Mujer queda privada de libertad por parricidio tentado en Quellón
Tribunal de alzada revocó dictamen que había dejado sin cautelares a la imputada de acuchillar a su exconviviente.
Apuntando a su peligrosidad, en virtud del delito formalizado y su penalidad, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt revocó ayer el dictamen de primera instancia que había dejado sin cautelares a una imputada por parricidio tentado en Quellón. De esta forma, los ministros decretaron la prisión preventiva en su contra.
La joven de iniciales Y. E. M. B. (33) fue detenida por Carabineros de la Sexta Comisaría del sur de la Isla, la tarde del miércoles pasado, tras ser sindicada como responsable del ataque con arma banca contra su exconviviente, al interior de un domicilio del sector Barra Chaiguao.
El propio afectado de 44 años, entregó los primeros antecedentes al personal de servicio que se constituyó en el lugar. Así lo reportó el mayor Iván Ulloa, titular de la unidad base, añadiendo que los funcionarios "encontraron en la vía pública a la víctima que indicó haber sido agredida tras mantener una discusión con su expareja".
Procedimiento
Dos lesiones cortopunzantes costales presentaba el obrero y un profuso sangrado. Incluso, mantenía en su poder el cuchillo con el que presuntamente fue atacado. Con esta evidencia, los uniformados se constituyeron en el inmueble de la mujer, quien espontáneamente reconoció la autoría de las cuchilladas, ante lo cual fue aprehendida en flagrancia.
Los mismos policías trasladaron de manera inicial al herido, pero a la altura del puente Chaiguao fue traspasado a la ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), donde se procedió a su estabilización y posterior derivación al hospital porteño, donde se constató que presentaba lesiones de gravedad.
Con los informes médicos preliminares, como también los policiales que incluyeron el trabajo de la Sección de Investigación Policial (SIP), en especial en el sitio del suceso, el fiscal (s) Marco Antimilla formalizó por parricidio tentado a la joven, invocando la cautelar más gravosa.
Sin embargo, el magistrado (s) Leandro Bahamonde no determinó precautoria alguna, ante lo cual el persecutor apeló verbalmente en la misma audiencia, con lo cual el tribunal de alzada se encargaría de analizar las medidas.
Durante la mañana de este viernes, el representante del Ministerio Público alegó ante los ministros para sustentar su postura, enfatizando que la decisión del Juzgado Mixto de Quellón no se ajustó a derecho.
Junto con especificar que la libertad de la encartada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y la víctima, como también por existir riesgo de fuga, el abogado añadió que "la imputada mantiene procesos vigentes por delitos contra la vida".
Además, el profesional remarcó que existen antecedentes para establecer la existencia del delito como la participación de la joven, sumando que la necesidad de cautela se basa en la gravedad del ilícito encausado, su penalidad (sancionado con pena de crimen) y la forma de comisión del mismo.
Defensa
Por su parte, el defensor Daniel Fuenzalida, quien en la audiencia de formalización sostuvo que no existían mayores medios probatorios para acreditar el tipo penal, mencionando que se "trataría de un delito de lesiones", como la intervención de su representada, precisó que ante la Corte de Apelaciones se insistió en esta posición.
Tras analizar las alegaciones de los intervinientes, los jueces de alzada señalaron que existen antecedentes para sostener los presupuestos materiales del delito y autoría de la encartada, coincidiendo con la postura fiscal que su libertad es peligrosa, con lo cual decretaron la prisión preventiva.
Bajo este contexto, el defensor manifestó que con el avance de las diligencias, "pediremos un informe social para descartar el riesgo de fuga, además analizaremos si orientamos nuestra teoría a razones de género", puesto que la mujer también aparecería en otras causas como víctimas de violencia intrafamiliar por parte del obrero.
Apoyo integral a la víctima
Gestiones para contactar al afectado por este ataque armado están realizando los profesionales del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD), con sede en Castro. Así lo reafirmó su coordinador, Álex Contreras, añadiendo que "al tomar conocimiento de este parricidio tentado, buscamos ofrecer nuestras prestaciones en el área jurídica, psicológica y social, un apoyo integral por tratarse de un delito grave que repercute en la sensación de seguridad de toda la sociedad". El abogado puntualizó que "como programa público se busca llegar a todas las personas afectadas por delitos graves, con el objeto de superar los negativos efectos de estos".
13:30 del miércoles se recibió el llamado alertando del delito ocurrido en la Barra Chaiguao.
90 días se decretaron para el desarrollo de las pesquisas formalizadas por esta causa.