Castro: alcalde se querella contra dos empresarios
Acción privada por el delito de calumnias va contra ejecutivos que lo acusaron de cohecho.
Las disputas legales entre el alcalde de Castro, Juan Eduardo Vera (indep.) y dos empresarios sumó en las últimas horas una tercera querella. El jefe comunal presentó una acción criminal por el delito de calumnias, acusando que las imputaciones vertidas en su contra por un eventual cohecho afectaron su honra.
Para el 13 de abril próximo quedó fijada una audiencia de conciliación ante el juzgado de garantía de la capital chilota, donde se instará a un acuerdo entre los intervinientes para poner fin a la causa. De lo contrario, se preparará el juicio simplificado para esta acción penal privada, en que se invoca una pena de 300 días de presidio y multa de 10 UTM (unidades tributarias mensuales) contra los querellados.
Tal como explicó el abogado Sebastián Arancibia, quien representa al jefe consistorial, el requerimiento se enfoca contra Miguel Vilches Rivera y Juan Inzunza Sepúlveda, quienes se adjudicaron dos proyectos cuyas licitaciones luego fueron liquidadas por el alcalde. Acusan que se llegó a esta decisión porque no aceptaron entregar $170 millones que les habría pedido la autoridad para sacar adelante las iniciativas.
Los ejecutivos por medio de la empresa Inversiones Grupo 10 SpA ganaron la reposición de la Posta de Salud Rural de Chelín -tenía una avance de un 90% de construcción-, como la concesión del servicio de mantención y recambio led del sistema alumbrado público castreño. Sin embargo, alegan que el mandante invalidó los procedimientos porque ellos no acogieron este supuesto "soborno".
Argumentos
Como explicó el abogado querellante, los empresarios "imputaron el delito de cohecho y en su querella señalan que el alcalde les solicita la suma de $170 millones y que por no pagar esta suma declaró desierta la licitación de los dos proyectos. Pero esto no es así, puesto que estos empresarios presentaron documentación, certificados de experiencia adulterados que presuntamente provenían de las municipalidades de Bulnes, Pinto y Temuco".
Bajo este escenario, como continuó el jurista, el jefe comunal resolvió dejar sin efecto las licitaciones. "Ellos dicen que fueron dejados de lado por no pagarle el dinero al alcalde, pero la realidad es que se tomó esta decisión porque sus certificados de experiencia eran falsos, lo que marca una arista que también se está viendo en sede judicial", aclaró.
Justamente, la tercera querella que está vigente dentro de esta disputa legal se trata de una eventual falsificación y uso malicioso de instrumento público falsificado.
En definitiva, como expuso Arancibia, con esta nueva acción legal "buscamos que se declare por parte del tribunal que se dañó la honra del alcalde producto que se le imputo un delito que no corresponde con la realidad".
Por su parte, Juan Eduardo Vera, a través de sus redes sociales señaló que "podré meter las patas, pero jamás las manos", sumando que "buscaron condenarme por los medios, tratando de ensuciar mi imagen y la de mi familia. Se declaró admisible la querella que presenté por el delito de calumnias y estamos solicitando 300 días de reclusión por haberme denostado públicamente por un delito de cohecho totalmente falso".