Inician lucha para recuperar asignación al desempeño difícil en la salud insular
A lo menos mil funcionarios serían los afectados con esta medida.
A lo menos unos mil funcionarios de la atención primaria de salud serían los afectados por la reducción del incentivo al desempeño difícil anunciado en los últimos días. Castro, Chonchi, Curaco de Vélez, Quinchao y Quellón serían las comunas más perjudicadas con esta medida que se estima costaría al Estado 800 millones de pesos anuales.
Tras el anuncio de la medida, ayer los integrantes de la Asociación de Municipales de Chiloé se reunieron para analizar las acciones a seguir, mientras que la atención primaria de salud de Chonchi inició un paro de actividades.
Nueve de los diez jefes comunales -solo faltó Ancud- se reunieron en la sala de sesiones del municipio de Castro para revisar las alternativas a seguir definiendo tres acciones: una de ellas considera reunirse con la ministra Ximena Aguilera o el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, la semana que viene; la segunda llegar a manifestaciones, y la tercera arribar a la justicia, ya que se trataría de un derecho adquirido.
Marcos Vargas (DC), presidente de la asociación, indicó que "es un buen momento para dar una pelea digna, esperamos viajar la próxima semana a Santiago. Son mil funcionarios afectados y 800 millones de pesos anuales que se estarían restando a varias comunas. Castro quedó con 0%".
Además, el jefe comunal de Queilen sostuvo que "le vamos a entregar todo el apoyo y no descartamos ninguna acción, esperamos viajar a Santiago y si no tenemos respuesta prontamente nos vamos a movilizar; los gremios tienen nuestro respaldado y no descartamos realizar una acción legal".
Urgente
Por su parte, René Garcés (indep.), alcalde de Quinchao, mencionó que "le pedí al presidente (Vargas) que era urgente reunirnos, coincidimos los alcaldes que con el tema del desempeño difícil: no entendemos lo que está pasando porque comunas históricas como Quinchao, con una dispersión geográfica tremenda, se le quita una parte del desempeño difícil que afecta a 52 funcionarios".
Agregó que "eso creemos que es inconcebible, estas personas recibieron el beneficio durante más de 20 años y no es posible que se borre tan fácilmente un derecho que pasa a ser adquirido, pero por sobre todo es la forma en que se calculan estos factores, la incorporación de otros y que en términos reales hace que la ruralidad, vivir en islas pareciera que no tuviera sentido, y el Gobierno tiene que enmendar estas medidas porque hay un perjuicio para la salud primaria".
Tras la cita, Fernando Pérez, presidente de Confusam Chiloé, puntualizó que "lo importante es que el capítulo de alcaldes se ha sensibilizado con esta situación que están viviendo los trabajadores, que muchos se han visto afectados al no recibir la asignación de desempeño difícil, lo cual nos tiene en estado de alerta".
"Vamos a realizar un par de acciones, los alcaldes se han comprometido a hacer gestiones en el ministerio, con congresistas, creo que vamos por buen camino para poder recuperar lo que se ha perdido", recalcó.
Quien también participó en la cita fue el diputado por la zona Héctor Ulloa (indep.), argumentando que "uno siempre está disponible no solamente de los alcaldes que son la primera línea de atención y estoy muy preocupado por la situación de los gremios de la salud, estamos trabajando junto a ellos durante más de 3 meses y la semana pasada supimos la noticia que están mermando sus remuneraciones producto a que se les ha retirado el incentivo al desempeño difícil, lo que me pare absurdo".
Junto con ello, el exmilitante del PPD describió que "después de todo el tiempo que el Gobierno se llena la boca con que hay que agradecerles todo lo que hicieron en pandemia, resulta incomprensible y absurdo que hoy en día le estemos qui-tando remuneraciones; eso es inconcebible, inaceptable y tenemos que darlo a conocer fuertemente".
"Vamos a realizar un par de acciones, los alcaldes se han comprometido a gestionar".
Fernando Pérez,, presidente de Confusam Chiloé.
$800 millones es el costo que tendría para el Estado este beneficio para la atención.