Redacción

Amplio impacto en la comunidad chilota ha causado la acción legal presentada por el empresario Miguel Vilches, vinculado a los proyectos de la Posta Rural de Chelín y luminaria led en Castro, contra el alcalde Juan Eduardo Vera, exmilitante de la Unión Demócrata Independiente.

Según el querellante, el jefe comunal castreño le habría solicitado el pago de 170 millones de pesos para sacar adelante estas iniciativas, lo que ayer nuevamente fue negado desde la defensa del político opositor, esta vez a través de una declaración firmada por su abogado Juan Manuel Castro.

El profesional repasa respecto a la mantención de luminarias para Castro que el 2 de febrero del 2022 fue adjudicado el contrato de mantención y recambio de iluminación led de la comuna, mediante decreto número 48.

"Posterior a dicha fecha, se presentaron 14 reclamos en el portal de compras públicas, respecto a la falta de autenticidad de los certificados de experiencia presentados por la empresa (ganadora) y que supuestamente provenían de las municipalidades de Temuco, Pinto y Bulnes. Sebastián Beiza, el encargado de licitaciones de Castro Municipio, se comunica con las municipalidades mencionadas, obteniendo respuestas por escrito de todos ellos que los certificados eran falsos", expone el escrito.

Según la fuente, el 9 de febrero de 2022 se hizo la denuncia en el Ministerio Público por falsificación y uso malicioso de instrumento público. Después, en marzo, "se hace el proceso para liquidar el contrato en virtud de tener la certeza que los certificados presentados por la empresa en cuestión eran falsos y se liquida el contrato", adjunta el comunicado.

En abril, según la fuente, el particular interpuso un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, la cual solicitó informar sobre la licitación en cuestión. A fines de noviembre, tras debate, el tribunal de alzada "descartó todas las pretensiones de ellos, señalando taxativamente que el municipio había actuado dentro de la legalidad al liquidar ese contrato, ante lo cual los representantes legales de la empresa cuestionada presentaron un recurso de casación ante la Corte Suprema, lo cual aún está pendiente de alegarse".

Castro asevera que la denuncia que se hizo en febrero avanzó "hasta el punto en que la PDI solicitaba los certificados físicos, los cuales solo están en poder de ellos, ya que todo el proceso de licitación se hace digital mediante plataforma informática. En ese punto el fiscal archiva la investigación; es decir, dejó la investigación en 'pausa' mientras se le hacen llegar nuevos antecedentes que le permitan seguir avanzando".

Así, a principios de noviembre se presentó la querella por uso malicioso de instrumento público, reactivándose la investigación.

"Como equipo jurídico estamos en permanente contacto con la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Puerto Montt para el desarrollo de las diligencias que se solicitaron en la querella presentada por este municipio, lo que se traduce en toma de declaraciones a los emisores de los certificados y peritaje caligráfico", adjunta la declaración.

posta de isla chelín

En cuanto al recinto para la atención primaria de la isla Chelín, Juan Manuel Castro expone que el contrato para la construcción fue liquidado en agosto del 2022 "por diversos incumplimientos de las bases, comprobándose que dicha edificación se hizo con materiales que no eran los requeridos, entre otros defectos, y siempre se negaron a subsanar, ya que ellos afirmaban que la posta, según ese criterio, estaba terminada.

"El mismo abogado de la empresa cuestionada en el mes de septiembre demandó al municipio por incumplimiento de contrato. Se respondió dicha demanda aseverando que fueron ellos los que incumplieron el contrato y nos decidimos a contrademandarlos también por incumplimiento de contrato. Actualmente estamos en etapa de prueba, ya que hubo una audiencia de conciliación el martes 10 de enero del este 2023, la que, obviamente, se frustró curiosamente un día antes que presentaran la querella respectiva", añade el comunicado.

Paralelo a eso, siempre de acuerdo a la misma fuente, la firma se negó a entregar las llaves de la posta, iniciándose otra causa civil para que la jueza autorizara al municipio "a entrar a la posta con orden de allanamiento y desarrajamiento. La sentencia que nos autorizó a ingresar y tomar posesión de la posta salió el 5 de enero y el sábado 7 ingresamos al lugar con notario público y la receptora judicial, en calidad de ministro de fe".

Según Castro, la querella presentada por cohecho es "una acción mediática judicial para desviar el verdadero sentido de las acciones judiciales que hemos emprendido como municipio contra la empresa en cuestión"

"Serán los tribunales respectivos quienes deberán determinar la inocencia de los cargos imputados a nuestro alcalde quien siempre ha actuado apegado a la legislación vigente", asegura el asesor jurídico, cerrando que "esto no es nada más que pretender enlodar la figura política del alcalde".

"El mismo abogado de la empresa cuestionada en septiembre demandó al municipio por incumplimiento de contrato. Se respondió dicha demanda y decidimos contrademandar".

Juan Manuel Castro,, asesor jurídico de la Municipaloidad de Castro.