Pedro Bárcena González

Las disputas legales entre el alcalde de Castro, Juan Eduardo Vera (indep.) y dos empresarios sumó en las últimas horas una tercera querella. El jefe comunal presentó una acción criminal por el delito de calumnias, acusando que las imputaciones vertidas en su contra por un eventual cohecho afectaron su honra.

Para el 13 de abril próximo quedó fijada una audiencia de conciliación ante el juzgado de garantía de la capital chilota, donde se instará a un acuerdo entre los intervinientes para poner fin a la causa. De lo contrario, se preparará el juicio simplificado para esta acción penal privada, en que se invoca una pena de 300 días de presidio y multa de 10 UTM (unidades tributarias mensuales) contra los querellados.

Tal como explicó el abogado Sebastián Arancibia, quien representa al jefe consistorial, el requerimiento se enfoca contra Miguel Vilches Rivera y Juan Inzunza Sepúlveda, quienes se adjudicaron dos proyectos cuyas licitaciones luego fueron liquidadas por el alcalde. Acusan que se llegó a esta decisión porque no aceptaron entregar $170 millones que les habría pedido la autoridad para sacar adelante las iniciativas.

Los ejecutivos por medio de la empresa Inversiones Grupo 10 SpA ganaron la reposición de la Posta de Salud Rural de Chelín -tenía una avance de un 90% de construcción-, como la concesión del servicio de mantención y recambio led del sistema alumbrado público castreño. Sin embargo, alegan que el mandante invalidó los procedimientos porque ellos no acogieron este supuesto "soborno".

Argumentos

Como explicó el abogado querellante, los empresarios "imputaron el delito de cohecho y en su querella señalan que el alcalde les solicita la suma de $170 millones y que por no pagar esta suma declaró desierta la licitación de los dos proyectos. Pero esto no es así, puesto que estos empresarios presentaron documentación, certificados de experiencia adulterados que presuntamente provenían de las municipalidades de Bulnes, Pinto y Temuco".

Bajo este escenario, como continuó el jurista, el jefe comunal resolvió dejar sin efecto las licitaciones. "Ellos dicen que fueron dejados de lado por no pagarle el dinero al alcalde, pero la realidad es que se tomó esta decisión porque sus certificados de experiencia eran falsos, lo que marca una arista que también se está viendo en sede judicial", aclaró.

Justamente, la tercera querella que está vigente dentro de esta disputa legal se trata de una eventual falsificación y uso malicioso de instrumento público falsificado.

En definitiva, como expuso Arancibia, con esta nueva acción legal "buscamos que se declare por parte del tribunal que se dañó la honra del alcalde producto que se le imputo un delito que no corresponde con la realidad".

Por su parte, Juan Eduardo Vera, a través de sus redes sociales señaló que "podré meter las patas, pero jamás las manos", sumando que "buscaron condenarme por los medios, tratando de ensuciar mi imagen y la de mi familia. Se declaró admisible la querella que presenté por el delito de calumnias y estamos solicitando 300 días de reclusión por haberme denostado públicamente por un delito de cohecho totalmente falso".

Pedro Bárcena González

Las disputas legales entre el alcalde de Castro, Juan Eduardo Vera (indep.) y dos empresarios sumó en las últimas horas una tercera querella. El jefe comunal presentó una acción criminal por el delito de calumnias, acusando que las imputaciones vertidas en su contra por un eventual cohecho afectaron su honra.

Para el 13 de abril próximo quedó fijada una audiencia de conciliación ante el juzgado de garantía de la capital chilota, donde se instará a un acuerdo entre los intervinientes para poner fin a la causa. De lo contrario, se preparará el juicio simplificado para esta acción penal privada, en que se invoca una pena de 300 días de presidio y multa de 10 UTM (unidades tributarias mensuales) contra los querellados.

Tal como explicó el abogado Sebastián Arancibia, quien representa al jefe consistorial, el requerimiento se enfoca contra Miguel Vilches Rivera y Juan Inzunza Sepúlveda, quienes se adjudicaron dos proyectos cuyas licitaciones luego fueron liquidadas por el alcalde. Acusan que se llegó a esta decisión porque no aceptaron entregar $170 millones que les habría pedido la autoridad para sacar adelante las iniciativas.

Los ejecutivos por medio de la empresa Inversiones Grupo 10 SpA ganaron la reposición de la Posta de Salud Rural de Chelín -tenía una avance de un 90% de construcción-, como la concesión del servicio de mantención y recambio led del sistema alumbrado público castreño. Sin embargo, alegan que el mandante invalidó los procedimientos porque ellos no acogieron este supuesto "soborno".

Argumentos

Como explicó el abogado querellante, los empresarios "imputaron el delito de cohecho y en su querella señalan que el alcalde les solicita la suma de $170 millones y que por no pagar esta suma declaró desierta la licitación de los dos proyectos. Pero esto no es así, puesto que estos empresarios presentaron documentación, certificados de experiencia adulterados que presuntamente provenían de las municipalidades de Bulnes, Pinto y Temuco".

Bajo este escenario, como continuó el jurista, el jefe comunal resolvió dejar sin efecto las licitaciones. "Ellos dicen que fueron dejados de lado por no pagarle el dinero al alcalde, pero la realidad es que se tomó esta decisión porque sus certificados de experiencia eran falsos, lo que marca una arista que también se está viendo en sede judicial", aclaró.

Justamente, la tercera querella que está vigente dentro de esta disputa legal se trata de una eventual falsificación y uso malicioso de instrumento público falsificado.

En definitiva, como expuso Arancibia, con esta nueva acción legal "buscamos que se declare por parte del tribunal que se dañó la honra del alcalde producto que se le imputo un delito que no corresponde con la realidad".

Por su parte, Juan Eduardo Vera, a través de sus redes sociales señaló que "podré meter las patas, pero jamás las manos", sumando que "buscaron condenarme por los medios, tratando de ensuciar mi imagen y la de mi familia. Se declaró admisible la querella que presenté por el delito de calumnias y estamos solicitando 300 días de reclusión por haberme denostado públicamente por un delito de cohecho totalmente falso".

En un patrullaje preventivo, efectivos del Retén de Carabineros de Queilen detectaron ayer una plantación de marihuana al interior de un domicilio de la población Carlos Gómez, ante lo cual se procedió a la detención de la dueña de casa. Tras reconocer su propiedad de las especies, advirtiendo que serían para su consumo personal, la mujer de 41 años quedó en libertad y apercibida.

Alrededor de las 9.45 horas se gestó el dispositivo, en los momentos en que los uniformados se desplazaban por el pasaje Manuel Segundo Latif, donde observaron una construcción artesanal tipo invernadero desde la cual emergían unas hojas de Cannabis sativa.

Los funcionarios policiales, contando con la autorización previa de la jefa de hogar, ingresaron al recinto corroborando la presencia de 8 plantas de marihuana, con alturas que iban desde los 2,40 metros a los 140 centímetros.

"Se instruyó a la SIP (Sección de Investigación Policial) de Quellón realizar la prueba de campo respectiva, arrojando coloración positiva para cannabis", reportó el mayor Iván Ulloa, jefe de la Sexta Comisaría quellonina, con jurisdicción en Queilen.

Junto con descartarse indicios de comercialización de sustancias ilícitas, como elementos de dosificación o pesaje, y de sistemas indoor de plantación, se entregaron los antecedentes al Ministerio Publico.

Pesquisas

Dentro de las diligencias instruidas se encuentran la toma de declaración de los funcionarios aprehensores, la remisión de las actas de incautación e ingreso voluntarios al domicilio, como también confeccionar un set fotográfico del sitio del suceso.

La obrera quedó citada a comparecer a los actos del procedimiento penal por este caso de cultivo de especies vegetales del género cannabis, mientras que la hierba fue remitida en cadena de custodia al Servicio de Salud Chiloé para su análisis.

En un patrullaje preventivo, efectivos del Retén de Carabineros de Queilen detectaron ayer una plantación de marihuana al interior de un domicilio de la población Carlos Gómez, ante lo cual se procedió a la detención de la dueña de casa. Tras reconocer su propiedad de las especies, advirtiendo que serían para su consumo personal, la mujer de 41 años quedó en libertad y apercibida.

Alrededor de las 9.45 horas se gestó el dispositivo, en los momentos en que los uniformados se desplazaban por el pasaje Manuel Segundo Latif, donde observaron una construcción artesanal tipo invernadero desde la cual emergían unas hojas de Cannabis sativa.

Los funcionarios policiales, contando con la autorización previa de la jefa de hogar, ingresaron al recinto corroborando la presencia de 8 plantas de marihuana, con alturas que iban desde los 2,40 metros a los 140 centímetros.

"Se instruyó a la SIP (Sección de Investigación Policial) de Quellón realizar la prueba de campo respectiva, arrojando coloración positiva para cannabis", reportó el mayor Iván Ulloa, jefe de la Sexta Comisaría quellonina, con jurisdicción en Queilen.

Junto con descartarse indicios de comercialización de sustancias ilícitas, como elementos de dosificación o pesaje, y de sistemas indoor de plantación, se entregaron los antecedentes al Ministerio Publico.

Pesquisas

Dentro de las diligencias instruidas se encuentran la toma de declaración de los funcionarios aprehensores, la remisión de las actas de incautación e ingreso voluntarios al domicilio, como también confeccionar un set fotográfico del sitio del suceso.

La obrera quedó citada a comparecer a los actos del procedimiento penal por este caso de cultivo de especies vegetales del género cannabis, mientras que la hierba fue remitida en cadena de custodia al Servicio de Salud Chiloé para su análisis.

En una fiscalización realizada ayer por funcionarios de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones en Castro, se sacó de circulación un furgón escolar por no atenerse a la normativa vigente.

Tal como indicó el seremi del ramo, Pablo Joost, este operativo se llevó a cabo "en los entornos a los colegios dentro del marco del Plan Marzo por el retorno a clases. En Castro se realizaron 8 controles que derivaron en 3 citaciones y el retiro de un vehículo que no portaba la documentación vigente y que era conducido por una persona que tenía licencia clase B (se requiere A3)".

Además, el personero hizo un llamado a los usuarios de estos móviles "a que busquen con la patente en la página de nuestro ministerio si los servicios están vigentes y cumplen con la normativa. Igual instamos a que se respeten los estacionamientos reservados para el transporte escolar y así garantizar la seguridad de los niños".

Como aclaró la fuente, estos dispositivos continuarán en coordinación con "los municipios, juntas de vecinos, las delegaciones provinciales, con el objeto de dar solución a los requerimientos del transporte interurbano y rural".

En una fiscalización realizada ayer por funcionarios de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones en Castro, se sacó de circulación un furgón escolar por no atenerse a la normativa vigente.

Tal como indicó el seremi del ramo, Pablo Joost, este operativo se llevó a cabo "en los entornos a los colegios dentro del marco del Plan Marzo por el retorno a clases. En Castro se realizaron 8 controles que derivaron en 3 citaciones y el retiro de un vehículo que no portaba la documentación vigente y que era conducido por una persona que tenía licencia clase B (se requiere A3)".

Además, el personero hizo un llamado a los usuarios de estos móviles "a que busquen con la patente en la página de nuestro ministerio si los servicios están vigentes y cumplen con la normativa. Igual instamos a que se respeten los estacionamientos reservados para el transporte escolar y así garantizar la seguridad de los niños".

Como aclaró la fuente, estos dispositivos continuarán en coordinación con "los municipios, juntas de vecinos, las delegaciones provinciales, con el objeto de dar solución a los requerimientos del transporte interurbano y rural".