Pedro Bárcena González

Los vaivenes judiciales que han tenido dos emblemáticos proyectos en Castro sumaron en las últimas horas un nuevo y potente episodio. Un empresario se querelló por cohecho contra el alcalde Juan Eduardo Vera (UDI), señalando que le pidió 170 millones de pesos para sacar adelante las iniciativas.

En trámite y en poder el Ministerio Público de la capital chilota se encuentra la acción legal patrocinada por el abogado Sergio Coronado, en representación de Miguel Vilches Rivera de Inversiones Grupo 10 SpA; de Juan Inzunza Sepúlveda, de Electricidad Juan Daniel Inzunza Sepúlveda E. I .R. L., rol único tributario N°76.191.605-K, y de Unión Temporal de Proveedores "Electricidad Juan Daniel Inzunza Sepúlveda E. I. R. L. y Juan Daniel Inzunza Sepúlveda".

Como explicó el jurista, su cliente Miguel Vilches se adjudicó la reposición de la Posta de Salud Rural de Chelín, como la concesión del servicio de mantención y recambio led del sistema alumbrado público castreño (por 10 años por un monto mensual de casi $30 millones).

Justamente, como remarcó el profesional, a pocos días de formalizarse este último acuerdo -decreto alcaldicio del 2 de febrero del 2022- y cuando el avance de las obras del centro de salud insular llegaba a cerca del 90%, se realizó una reunión entre Vilches y el jefe consistorial en que se habrían desencadenado los hechos.

Según se expone en la querella, el alcalde le indicó al empresario que "si quería trabajar sin problemas en el contrato de las luminaria, necesitaba el pago de $160 millones que compartiría con miembros del concejo municipal. Adicionalmente, le dijo que si quería solucionar la situación relativa a la posta, que no estaba siendo recepcionada la obra, necesitaba que le pagara a él $10 millones".

Autor directo

De acuerdo a lo precisado por Coronado, luego de este encuentro "en que el alcalde le solicita el dinero para que 'pueda trabajar tranquilo' y que mi representado niega de manera categórica, surge una denuncia sobre supuestos certificados falsos presentados por mi cliente, la cual fue archivada por la Fiscalía al no existir antecedentes".

El abogado enfatizó que este ofrecimiento constituye "una situación gravísima que configura el delito de cohecho, siendo autor directo el alcalde de Castro, según los antecedentes entregados por mi representado. Por ello, no tenemos otra forma distinta que recurrir a la vía penal para que se investigue y sancione esta conducta tan grave que presentamos en la querella".

Asimismo, la fuente invocó que las diligencias sean desarrolladas por peritos del OS-9 de Carabineros de Puerto Montt, incluyendo la incautación desde el municipio de todos los documentos y soportes computacionales como telefónicos relativos a ambas licitaciones.

También, las pericias pretenden incluir la solicitud de autorización judicial para efectuar el alzamiento del secreto bancario, respecto a Juan Eduardo Vera Sanhueza, como requerir a la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Nacional un informe de levantamiento patrimonial del alcalde.

Por su parte, el aludido jefe consistorial desechó de plano las acusaciones, remarcando que esta querella responde a otras acciones judiciales que el municipio interpuso con anterioridad contra la empresa. Recalcó que sería una réplica a la liquidación del contrato de las luminarias.

"Las razones por las cuales se bajó la licitación se enfocan en que los documentos que presentaron para adjudicársela eran falsos", apuntó el edil, agregando por el tema de la posta que "se le puso término al contrato porque los 'itos' (inspectores técnicos de obras) determinaron que las bases del contrato no estaban siendo respetadas".

En tanto, el asesor legal de la municipalidad, Juan Manuel Castro, profundizó más sobre estas acciones, calificando la querella contra el alcalde como una maniobra destinada a "hacer ruido" y como una respuesta al requerimiento anterior que interpuso contra la empresa asociada.

El jurista describió que tras la adjudicación de las luminarias se recibieron 14 reclamos de parte de las otras firmas que participaron del proceso, centrados en la falta de autenticidad de los certificados de experiencia emanados desde las municipalidades de Temuco, Pinto y Bulnes que fueron presentados por la empresa ganadora de la licitación.

"Ante esta denuncia, el encargado de licitaciones del municipio de Castro (Sebastián Beiza) se comunica con dichas municipalidades y confirman que esos certificados eran falsos, que no los habían emitido", acotó el profesional.

Tribunales

Bajo este escenario, el consistorio resolvió desechar la adjudicación, "ante lo cual la empresa asociada acusó la ilegalidad de este decreto que le quitó la licitación. Un recurso que se vio en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que nos encontró la razón, por lo que ellos se fueron de casación ante la Corte Suprema, lo que está pendiente", dijo la fuente.

A su vez, el exdefensor penal puntualizó que ante los cuestionados certificados y por constituir eventuales delitos decidió denunciar los hechos al Ministerio Público, que terminó por archivar provisionalmente la carpeta. Sin embargo, recalcó que "presentamos luego una querella por falsificación y uso malicioso de instrumento público falsificado contra el representante de estas dos empresas que se unieron para la licitación".

Mientras que por la posta de isla Chelín, el abogado sostuvo que inició una acción civil contra la misma firma, en busca de la entrega de las obras que se mantenían cerradas con candados. Una sentencia que se entregó el viernes anterior y que ya posibilitó al consistorio acceder a las dependencias.

Demandas

En paralelo, la firma que estuvo a cargo del proyecto demandó por incumplimiento de contrato al municipio de Castro, por un monto cercano a los 800 millones de pesos; mientras que la municipalidad hizo lo propio y bajo la misma figura. Una causa que se mantiene vigente, en etapa de prueba.

Finalmente, el asesor legal insistió en que la última querella contra el alcalde Vera responde a todas estas instancias judiciales que se han visto previamente, acotando que este reciente recurso "no tiene asidero".

"Existirán otros elementos colaterales que permitirán al fiscal generar la convicción de que ocurrieron los hechos que planteamos".

Sergio Coronado, abogado querellante.

$29,7 millones como monto base mensual incluía el contrato de luminarias, por 10 años.

6 testigos incluye en su querella el municipio, para que se les tomen declaraciones.