Matías Gatica Lindsay - Medios Regionales

El Ministerio de Salud condenó la balacera que se registró ayer en el Hospital Sótero del Río, en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana. "Vamos a tener que ser más estrictos con el ingreso", dijo la ministra de esa cartera, Ximena Aguilera.

La madrugada de ayer un grupo de personas llegó hasta el centro asistencial y realizó una serie de disparos -atribuidos presuntamente a un arma de fogueo- en el exterior del centro asistencial.

Debido a ello personal de Control de Orden Público (COP) y del GOPE (Grupo de Operaciones Policiales Especiales) de Carabineros debieron actuar con carros lanzagases y lanzaagua para dispersar a los antisociales.

Pese a que en un inicio se vinculó el hecho a la muerte de un joven de 23 años dentro del hospital, luego de una riña en el sector del pasaje Canal La Fuente, donde fue baleado junto a un adolescente de 15 años, que está fuera de riesgo vital, el subcomisario de la Brigada de Homicidios de la PDI Mario Escárate descartó que ambos hechos tuvieran relación.

Por este último hecho, el policía de Investigaciones añadió que "mediante reconocimiento fotográfico, se identificó la participación de un imputado que fue detenido esta mañana y pasará hoy (ayer) a control de detención".

Por otro lado, sobre el tiroteo en el hospital, la ministra Aguilera aseguró que "el hecho es grave. Conversé con el personal de turno, por supuesto que estaba muy afectado. No es primera vez que les ocurre (...). Tenemos que hacernos cargo de mejorar las condiciones de seguridad".

Es por ello que la médica aseguró que "se cambió la calidad de las puertas, pero eso es insuficiente: se evalúa ahora que hay que generar un perímetro de seguridad al interior donde puedan entrar los funcionarios y quedar mejor resguardados, pero también hay que hacer un mejor control del ingreso a todo el recinto hospitalario. Es un recinto grande que es difícil de resguardar pero tenemos que hacer un mejor esfuerzo en eso".

Delincuentes armados intentaron robar ayer en una sucursal del Banco BCI en la comuna de La Cisterna, Región Metropolitana. Sin embargo, al llegar Carabineros los antisociales huyeron del lugar premunidos con un arma y el chaleco antibalas de un guardia del recinto.

Alrededor de las 8:45 de ayer, un grupo de cuatro a cinco delincuentes ingresó a la entidad bancaria ubicada a la altura del paradero 22 de Gran Avenida, con la intención de robar el dinero de la bóveda.

Una vez dentro del lugar, los ladrones intimidaron con armas de fuego tanto a los clientes como a los trabajadores del banco. Sin embargo, según detalló el teniente coronel de Carabineros, Juan Reyes, cuando se disponían a realizar el robo escucharon las sirenas de la policía, por lo que escaparon sin realizar el atraco planeado, aunque sí robaron el chaleco antibalas y un arma de un guardia del recinto.

Según informó adicionalmente la Policía de Investigaciones, el hecho se vio frustrado también por el nerviosismo de uno de los empleados, debido a que estaba siendo apuntado, por lo que el robo demoró más de lo planeado.

Más tarde el vehículo en que se trasladaban los antisociales, que presenta encargo por robo, fue encontrado quemado en la comuna de San Bernardo.

Por orden del Ministerio Público, el caso fue puesto a disposición de la Brigada de Homicidios de la PDI, que busca a los responsables del delito.

Luego de la polémica que se ha generado por la frenada adquisición de la exclínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, el representante de la inmobiliaria que vendería el inmueble al consistorio defendió el supuesto sobreprecio en su compra.

El 19 de enero de este año la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, anunció la compra por cerca de $8.200 millones del exrecinto de salud para instalar una clínica municipal. Sin embargo fue acusada por concejales de esa comuna de pagar un sobreprecio, pues el avalúo del inmueble era cercano a los $2 mil millones.

Esta situación llegó a la Contraloría, entidad que frenó su transacción mientras llevan a cabo una investigación por el supuesto sobreprecio.

Sobre esto último, el representante de la inmobiliaria San Valentino, dueña del inmueble, Felipe Rojas, defendió el precio que iba a pagar el municipio por su compra. El abogado informó que cuando ellos compraron la exclínica en 2.200 millones en 2022 "estábamos frente a un eventual cambio de Constitución", que el recinto "estaba en desuso y abandono" y que "se sacaron 15 camiones con escombros" de su interior debido a reparaciones.

Por ello cuando la inmobiliaria negoció con el municipio unos peritos tasaron el inmueble en $8.600 millones, aunque llegaron a un acuerdo para venderla a $8.200.

Rojas añadió que el lunes entregará "todos los antecedentes" a la Contraloría.