Matías Gatica Lindsay - Medios Regionales

Clínicas de Chile A. G. afirmó que la crisis que afecta actualmente a las isapres "ha llegado a los pacientes", a quienes "no les queda otra alternativa que pagar y reembolsar a los prestadores".

Luego de que en diciembre del año pasado la Corte Suprema ordenara a la Superintendencia de Salud definir una metodología para ajustar los planes de las isapres a una tabla de factores vigentes y devolver los cobros en exceso a sus afiliados, y que a la vez estas no pongan en riesgo su supervivencia, las aseguradoras afirman que el plazo de seis meses interpuesto las ha hecho entrar en crisis económica.

Al respecto, el presidente de Clínicas de Chile, Gonzalo Grebe, dijo a Canal 13 que esto generará que las instituciones de salud previsional aumenten aún más su deuda con los prestadores, la que se incrementó un 80% entre marzo y noviembre, del año pasado (de $300 a $560 mil millones), antes del dictamen. Afirmó que esto ha afectado a estos recintos privados que en algunos casos dependen 100% de las aseguradoras, costo que finalmente lo terminan pagando los pacientes, por lo que pidió "soluciones ahora".

Por otra parte y pese al plazo de seis meses dado por el máximo tribunal (van seis semanas), el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, pidió mayor celeridad y afirmó a radio ADN que "ha pasado un mes y medio y no se tienen luces de cuál va a hacer el camino para ponerlo en práctica".

Adicionó que "esto no es el cuento del lobo", debido a que ya en ocasiones anteriores las isapres levantaron alertas por posibles quiebras. "Esto no viene de ahora. En la pandemia hubo cambios legales, se congelaron los precios durante dos años" y eso causó "los déficits más importantes de la historia" de las isapres, sostuvo.

Desde la Superintendencia de Salud (SuperSalud) recalcaron que el silencio "no quiere decir que las dejemos caer". Explicaron que "no falta celeridad por desidia, sino que porque debemos actuar con prudencia". A pesar de eso, mencionaron que la resolución estaría antes de junio, que es el plazo máximo.

Desde el Ejecutivo, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, contó que "como Gobierno no estamos empujando ninguna crisis" y que trabajan para fortalecer Fonasa (Fondo Nacional de Salud) ante "cualquier eventualidad que pase con las isapres". Estas últimas cuentan con más de tres millones de afiliados.

Un día después de haber asumido en la Fiscalía Nacional, Ángel Valencia, le solicitó a todos los directivos su renuncia, incluida Marta Herrera, la segunda carta del Gobierno para asumir ese puesto.

Según anunció La Segunda ayer, el persecutor, que está de viaje en la Región de La Araucanía, habría realizado la acción a través de un correo electrónico.

De acuerdo al medio, en el caso de la ahora exdirectora de la Unidad Especializada Anticorrupción se cruza con la controversia entre ambos luego que Herrera dijera en una entrevista con CNN que su actual jefe, en medio del proceso de elección al cargo, había tenido una comida con personeros de la Unión Demócrata Independiente.

"Entiendo que hubo una comida con el candidato Valencia, con gente vinculada entiendo que al mundo de la UDI. Entiendo, no sé detalles, insisto, que participó Andrés Chadwick, el exministro del Interior, estaba el señor Valencia, no sé de otras personas", sostuvo la profesional.

Otras de las tareas pendientes de Valencia será llenar el cargo de la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía Nacional, que quedó vacante luego que la abogada Francisca Werth renunciara cuando el exfiscal nacional Jorge Abbott cumplió el tope de edad para ejercer el cargo (75 años).

Hasta ahora, Valencia sigue trabajando con Andrea Seguel, la profesional que llegó con el exfiscal Sabas Chahuán a la jefatura de gabinete y que continuó con Abbott.

La exseremi de Desarrollo Social de RM Patricia Hidalgo expuso ayer ante la comisión revisora de la acusación constitucional presentada por el Partido Republicano contra el ministro titular de esa cartera, Giorgio Jackson. En la instancia aseguró que fue víctima de "una operación política, de maltrato y de abuso de poder".

Hidalgo dijo que hubo presiones "por parte de mis superiores jerárquicos para votar de una manera contraria a la cual hubiese sido mi deseo en el Servicio de Evaluación Ambiental de diversos proyectos de la Región Metropolitana".

Al ser consultada por si los secretarios regionales votan de acuerdo a instrucciones del Gobierno, respondió que "los seremis si bien participan de un Gobierno y son funcionarios de confianza, eso no los convierte en personas obsecuentes" y añadió que pese a su cercanía ideológica con el Frente Amplio, eso no quiere decir que a mí me van a dar instrucciones o me van a mandar a hacer cosas con las que no esté de acuerdo".

También ayer el ministro Jackson presentó un documento con sus descargos y nuevamente volvió a negar las presiones de las que es acusado: "Quiero transmitir toda la tranquilidad, desde el Ministerio de Desarrollo Social, que he obrado de manera correcta".

A partir de ahora la comisión tiene seis días para analizar la acusación. Luego la Cámara sesionará para ver si esta se acoge.