Dictan pena rebajada a chofer ebrio que dejó amputados a dos trabajadores en Quellón
El transportista admitió su autoría y podría cumplir su condena en libertad. Familias de las víctimas exigen cárcel.
Disconformes y llenos de dudas se encuentran las víctimas -como sus familiares- del siniestro vial registrado en Quellón y que le provocó la amputación de sus extremidades inferiores. El conductor que los impactó enfrentó ayer un juicio abreviado y fue condenado a 5 años de presidio, los que podría cumplir en libertad.
Ante el juzgado mixto porteño se llevó a cabo la audiencia contra el transportista de iniciales J. M. G. F. (52), quien la noche del 29 de agosto del 2021 chocó el microbús que guiaba contra el camión recolector de basura en que viajaban, en la pisadera trasera, Carlos Villegas Banda (49) y José Oyarzo Uribe (51).
El primer trabajador perdió su pierna izquierda a la altura de la rodilla, en el mismo sitio del suceso, como también sufrió politraumatismos y una fractura de fémur; mientras que su compañero resultó con deformidad y aplastamiento severo de ambas extremidades inferiores con shock hipovolémico y amputación supracondilea bilateral de ambas piernas.
Para recibir una pena rebajada, el encartado que conducía con 2,76 gramos de alcohol por litro de sangre, como lo estipuló el informe de alcoholemia realizado por el Servicio Médico Legal de Puerto Montt, admitió los hechos de la acusación y fue condenado por manejo en estado de ebriedad con resultado de 2 lesiones graves gravísimas.
Justamente, en los cargos presentados en su contra el chofer arriesgaba 8 años de reclusión. Sin embargo, al ser reconocidas dos aminorantes a su favor, la pena bajó en un grado.
Como explicó el fiscal (s) Marco Antimilla, el tribunal "analizando todos los antecedentes estimó que existía prueba suficiente para condenar al imputado. Junto a los 5 años de presidio, se dictaron las accesorias de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos y derechos políticos, además inhabilidad perpetua para conducir vehículos motorizados, como el comiso del móvil empleado en el delito".
Asimismo, el persecutor advirtió que "nos comunicamos con ambas víctimas y sus representantes, informando que se iba a generar este abreviado y que la forma de cumplimiento es decisión final del tribunal", que se entregará este lunes.
Para este dictamen, como remarcó el defensor Daniel Fuenzalida, quien compareció a esta última audiencia, se solicitó "la libertad vigilada intensiva en atención a que se cumplen todos los requisitos para su imposición", agregando que se resolvió un cuántum de presidio menor en su grado máximo "aplicando el concurso de las atenuantes de irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial", al reconocer su autoría en el ilícito.
Reacciones
Los parientes de las víctimas, replicando el sentir de sus seres queridos, no quieren saber nada de una pena sustitutiva, más al considerar que el oriundo de Valdivia se ha mantenido privado de libertad -tanto en la cárcel como con arresto total- desde su detención.
Tanto familiares como cercanos se manifestaron ayer a las afueras del juzgado, esperando el máximo peso de la ley. Así lo indicó Daniel Oyarzo, hijo del mayor de los afectados, aclarando que el condenado "no debe estar en las calles, es un peligro y hoy puede estar caminando y mi papá no".
Igualmente, el joven señaló que "esperábamos una pena de 7 u 8 años de cárcel, pero nos dicen que son 5", sumando que aguardaban que la justicia "no tenga compasión con este criminal".
En tanto, Gladys Uribe, esposa del mismo trabajador que se encuentra en silla de ruedas, manifestó que "queremos justicia, este sujeto (acusado) no puede estar suelto, debe pagar con cárcel, no lo queremos ver afuera".
Por su parte, Mariela Villegas, hermana de Carlos, reportó que "él está viviendo acá en Loncoche (Región de La Araucanía), se le hace muy difícil viajar por su situación, por lo que no fue a la audiencia. Hablaremos con calma sobre este juicio", aunque enfatizó que "siempre hemos buscado las máximas penas y el cumplimiento efectivo".