Matías Gatica Lindsay - Medios Regionales

La justicia de Países Bajos acogió la solicitud realizada por el Estado chileno para extraditar a la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, condenada a cinco años y un día de presidio por el delito de fraude al fisco durante su gestión.

El mismo día en que la Corte Suprema ratificó la pena dictada por el Tribunal de Juicio Oral de Antofagasta, la exjefe comunal se fugó a Países Bajos, debido a que no tenía aún medidas cautelares de arraigo nacional, por lo que a los pocos días el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó la extradición de la política pro RN.

La justicia neerlandesa solicitó en diciembre del año pasado más información del caso al Estado chileno, y tres meses después la Corte de Rotterdam declaró como admisible la extradición de Rojo a Chile.

Con esto la defensa de la exalcaldesa tendrá 15 días para apelar al fallo y en paralelo el tribunal le recomendó al Ministerio de Justicia neerlandés que considere "la posibilidad de esperar el resultado del procedimiento de asilo" pedido anteriormente por la exseremi de Salud.

"Todavía proceden recursos en contra de esa resolución, pero por cierto es una decisión que nos tiene muy conformes y esperamos que muy pronto esté en Chile para enfrentar la responsabilidad que conforme a la ley corresponde", comentó el fiscal nacional Ángel Valencia.

Por su parte, el fiscal jefe de la Fiscalía de Antofagasta, Cristián Aguilar, sostuvo que el tiempo para que la sentencia se encuentre ejecutoriada "es variable", y al ser consultado sobre si la exjefa comunal podría cumplir su pena completa en Países Bajos, respondió que "no existe tratado bilateral que lo establezca, de modo que Karen Rojo debiera cumplir en forma total y completa la pena privativa de libertad que le impuso el Tribunal Oral de Antofagasta, esto es de cinco años y un día de cárcel efectiva".

La profesional se mantiene privada de libertad en la cárcel para mujeres de Utrecht, desde donde tramitó su solicitud de asilo acusando una supuesta persecución política. Desde el Ministerio Público confían en que no será acogida porque una convención de la ONU no la prevé para casos de corrupción.

Matías Gatica Lindsay - Medios Regionales

La justicia de Países Bajos acogió la solicitud realizada por el Estado chileno para extraditar a la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, condenada a cinco años y un día de presidio por el delito de fraude al fisco durante su gestión.

El mismo día en que la Corte Suprema ratificó la pena dictada por el Tribunal de Juicio Oral de Antofagasta, la exjefe comunal se fugó a Países Bajos, debido a que no tenía aún medidas cautelares de arraigo nacional, por lo que a los pocos días el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó la extradición de la política pro RN.

La justicia neerlandesa solicitó en diciembre del año pasado más información del caso al Estado chileno, y tres meses después la Corte de Rotterdam declaró como admisible la extradición de Rojo a Chile.

Con esto la defensa de la exalcaldesa tendrá 15 días para apelar al fallo y en paralelo el tribunal le recomendó al Ministerio de Justicia neerlandés que considere "la posibilidad de esperar el resultado del procedimiento de asilo" pedido anteriormente por la exseremi de Salud.

"Todavía proceden recursos en contra de esa resolución, pero por cierto es una decisión que nos tiene muy conformes y esperamos que muy pronto esté en Chile para enfrentar la responsabilidad que conforme a la ley corresponde", comentó el fiscal nacional Ángel Valencia.

Por su parte, el fiscal jefe de la Fiscalía de Antofagasta, Cristián Aguilar, sostuvo que el tiempo para que la sentencia se encuentre ejecutoriada "es variable", y al ser consultado sobre si la exjefa comunal podría cumplir su pena completa en Países Bajos, respondió que "no existe tratado bilateral que lo establezca, de modo que Karen Rojo debiera cumplir en forma total y completa la pena privativa de libertad que le impuso el Tribunal Oral de Antofagasta, esto es de cinco años y un día de cárcel efectiva".

La profesional se mantiene privada de libertad en la cárcel para mujeres de Utrecht, desde donde tramitó su solicitud de asilo acusando una supuesta persecución política. Desde el Ministerio Público confían en que no será acogida porque una convención de la ONU no la prevé para casos de corrupción.

Luego que la semana pasada la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar la reforma tributaria impulsada por el Gobierno, el exPresidente Ricardo Lagos cuestionó ayer a la derecha, que votó en bloque contra la iniciativa.

En una declaración pública, el exmandatario señaló que el rechazo de la reforma tiene "graves repercusiones negativas para el país", pues "significa la postergación por un año de la discusión de la reforma".

"Sé lo difícil que es legislar sobre impuestos, lo sufrí durante mi Gobierno (...). Ninguna duda de que el país necesita un trato tributario expresado en leyes sostenibles en el tiempo. Eso es lo que la mayoría de la Cámara ha interrumpido por un año", agregó.

Para Lagos, resulta "inadmisible que una cámara del Congreso Nacional se niegue a debatir sobre un tema de tanta importancia para el país". Y si bien añadió que estima que la derecha está "al debe", espera que "rectifique y retome el camino del diálogo y el entendimiento".

Sobre la reforma, el Presidente Gabriel Boric recalcó ayer al matinal de TVN que "estamos desarrollando una estrategia de diálogos sociales y políticos para poder reponer la reforma tributaria e incorporar las mejoras que haya que incorporar". Para ello sostendrán reuniones desde hoy.

A esto el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sumó que el Gobierno no ha "desechado" la opción de ingresar la reforma por el Senado.

Luego que la semana pasada la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar la reforma tributaria impulsada por el Gobierno, el exPresidente Ricardo Lagos cuestionó ayer a la derecha, que votó en bloque contra la iniciativa.

En una declaración pública, el exmandatario señaló que el rechazo de la reforma tiene "graves repercusiones negativas para el país", pues "significa la postergación por un año de la discusión de la reforma".

"Sé lo difícil que es legislar sobre impuestos, lo sufrí durante mi Gobierno (...). Ninguna duda de que el país necesita un trato tributario expresado en leyes sostenibles en el tiempo. Eso es lo que la mayoría de la Cámara ha interrumpido por un año", agregó.

Para Lagos, resulta "inadmisible que una cámara del Congreso Nacional se niegue a debatir sobre un tema de tanta importancia para el país". Y si bien añadió que estima que la derecha está "al debe", espera que "rectifique y retome el camino del diálogo y el entendimiento".

Sobre la reforma, el Presidente Gabriel Boric recalcó ayer al matinal de TVN que "estamos desarrollando una estrategia de diálogos sociales y políticos para poder reponer la reforma tributaria e incorporar las mejoras que haya que incorporar". Para ello sostendrán reuniones desde hoy.

A esto el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sumó que el Gobierno no ha "desechado" la opción de ingresar la reforma por el Senado.

Luego del robo frustrado de US$32 millones a un camión de valores en el aeropuerto de Santiago la semana pasada, que terminó con dos muertos, funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) acusaron haber recibido presiones de la institución tras exponer problemas de seguridad desde el año pasado.

Según dijo el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la DGAC, Luis Osorio, a Chilevisión, en los últimos días "nuestro personal ha sido advertido de que las acciones que nosotros estamos ejecutando, es decir, visibilizar estos hechos, a lo único que podría conducir es a una eventual privatización y las consecuentes pérdidas de la fuente laboral de cada uno de los trabajadores".

Según señalaron en el mismo canal, la DGAC habría negado rotundamente las acusaciones de presiones indebidas.

Respecto a estas denuncias el Presidente Gabriel Boric no quiso referirse particularmente, pues manifestó al matinal de TVN que se trata de un caso en investigación.

En paralelo, diputados de la Comisión de Defensa llegaron hasta el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez para inspeccionar las condiciones en las que trabajan los vigilantes. Sobre ello el parlamentario del PS Tomás de Rementería mencionó que "los funcionarios no tienen condiciones mínimas para su trabajo. Hay casas del barrio alto que tienen mejores condiciones de seguridad que el aeropuerto".

Luego del robo frustrado de US$32 millones a un camión de valores en el aeropuerto de Santiago la semana pasada, que terminó con dos muertos, funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) acusaron haber recibido presiones de la institución tras exponer problemas de seguridad desde el año pasado.

Según dijo el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la DGAC, Luis Osorio, a Chilevisión, en los últimos días "nuestro personal ha sido advertido de que las acciones que nosotros estamos ejecutando, es decir, visibilizar estos hechos, a lo único que podría conducir es a una eventual privatización y las consecuentes pérdidas de la fuente laboral de cada uno de los trabajadores".

Según señalaron en el mismo canal, la DGAC habría negado rotundamente las acusaciones de presiones indebidas.

Respecto a estas denuncias el Presidente Gabriel Boric no quiso referirse particularmente, pues manifestó al matinal de TVN que se trata de un caso en investigación.

En paralelo, diputados de la Comisión de Defensa llegaron hasta el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez para inspeccionar las condiciones en las que trabajan los vigilantes. Sobre ello el parlamentario del PS Tomás de Rementería mencionó que "los funcionarios no tienen condiciones mínimas para su trabajo. Hay casas del barrio alto que tienen mejores condiciones de seguridad que el aeropuerto".