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"La temporada de Alexis Sánchez en Francia ha sido mejor que la de Messi, de eso no hay dudas", Delio Onnis, goleador histórico de la Ligue 1, asegurando que "el chileno ha sido el jugador más determinante para Marsella en este torneo".

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El último Catastro de Campamentos 2020-2021 desarrollado por Techo-Chile, deja al descubierto que hoy 81.643 familias viven en 969 campamentos a nivel nacional, una preocupante y cruda realidad, la más alta desde 1996, que da cuenta de cómo muchas familias, connacionales y extranjeras no han tenido acceso a soluciones dignas en materia habitacional.

Ante este complejo escenario, de precarización de la vida humana, de aumento de la pobreza y la vulnerabilidad social de las personas y familias, agravada aún más por los efectos de la pandemia, la inflación, el aumento del precio del suelo, las barreras para acceso a créditos hipotecarios y la disminución de los ingresos autónomos de los hogares entre otras; tenemos como país el urgente desafío y el deber ético-político de reposicionar el derecho a la vivienda y el hábitat residencial, como un derecho social que debe ser garantizado y resguardado por parte del Estado.

Sin ir más lejos, y tomando como experiencia el confinamiento que experimentamos en pandemia, fuimos testigos de cómo la vivienda se transformó en el espacio obligado de trabajo, estudio y desarrollo de labores fundamentales de la vida cotidiana; lo que conllevó un impacto social negativo y desigual, afectando especialmente a quienes habitan viviendas precarias y/o de tamaño reducido, quienes vieron deteriorarse aún más su calidad de vida y percepción de bienestar subjetivo, producto del consecuente aumento de estrés familiar, como también de factores de riesgo que aumentaron la emergencia de las violencias y el deterioro de la salud mental individual y familiar y su relación con la habitabilidad y la vivienda.

Existiendo el desafío de fortalecer la política de vivienda social digna, procurando llegar a este amplio sector de la sociedad, que ha quedado y continuará relegado, de su ejercicio pleno de este derecho, de no recuperar un fuerte rol del Estado en esta materia social. Una política que no solo garantice el acceso a una vivienda, con debidos estándares de calidad tanto en infraestructura y materialidad, sino también bien la conformación de barrios integrados, con acceso a servicios para el desarrollo de la vida comunitaria y familiar, acorde a la dignidad de las personas en condiciones de igualdad y de justicia social.