César Cárdenas Ruiz

Cerca de un centenar de trabajadores integrantes del Sindicato N°1 de los Asistentes de la Educación de Ancud inició acciones legales en el Juzgado de Garantía local frente al complejo escenario que enfrentan los trabajadores de la enseñanza pública con el ente sostenedor, la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de la comuna norte de Chiloé.

Se trata de una querella criminal por apropiación indebida de cotizaciones previsionales en contra del alcalde y presidente de entidad sostenedora, Carlos Gómez Miranda (indep.). Si bien los propios paradocentes consultados evitaron referirse al tema, argumentando que ya se "inició la investigación" del caso, el abogado de los trabajadores, Sebastián Gómez, perteneciente al estudio jurídico HBO Abogados y Jaime Gallardo, de la ciudad de Valdivia, explicó que la acción judicial "ha sido acogida a tramitación por el Juzgado de Garantía de Ancud; no tiene que ver con otras acciones que hemos tomado conocimiento que se han interpuesto en contra del mismo imputado, sino que son hechos totalmente distintos, en este caso son más de un centenar de trabajadores que son víctimas de este delito".

Junto con ello, el jurista expuso que este tipo de actos en que se involucra al organismo sostenedor con los funcionarios no tienen que ver con una deuda propiamente tal. "Notamos con preocupación alguna suerte de distorsión en los conceptos malentendidos de buena fe por parte de los trabajadores, quienes entienden que cuando un empleador le descuenta de sus remuneraciones -las cuales ya son parte de su patrimonio-, ciertos montos para efectos de cotizaciones previsionales, ellos entienden que si el empleador no las entera en estas instituciones, se genera una deuda, entonces se indica que 'mi empleador me debe'", mencionó.

"Alejado de la realidad"

En este aspecto, el profesional aclaró que "eso no es apropiado, es muy alejado de la realidad, porque lo que existe en ese caso es un delito: el empleador nada debe, el empleador se ha apropiado de esos fondos, conforme a lo que indica la ley; no existía una obligación de restituir como en una deuda común, en este caso existe un delito de apropiación. Si evidentemente los trabajadores lo entienden de esa forma, como una deuda, ya nos podemos imaginar cómo lo malentiende igual un empleador".

Asimismo, la fuente acotó que la acción no solo involucra primeramente al jefe comunal. "Los imputados en el delito en este caso es el alcalde, sin perjuicio de que se evalúa la posibilidad de ampliar la querella a otras personas que puedan resultar responsables, no solamente como autor, sino que además en calidad de cómplices o encubridores de este delito cometido de manera dolosa. Las penas que se arriesgan van desde los 3 años y un día hasta los 5 años de privación de libertad, más el pago de determinadas multas e inclusive la inhabilidad ejercer cargos públicos".

Igualmente, el profesional de la capital de la Región de Los Ríos subrayó que "este es uno de los delitos más gravosos, toda vez que además es un delito reiterado; en cuanto al tiempo de la tramitación, esta parte querellante y las víctimas nos encontramos muy confiados en la diligente labor que se encuentra realizando el Ministerio Público, de manera muy reservada, para lograr los fines que se han perseguido, es por ello que no debiera extenderse un largo tiempo esta investigación".

Concejal ibáñez

Quien también tuvo palabras para referirse a lo que acontece es el concejal y presidente de la Comisión de Educación y Salud del ente colegiado, Andrés Ibáñez (PS). "Es una situación de carácter grave, claramente es una práctica que se ha venido sosteniendo en el tiempo durante muchos años en la comuna de Ancud, una práctica que claramente vulnera los derechos previsionales de los trabajadores, y están en su justo derecho de buscar las instancias jurídicas".

Sumó el edil y exdirigente que "nosotros hemos ejercido la facultad fiscalizadoras, ingresando diversos informes a Contraloría por medio escrito y hace poco estuvimos en Contraloría (Regional de Los Lagos) también, solicitando la fiscalización también en cuanto al tema previsional".

Preliminarmente, en octubre del 2022 y en medio de la toma del edificio municipal por el no pago íntegro de los sueldos a los trabajadores correspondiente a septiembre, que significó un recorte del 30% en las remuneraciones líquidas, la denominada Mesa de Educación de Ancud, estamento que reúne a docentes y asistentes de la enseñanza, ya habían presentado una denuncia ante la policía civil por apropiación indebida ante quienes resulten responsables. También se comunicó que existe una acción interpuesta ante la Contraloría, que está a la espera de su avance.

La Estrella intentó recoger impresiones por parte de la Corporación Municipal y la Municipalidad de Ancud a través de sus respectivas áreas de comunicaciones, no habiendo respuesta hasta el cierre de esta educación. Además, tras consultar al bufete de abogados Estudio Álvarez Pinto y Asociados Ltda., el profesional Ignacio Álvarez quedó de consultar al respecto con el alcalde Carlos Gómez por un pronunciamiento, lo que no ocurrió.