Pedro Bárcena González

En todas sus partes fue desestimada en primera instancia judicial la denuncia por tutela laboral interpuesta por un trabajador contra el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El militante comunista acusaba de acoso laboral y persecución política a la exdelegada presidencial en Chiloé, Mariela Núñez (RD), invocando una indemnización cercana a los 39 millones de pesos.

La titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro, Carolina Pardo, resolvió recientemente rechazar por completo la acción legal interpuesta por Sergio Ballesteros Ugalde (36), quien había ingresado a la sede del Ejecutivo en la provincia el 15 de abril pasado para desempeñarse como asesor del programa Gobierno en Terreno.

Como expuso el trabajador en su requerimiento, habría sufrido "hostigamiento laboral" por su afiliación partidista, siendo desvinculado el 18 de julio para el reintegro de otro funcionario. Esta decisión la calificó como "arbitraria", obligándolo a someterse a sicoterapia, como tomar acciones legales.

Dictamen

A poco más de 4 meses de tramitada la causa, la sentenciadora expuso que "por orden judicial se llevó a cabo el reintegro a funciones públicas" del otro trabajador a cuyo puesto accedió el demandante. Agregó que a la fecha de su desvinculación, Ballesteros "no había presentado toda la documentación requerida para acreditar su expertise en el cargo".

Bajo este escenario, la jueza estimó que la "decisión de poner término anticipado a la prestación de servicios del actor obedece a asuntos administrativos y en eso no hay ningún atisbo de discriminación política".

Este dictamen fue valorado por la bióloga, quien especificó que por las supuestas presiones laborales el denunciante no aportó antecedentes que pudiesen sustentar dichas acusaciones, tales como las fechas de las acciones o detalles en cuanto a la forma en que se llevaron a cabo, por quién o quiénes de sus jefaturas.

"El Tribunal de Letras del Trabajo de Castro rechazó la querella (sic) donde me acusan de abuso y acoso laboral. Esto dado que el denunciante no presentó pruebas que sustentaran esos dichos, por lo que el tribunal rechazó esta y las demás acusaciones de vulneración de los derechos fundamentales presentadas en contra del Ministerio del Interior", expuso la profesional.

Por su parte, el abogado Fernando Barría, quien representa al denunciante desde el juicio, luego que iniciara la causa el exconvencional Julio Álvarez (PS), dijo que se están reuniendo los datos para recurrir de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Hasta la próxima semana existe plazo para dicho trámite.

Según lo expuesto por el jurista, se buscará defender en alzada los argumentos presentados en primera instancia.

"Nuestras alegaciones se desestimaron, entre otros motivos, al señalarse que por ser el señor Ballesteros perteneciente a uno de los partidos de coalición, no pareciera razonable alguna discriminación política. Sin embargo, creemos que no es imposible pensar que la Delegación Presidencial de Chiloé, al tener que cumplir una sentencia, haya decidido desvincular a mi cliente por temas políticos", aclaró el profesional.

Tramitaciones

Junto con reconocer que el escenario es "complejo", Barría advirtió que se enfoca en revertir el fallo del tribunal castreño.

"Realizaremos todas las tramitaciones que corresponden para tratar de establecer que efectivamente hubo vulneración contra este trabajador, siendo uno de los motivos el tema político", sostuvo la fuente, insistiendo que se presentó prueba suficiente para sustentar dicha postura.

Dentro de la evidencia incorporada que el abogado indicó que el Juzgado de Letras del Trabajo no profundizó en su dictamen, "estuvo la información obtenida desde la página de Transparencia que habla que la misma delegación contrató otra persona para ocupar el puesto que le correspondía al señor Ballesteros. Esto da indicios que al menos algo irregular estuvo ocurriendo", concluyó.

Núñez fue delegada provincial por 8 meses: marzo a noviembre de 2022.

Pedro Bárcena González

En todas sus partes fue desestimada en primera instancia judicial la denuncia por tutela laboral interpuesta por un trabajador contra el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El militante comunista acusaba de acoso laboral y persecución política a la exdelegada presidencial en Chiloé, Mariela Núñez (RD), invocando una indemnización cercana a los 39 millones de pesos.

La titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro, Carolina Pardo, resolvió recientemente rechazar por completo la acción legal interpuesta por Sergio Ballesteros Ugalde (36), quien había ingresado a la sede del Ejecutivo en la provincia el 15 de abril pasado para desempeñarse como asesor del programa Gobierno en Terreno.

Como expuso el trabajador en su requerimiento, habría sufrido "hostigamiento laboral" por su afiliación partidista, siendo desvinculado el 18 de julio para el reintegro de otro funcionario. Esta decisión la calificó como "arbitraria", obligándolo a someterse a sicoterapia, como tomar acciones legales.

Dictamen

A poco más de 4 meses de tramitada la causa, la sentenciadora expuso que "por orden judicial se llevó a cabo el reintegro a funciones públicas" del otro trabajador a cuyo puesto accedió el demandante. Agregó que a la fecha de su desvinculación, Ballesteros "no había presentado toda la documentación requerida para acreditar su expertise en el cargo".

Bajo este escenario, la jueza estimó que la "decisión de poner término anticipado a la prestación de servicios del actor obedece a asuntos administrativos y en eso no hay ningún atisbo de discriminación política".

Este dictamen fue valorado por la bióloga, quien especificó que por las supuestas presiones laborales el denunciante no aportó antecedentes que pudiesen sustentar dichas acusaciones, tales como las fechas de las acciones o detalles en cuanto a la forma en que se llevaron a cabo, por quién o quiénes de sus jefaturas.

"El Tribunal de Letras del Trabajo de Castro rechazó la querella (sic) donde me acusan de abuso y acoso laboral. Esto dado que el denunciante no presentó pruebas que sustentaran esos dichos, por lo que el tribunal rechazó esta y las demás acusaciones de vulneración de los derechos fundamentales presentadas en contra del Ministerio del Interior", expuso la profesional.

Por su parte, el abogado Fernando Barría, quien representa al denunciante desde el juicio, luego que iniciara la causa el exconvencional Julio Álvarez (PS), dijo que se están reuniendo los datos para recurrir de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Hasta la próxima semana existe plazo para dicho trámite.

Según lo expuesto por el jurista, se buscará defender en alzada los argumentos presentados en primera instancia.

"Nuestras alegaciones se desestimaron, entre otros motivos, al señalarse que por ser el señor Ballesteros perteneciente a uno de los partidos de coalición, no pareciera razonable alguna discriminación política. Sin embargo, creemos que no es imposible pensar que la Delegación Presidencial de Chiloé, al tener que cumplir una sentencia, haya decidido desvincular a mi cliente por temas políticos", aclaró el profesional.

Tramitaciones

Junto con reconocer que el escenario es "complejo", Barría advirtió que se enfoca en revertir el fallo del tribunal castreño.

"Realizaremos todas las tramitaciones que corresponden para tratar de establecer que efectivamente hubo vulneración contra este trabajador, siendo uno de los motivos el tema político", sostuvo la fuente, insistiendo que se presentó prueba suficiente para sustentar dicha postura.

Dentro de la evidencia incorporada que el abogado indicó que el Juzgado de Letras del Trabajo no profundizó en su dictamen, "estuvo la información obtenida desde la página de Transparencia que habla que la misma delegación contrató otra persona para ocupar el puesto que le correspondía al señor Ballesteros. Esto da indicios que al menos algo irregular estuvo ocurriendo", concluyó.

Núñez fue delegada provincial por 8 meses: marzo a noviembre de 2022.

A la espera de diligencias técnicas que esclarezcan por completo la dinámica de la tragedia vial, se amplió en las últimas horas la investigación por 4 delitos contra un sujeto, sindicado como responsable de un mortal siniestro vehicular en el borde costero de Castro.

El joven de iniciales M. J. P. S. era el conductor del auto que la madrugada del 3 de julio del 2022 se precipitó al mar, a la altura de las calles Blanco y Lillo, falleciendo su pareja identificada como Paola Reinao Trujillo (27).

El encartado es indagado por los delitos de manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad sin licencia de conducir causando daños, huir del lugar del accidente sin dar cuenta a la autoridad, conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad sin licencia de conducir causando daños y muerte, como también por negativa injustificada a realizarse la alcoholemia.

Como indicó el coordinador del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos, Álex Contreras, quien tiene el patrocinio legal de Valeria Trujillo, madre de la occisa, ante el Juzgado de Garantía de Castro "se amplió por 45 días la investigación en espera del informe de la SIAT (Sección Investigadora de Accidentes en el Tránsito)".

A la espera de diligencias técnicas que esclarezcan por completo la dinámica de la tragedia vial, se amplió en las últimas horas la investigación por 4 delitos contra un sujeto, sindicado como responsable de un mortal siniestro vehicular en el borde costero de Castro.

El joven de iniciales M. J. P. S. era el conductor del auto que la madrugada del 3 de julio del 2022 se precipitó al mar, a la altura de las calles Blanco y Lillo, falleciendo su pareja identificada como Paola Reinao Trujillo (27).

El encartado es indagado por los delitos de manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad sin licencia de conducir causando daños, huir del lugar del accidente sin dar cuenta a la autoridad, conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad sin licencia de conducir causando daños y muerte, como también por negativa injustificada a realizarse la alcoholemia.

Como indicó el coordinador del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos, Álex Contreras, quien tiene el patrocinio legal de Valeria Trujillo, madre de la occisa, ante el Juzgado de Garantía de Castro "se amplió por 45 días la investigación en espera del informe de la SIAT (Sección Investigadora de Accidentes en el Tránsito)".