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Recurso ante el TC paraliza el cobro de multas a la Corporación de Ancud

Abogado de la institución, Gabriel Silber, explicó los alcances del requerimiento ante el Tribunal Constitucional, que también inhibiría la indagatoria que realiza Contraloría. Calificó estas decisiones como "un precedente judicial".
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César Cárdenas Ruiz

Un convulsionado inicio de año escolar se ha vivido en Ancud, sobre todo tras conocerse los antecedentes que hablan de una eventual concurrencia al Tribunal Constitucional (TC) por parte de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de esta comuna, para objetar la deuda que actualmente mantiene la entidad con profesores y asistentes de la enseñanza.

No obstante, desde la asesoría jurídica del organismo, se explicaron los detalles específicos referentes al requerimiento que se hizo ante el TC, acción que buscaría "frenar" los cobros por intereses y multas de los compromisos previsionales, y no dejar sin efecto la deuda, como se habría mencionado.

Al respecto, el abogado de la corporación ancuditana, Gabriel Silber, comentó que "nosotros al Tribunal Constitucional presentamos un recurso, porque a nuestro juicio esta ley, me refiero a la Ley 3.500 (tiene por objeto crear un Sistema de Pensiones de Vejez, de Invalidez y Sobrevivencia derivado de la capitalización individual) en este aspecto es inconstitucional, por cuanto establece una doble multa; se castiga finalmente dos veces el monto de la deuda".

Junto con ello, el jurista añadió que "lo que logramos el 8 de febrero, primero hicimos esta presentación, que mientras se ventile el juicio, se paraliza obviamente por parte de los tribunales, en este caso todo aquello que diga relación con las multas, intereses y reajustes".

Adjuntó el profesional que "ello también tiene un efecto respecto a las investigaciones que lleva adelante la Contraloría General de la República. Mientras haya temas que se ventilen en tribunales por un principio de separación de poderes, obviamente se inhibe de tramitar o de conocer las causas de las investigaciones que se sustancian".

Por lo tanto, como clarificó la fuente, "la deuda podría bajar sustantivamente y acotarse a lo que corresponde, que es el pago o el servicio de las cotizaciones a los trabajadores".

Respecto a los avances que ha tenido esta acción jurídica, el abogado hizo hincapié en que "se suspendió obviamente el cobro, ello ya es un precedente judicial importante que incluso a nuestro juicio muchos otros municipios del país podrían de alguna manera, seguir respecto a lo inédito de esta resolución, porque comienza a poner las cosas en orden".

Sumó que "muchas veces el patrimonio municipal se veía más bien comprometido en pagar multas o intereses, más que destinarse a lo que corresponde".

Con todos estos antecedentes, Silber recalcó que "acá lo importante de la suspensión que acogió el Tribunal Constitucional, es que tiene efectos en los tribunales, pero particularmente de la Contraloría, tiene consecuencias; le hemos pedido a la Contraloría de que se inhiba de seguir tramitando con eventuales procesos de fiscalización, en cuanto no se resuelva lo fundamental, que es el monto de la deuda que a nuestro juicio -de avanzar positivamente esta causa- debiera bajar sustantivamente respecto a los montos que hoy día maneja la opinión pública".

Informe

Justamente, los resultados emanados de un informe de la Contraloría Regional de Los Lagos, detectó que la corporación ancuditna, durante "el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021, desembolsó un total de $331.443.395, por concepto de multas, recargos, intereses y otros, por el atraso en el pago de cotizaciones previsionales y de salud", entre otros aspectos detallados en dicho oficio.

En este sentido, también hubo reacciones por parte de la denominada Mesa de Educación, donde uno de sus representantes, Sergio Castillo, se refirió a los detalles plasmados en dicho documento, el que también grafica una abultada deuda que al "31 de diciembre de 2021", alcanza una suma que superior los 5 mil millones de pesos por no pago de cotizaciones previsionales y de salud del personal de todas sus áreas.

"Esto es algo que veníamos denunciando hace años, y por tanto es grato que salga esta información a la luz, que ya sea más transparente, y que se informe a la ciudadanía de lo que estamos viviendo la gente que está ligada a la educación municipalizada, porque cabe recordar que todo este millonario pago que tiene que hacer la corporación, por concepto de deudas previsionales que tiene con nosotros, es producto de malas gestiones", aclaró.

Finalizó el dirigente indicando que "hemos venido desde el 2016 en adelante, tratando de que se congelen las plantas de asistentes de la educación, sobre todo, y no lo hemos logrado; cada alcalde que ha venido siempre trae su gente, y obviamente sabemos que el área de educación siempre ha sido caja pagadora de favores políticos".

"La deuda podría bajar sustantiva-mente y acotarse a lo que corresponde, que es el pago o el servicio de las cotizaciones".

Gabriel Silber

Recurso ante el TC paraliza el cobro de multas a la Corporación de Ancud

Abogado de la institución, Gabriel Silber, explicó los alcances del requerimiento ante el Tribunal Constitucional, que también inhibiría la indagatoria que realiza Contraloría. Calificó estas decisiones como "un precedente judicial".
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César Cárdenas Ruiz

Un convulsionado inicio de año escolar se ha vivido en Ancud, sobre todo tras conocerse los antecedentes que hablan de una eventual concurrencia al Tribunal Constitucional (TC) por parte de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de esta comuna, para objetar la deuda que actualmente mantiene la entidad con profesores y asistentes de la enseñanza.

No obstante, desde la asesoría jurídica del organismo, se explicaron los detalles específicos referentes al requerimiento que se hizo ante el TC, acción que buscaría "frenar" los cobros por intereses y multas de los compromisos previsionales, y no dejar sin efecto la deuda, como se habría mencionado.

Al respecto, el abogado de la corporación ancuditana, Gabriel Silber, comentó que "nosotros al Tribunal Constitucional presentamos un recurso, porque a nuestro juicio esta ley, me refiero a la Ley 3.500 (tiene por objeto crear un Sistema de Pensiones de Vejez, de Invalidez y Sobrevivencia derivado de la capitalización individual) en este aspecto es inconstitucional, por cuanto establece una doble multa; se castiga finalmente dos veces el monto de la deuda".

Junto con ello, el jurista añadió que "lo que logramos el 8 de febrero, primero hicimos esta presentación, que mientras se ventile el juicio, se paraliza obviamente por parte de los tribunales, en este caso todo aquello que diga relación con las multas, intereses y reajustes".

Adjuntó el profesional que "ello también tiene un efecto respecto a las investigaciones que lleva adelante la Contraloría General de la República. Mientras haya temas que se ventilen en tribunales por un principio de separación de poderes, obviamente se inhibe de tramitar o de conocer las causas de las investigaciones que se sustancian".

Por lo tanto, como clarificó la fuente, "la deuda podría bajar sustantivamente y acotarse a lo que corresponde, que es el pago o el servicio de las cotizaciones a los trabajadores".

Respecto a los avances que ha tenido esta acción jurídica, el abogado hizo hincapié en que "se suspendió obviamente el cobro, ello ya es un precedente judicial importante que incluso a nuestro juicio muchos otros municipios del país podrían de alguna manera, seguir respecto a lo inédito de esta resolución, porque comienza a poner las cosas en orden".

Sumó que "muchas veces el patrimonio municipal se veía más bien comprometido en pagar multas o intereses, más que destinarse a lo que corresponde".

Con todos estos antecedentes, Silber recalcó que "acá lo importante de la suspensión que acogió el Tribunal Constitucional, es que tiene efectos en los tribunales, pero particularmente de la Contraloría, tiene consecuencias; le hemos pedido a la Contraloría de que se inhiba de seguir tramitando con eventuales procesos de fiscalización, en cuanto no se resuelva lo fundamental, que es el monto de la deuda que a nuestro juicio -de avanzar positivamente esta causa- debiera bajar sustantivamente respecto a los montos que hoy día maneja la opinión pública".

Informe

Justamente, los resultados emanados de un informe de la Contraloría Regional de Los Lagos, detectó que la corporación ancuditna, durante "el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021, desembolsó un total de $331.443.395, por concepto de multas, recargos, intereses y otros, por el atraso en el pago de cotizaciones previsionales y de salud", entre otros aspectos detallados en dicho oficio.

En este sentido, también hubo reacciones por parte de la denominada Mesa de Educación, donde uno de sus representantes, Sergio Castillo, se refirió a los detalles plasmados en dicho documento, el que también grafica una abultada deuda que al "31 de diciembre de 2021", alcanza una suma que superior los 5 mil millones de pesos por no pago de cotizaciones previsionales y de salud del personal de todas sus áreas.

"Esto es algo que veníamos denunciando hace años, y por tanto es grato que salga esta información a la luz, que ya sea más transparente, y que se informe a la ciudadanía de lo que estamos viviendo la gente que está ligada a la educación municipalizada, porque cabe recordar que todo este millonario pago que tiene que hacer la corporación, por concepto de deudas previsionales que tiene con nosotros, es producto de malas gestiones", aclaró.

Finalizó el dirigente indicando que "hemos venido desde el 2016 en adelante, tratando de que se congelen las plantas de asistentes de la educación, sobre todo, y no lo hemos logrado; cada alcalde que ha venido siempre trae su gente, y obviamente sabemos que el área de educación siempre ha sido caja pagadora de favores políticos".

"La deuda podría bajar sustantiva-mente y acotarse a lo que corresponde, que es el pago o el servicio de las cotizaciones".

Gabriel Silber