determinado específicamente este acceso, la misma normativa establece un procedimiento para la fijación de las vías correspondientes. Una vez fijadas por la autoridad pública, estas no podrán cerrarse ni obstaculizarse en modo alguno.

Cuando se obstaculice el paso por alguna de estas vías por particulares de terrenos colindantes, o más aún, los caminos públicos de acceso a playas, es posible denunciar este hecho, exponiéndose los responsables a multas de 10 a 100 UTM, las cuales en caso de reincidencia pueden aplicarse hasta el doble del máximo establecido.

El procedimiento y reclamación de estas multas se tramita ante el respectivo Juzgado de Policía Local. Sin perjuicio de ello, el Ministerio de Bienes Nacional ha establecido vías telefónicas y virtuales para facilitar estas denuncias a través de sus plataformas web, junto con un catastro de las playas del país.

Igual es importante recalcar que el uso de bienes públicos como playas implica también una responsabilidad en la realización de actividades permitidas por la autoridad marítima y de cuidado del ecosistema presente en el lugar.

Ingreso

Para ello, es primordial el ingreso a las aguas para bañistas en sectores estrictamente autorizados, el ingreso solo de embarcaciones permitidas (especialmente en el caso de lanchas que provocan perturbaciones en el ecosistema), la limpieza del borde costero y atender a la prohibición de ingreso que, por regla general, se impone respecto de los vehículos motorizados a los sectores de playa.

El uso de las playas en cuanto bienes nacionales de uso público es, en consecuencia, un derecho para todos los habitantes del país, que debe ejercerse responsablemente, respetando la normativa de seguridad y ambiental para la preservación de estos lugares y cuyas obstrucciones están sujetas a sanciones establecidas por la ley.

"Igual es importante recalcar que el uso de bienes públicos como playas implica también una responsabilidad en la realización de actividades permitidas por la autoridad marítima y de cuidado del ecosistema presente en el lugar. Para ello, es primordial el ingreso a las aguas para bañistas en sectores estrictamente autorizados".

Rodrigo Castillo,, académico carrera de Derecho Universidad de Las Américas Sede Concepción