Revuelo causó el requerimiento contra el alcalde Juan Eduardo Vera, el cual igual salpica sobre el Concejo Municipal de Castro, sindicado como parte de la repartija de la eventual coima.

Como indicó el concejal Enrique Soto (indep.), desde ya "estaré atento a las diligencias y resultado de dicha querella, porque aquí soy enfático y categórico en decir que jamás avalaré ningún acto de corrupción o cohecho, sea quien sea el involucrado e independiente del cargo que ostente".

Agregó que "de ser estas acusaciones ciertas, me parecen de la mayor gravedad, pues no solo se estaría vulnerando el procedimiento de licitaciones públicas mediante cobros o recompensas, sino también es de suma gravedad que se involucre al concejo municipal".

Enfatizó que "si los tribunales de justicia señalan la culpabilidad de estos hechos, no nos debe temblar la mano en exigir como concejo municipal el máximo de rigor en la ley, tanto en sede penal como administrativa", sumando que estará a disposición de las indagatorias, "para levantar voluntariamente mi secreto bancario si es necesario, y espero que así también lo hagan mis colegas".

Fiscalizador

Además, Soto dijo que "solicitaré en base a mi facultad fiscalizadora los decretos a los que hace alusión la querella, toda vez que invalidar un proceso de licitación a través de la revocación de decretos es una cuestión que debe fundarse, como establecen múltiples fallos del Tribunal de Contratación Pública y Contraloría".

Por su parte, el también concejal Ignacio Álvarez (PS) comentó desde la génesis del concurso de las luminarias que "no aprobé la adjudicación de la licitación porque faltaban antecedentes para poder tomar una decisión que amarrara a la municipalidad por 10 años. Existía una situación jurídica pendiente con la primera empresa, la que a mi parecer era bastante extraña y que no estaba concluida".

Remarcó el abogado que "por lo mismo, no aprobé la licitación de luminarias, solicité informe jurídico a la municipalidad y, asimismo, presenté denuncia en Contraloría para que revisen la legalidad de las dos licitaciones y el término de la primera empresa".

Pedro Bárcena González

En prisión preventiva quedó durante la jornada de ayer un conductor, sindicado como responsable de una tragedia vehicular registrada en la rotonda Huitauque de la comuna de Chonchi. En su auto impactó a un grupo de jóvenes, causando la muerte de uno y dejando a otro con lesiones de seriedad.

Tras ampliarse por 3 días su detención, se encausó ante el Juzgado de Garantía de Castro la indagatoria contra el imputado de iniciales L. I. G. V. (21), quien admitió su autoría en el siniestro vial registrado la madrugada del domingo pasado, en el que falleció Alan David Zalazar Aguilar (22).

Según lo expuesto por el fiscal Javier Calisto, se formalizó al encartado por conducción en estado de ebriedad y bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, sin haber obtenido licencia, con resultado de muerte, lesiones graves y daños; como también por el delito de huir del lugar del accidente sin dar cuenta a la autoridad ni prestar auxilio a las víctimas.

El persecutor remarcó que "el tribunal dio por acreditado el hecho ilícito principal", en virtud de las pericias desarrolladas por la unidad Investigadora de Accidentes en el Tránsito (IAT).

A su vez, el jurista invocó la cautelar más gravosa contra el nacido en Punta Arenas, en Magallanes, "en atención a la gravedad de las penas asignadas a los delitos por los que fue formalizado", explicando que se encausó por cada uno de los afectados como ilícitos independientes, a los que se sumó la denegación de auxilio.

Defensa

Por su parte, el defensor particular Yerko Yáñez invocó como cautelar el arresto domicilio total, cuestionando la necesidad de cautela bajo la precautoria más intensiva.

"Creemos que para asegurar los fines del proceso la medida que solicitamos es la más adecuada", acotó el abogado, sumando que se podrían configurar en la causa tres atenuantes. Un escenario que sustentaría su petición, junto al arraigo social, familiar y laboral que presentaría su representado.

"El joven se presentó voluntariamente ante Carabineros y se sometió a diversos exámenes, por lo cual existiría colaboración, lo que se agregaría a su irreprochable conducta anterior", sostuvo el profesional, agregando que otra aminorante sería la de confesar el delito pudiendo darse a la fuga. Ello, pese a que el joven se presentó ante la policía más de 4 horas después de ocurrido el atropello.

Más allá de estas argumentaciones, se acogió la prisión preventiva y se estableció un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.

En cuanto a la eventual carrera clandestina que habría precedido el siniestro vial, no se ventilaron en la audiencia antecedentes como para indagar al imputado.