Declaran ilegal detención de core y líder vecinal tras masiva protesta en Chacao
El operativo de Carabineros no se ajustó a derecho para la aprehensión de Andrés Ojeda y Pablo Montalva. El consejero regional dijo que "los hechos registrados no desembocan en algún delito o falta de mi parte".
Ante la insuficiencia probatoria para establecer los presuntos delitos en su contra, durante la jornada de ayer se decretaron como ilegales las detenciones del consejero regional Andrés Ojeda y el dirigente Pablo Montalva de la Coordinadora Coñimó-Lamecura, las que se produjeron en el marco de una protesta efectuada en los embarcaderos de Chacao.
Los representantes sociales fueron aprehendidos mientras se manifestaban la tarde del lunes en apoyo a los trabajadores de la educación de Ancud, quienes viven una profunda crisis ante el paupérrimo manejo administrativo del sostenedor, que por más de 7 años los tiene sin el pago de sus cotizaciones previsionales y que en marzo recibieron solo el 58% de su sueldo.
Más de un centenar de personas interrumpió parcialmente el trasbordo en las rampas durante la movilización, visualizando su problemática y exigiendo soluciones de fondo. Dentro de este contexto se produjo la intervención del grupo antidisturbios de Carabineros.
Así lo explicó el prefecto de Chilé y Palena, coronel Andrés Graves, enfatizando que en los terminales de conectividad 1 y 2 "el tránsito fue suspendido o de forma intermitente se estaba dando el paso de los vehículos por parte del grupo que se manifestaba por problemas educacionales. Por ello, junto a la Armada tomamos las medidas".
El oficial remarcó que las protestas se extendieron hasta cerca de la 1 de madrugada de ayer. "Como resultado se logró la detención de dos personas, identificadas como agitadores del bloqueo. Uno de ellos era el core Andrés Ojeda, quien fue aprehendido por oponerse a la acción de Carabineros, al intervenir en la detención de otro manifestante que impedía el paso por la rampa", acotó.
Justificando el operativo, el jefe policial cuestionó la manera empleada para la movilización. "Siempre hay formas y nuestros funcionarios estarán presentes para resguardar este derecho (a protestar), pero debe ser de forma tranquila, sin alteraciones graves, como bloqueos a rutas de acceso, retrasando el paso de vehículos de emergencia, como se vio en la jornada ante lo cual se adoptaron las medidas", dijo.
De esta forma, los imputados este martes fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Ancud, donde el fiscal Luis Barría, expuso los antecedentes vinculados al procedimiento policial.
"Se dio cuenta de la declaración de los funcionarios de Carabineros que adoptaron el operativo, como también del análisis de cámaras de seguridad. También se presentó el informe de la SIP (Sección de Investigación Policial) local", remarcó el persecutor para sustentar el accionar de los uniformados.
No obstante, este despliegue fue cuestionado por el defensor Carlos Barahona, quien solicitó la ilegalidad de la detención.
"Postulamos que los hechos que motivaron la intervención de Carabineros y la aprehensión de mis representados no son constitutivos de delitos", precisó el abogado, validando el derecho de manifestarse de los encartados.
Estas alegaciones fueron acogidas por el magistrado Fernando Feliú, quien decretó que el accionar de los uniformados no estuvo ajustado a derecho.
Sin cautelares
Más allá de este escenario, el fiscal Barría formalizó una indagatoria contra el core por atentado contra la autoridad pública y por desórdenes públicos contra el dirigente vecinal. Ambos quedaron sin cautelares, en especial por la ilegalidad del procedimiento en que fueron aprehendidos.
Asimismo, el sentenciador dictó un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación. "En este tiempo se recabarán mayores antecedentes, como la declaración del resto de los funcionarios a cargo del procedimiento y el análisis de cámaras de seguridad y particulares, para determinar la existencia de los ilícitos, como la eventual participación de los imputados", concluyó el representante del Ministerio Público.
"Los hechos que motivaron la intervención de Carabineros y la detención de mis representados no son constitutivos de delitos".
Carlos Barahona,, defensor penal.
Versión y ratificación de apoyo
El consejero regional Andrés Ojeda, tras quedar en libertad contó su versión de lo sucedido, indicando que "con el fin de colaborar en medio de la manifestación en Chacao, intermedié durante toda la jornada entre gremios y comunidades educativas, junto a autoridades locales y nacionales, con el fin de que fluyera la información hacia ambos lados, incluidos medios de comunicación". Bajo esa dinámica, enfatizó que no se vieron problemas, hasta que cerca de las 19 horas del lunes "veo desde la distancia forcejeos entre fuerzas de orden y manifestantes. Me acerco y observo que están aprehendiendo al dirigente Pablo Montalva y me dirijo hacia allá para hacer ver que él era un dirigente y que se detuviera el procedimiento. Sin embargo, en el tumulto que se formó fui detenido". La fuente dijo que en la audiencia se revisaron videos, en los que "no se constituían hechos que desemboquen en algún delito o falta por mi parte". Además, el core reafirmó el apoyo a los trabajadores que se movilizan, señalando que "la crisis que hoy vive la educación y salud primaria de nuestra provincia debe trabajarse con todos los actores, sin dejar a nadie afuera para generar fuerza y exigir al Gobierno central intervenir en esta problemática que pareciera que no tiene solución al menos desde la instancia local".
60 días se dictaron para el desarrollo de la indagatoria por esta causa.