Un inspector de Seguridad Ciudadana del municipio de Macul falleció horas después de ser apuñalado por un adolescente en un operativo de violencia intrafamiliar.

Según informó Carabineros, la noche del lunes personal de dicha unidad concurrió a un operativo por la agresión de un adolescente hacia su hermana, ocurrido al interior de un departamento en calle Los Olmos con avenida Macul.

Cuando los inspectores llegaron los padres de la familia los hicieron pasar al domicilio, momento en que por razones que se investigan el joven de 17 años se abalanzó sobre uno de los funcionarios, Hugo Vega, y lo apuñaló en reiteradas oportunidades, provocándoles lesiones mayores, razón por la que fue detenido por Carabineros y, hasta el cierre de esta edición, se esperaba su formalización.

El inspector herido fue trasladado al Hospital de La Florida, aunque debido a la gravedad de sus lesiones fue derivado a la unidad de cardiología del Hospital Sótero del Río, donde en la mañana de ayer falleció.

Hugo Vega tenía 63 años y a través de sus redes sociales se declaraba como amante del rock. Llevaba más de 8 años trabajando en el municipio de Macul en labores de seguridad y a través de sus redes sociales expresó en alguna ocasión lo mucho que amaba su labor, pues le gustaba dar a las personas vulneradas "consuelo y tal vez una pequeña esperanza".

Consternado por el hecho, el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, decretó duelo comunal en homenaje al fallecido y pidió otorgarles mayores atribuciones, pues hoy no se les permite utilizar herramientas para defenderse.

Se sumó el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, Gustavo Alessandri, quien mencionó que hace tiempo advirtieron al Gobierno de la necesidad de dar mayores atribuciones a los inspectores y dotarlos de elementos de defensa.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reconoció que "hay guardias municipales cumpliendo labores que eventualmente ponen en riesgo su vida, por eso estamos en conversaciones con municipios para darles mayores facultades, pero también sancionar de manera severa las agresiones a funcionarios municipales".

En esa línea, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, anunció un proyecto de ley para fortalecer el rol preventivo de los municipios y los funcionarios, incluyendo también a los alcaldes.

Un inspector de Seguridad Ciudadana del municipio de Macul falleció horas después de ser apuñalado por un adolescente en un operativo de violencia intrafamiliar.

Según informó Carabineros, la noche del lunes personal de dicha unidad concurrió a un operativo por la agresión de un adolescente hacia su hermana, ocurrido al interior de un departamento en calle Los Olmos con avenida Macul.

Cuando los inspectores llegaron los padres de la familia los hicieron pasar al domicilio, momento en que por razones que se investigan el joven de 17 años se abalanzó sobre uno de los funcionarios, Hugo Vega, y lo apuñaló en reiteradas oportunidades, provocándoles lesiones mayores, razón por la que fue detenido por Carabineros y, hasta el cierre de esta edición, se esperaba su formalización.

El inspector herido fue trasladado al Hospital de La Florida, aunque debido a la gravedad de sus lesiones fue derivado a la unidad de cardiología del Hospital Sótero del Río, donde en la mañana de ayer falleció.

Hugo Vega tenía 63 años y a través de sus redes sociales se declaraba como amante del rock. Llevaba más de 8 años trabajando en el municipio de Macul en labores de seguridad y a través de sus redes sociales expresó en alguna ocasión lo mucho que amaba su labor, pues le gustaba dar a las personas vulneradas "consuelo y tal vez una pequeña esperanza".

Consternado por el hecho, el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, decretó duelo comunal en homenaje al fallecido y pidió otorgarles mayores atribuciones, pues hoy no se les permite utilizar herramientas para defenderse.

Se sumó el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, Gustavo Alessandri, quien mencionó que hace tiempo advirtieron al Gobierno de la necesidad de dar mayores atribuciones a los inspectores y dotarlos de elementos de defensa.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reconoció que "hay guardias municipales cumpliendo labores que eventualmente ponen en riesgo su vida, por eso estamos en conversaciones con municipios para darles mayores facultades, pero también sancionar de manera severa las agresiones a funcionarios municipales".

En esa línea, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, anunció un proyecto de ley para fortalecer el rol preventivo de los municipios y los funcionarios, incluyendo también a los alcaldes.

Persecución penal y al patrimonio del narcotráfico

Durante los últimos años, en nuestro país se ha experimentado un explosivo aumento de incautaciones de diversos tipos de drogas. Cocaína, marihuana, pasta base y alucinógenos sintéticos, como la denominada tussi, son algunas de las drogas con mayor presencia en diversas regiones, incluida nuestra Región de Los Lagos.

A lo anterior, se suma el surgimiento de diversas bandas y organizaciones criminales en el país, las que operan cometiendo diversos delitos, como robos de vehículos, estafas, secuestros, entre otros.

Para enfrentar estos fenómenos delictuales, como Ministerio Público hemos reforzado el trabajo coordinado y estratégico con las policías, lo que ha significado no solo incautaciones de drogas, sino que también las detenciones de quienes se han dedicado a vender, transportar o cultivar algún tipo de estupefaciente, logrando obtener a su respecto ya sea la medida cautelar de prisión preventiva durante el proceso o sentencias efectivas de cárcel una vez concluido aquel.

Como Fiscalía estamos convencidos que la condena de los partícipes en los delitos es fundamental, pero no es lo único para erradicar el fenómeno, por lo que adicionalmente a las penas de cárcel solicitadas al tribunal respectivo, hemos potenciado los requerimientos para incautar los patrimonios de quienes son condenados por delitos vinculados al tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos, según lo disponen los artículos 469 y 470 del Código Procesal Penal.

En este sentido, durante el 2022 se realizaron múltiples remates de vehículos asociados a este tipo de causas, remates que fueron materializados por la Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), logrando recaudar más de 243 millones de pesos.

En el caso de los productos rematados en investigaciones por drogas o lavado de activos, si la respectiva resolución señaló el comiso de las especies, los dineros recaudados a través de los remates son destinados al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), los que son principalmente utilizados para programas de rehabilitación de jóvenes en situación de drogadicción y alcoholismo. Para los casos que no se rigen por Ley 20.000, lo recaudado en las subastas es destinado a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

$17 millones

Durante el 2023, ya se han recaudado cerca de 17 millones de pesos para programas del Senda, y estamos a la espera de la calendarización de nuevos remates de vehículos.

Como Fiscalía Regional de Los Lagos seguiremos ejerciendo firmemente la acción penal respecto de quienes trafiquen droga y quienes pretendan blanquear el dinero que obtengan de ello; sumando a lo anterior toda la labor administrativa que conlleva impulsar el remate de los bienes provenientes de acciones ilícitas, buscando con ello debilitar a las organizaciones criminales y que con un trabajo interinstitucional coordinado es posible potenciar.

"Como Fiscalía estamos convencidos que la condena de los partícipes en los delitos es fundamental, pero no es lo único para erradicar el fenómeno, por lo que adicionalmente a las penas de cárcel solicitadas al tribunal respectivo, hemos potenciado los requerimientos para incautar los patrimonios de quienes son condenados por delitos vinculados al tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos".

Carmen Gloria Wittwer Opitz, fiscal regional de Los Lagos, abogada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Derecho Penal por la Universidad de Chile

Persecución penal y al patrimonio del narcotráfico

Durante los últimos años, en nuestro país se ha experimentado un explosivo aumento de incautaciones de diversos tipos de drogas. Cocaína, marihuana, pasta base y alucinógenos sintéticos, como la denominada tussi, son algunas de las drogas con mayor presencia en diversas regiones, incluida nuestra Región de Los Lagos.

A lo anterior, se suma el surgimiento de diversas bandas y organizaciones criminales en el país, las que operan cometiendo diversos delitos, como robos de vehículos, estafas, secuestros, entre otros.

Para enfrentar estos fenómenos delictuales, como Ministerio Público hemos reforzado el trabajo coordinado y estratégico con las policías, lo que ha significado no solo incautaciones de drogas, sino que también las detenciones de quienes se han dedicado a vender, transportar o cultivar algún tipo de estupefaciente, logrando obtener a su respecto ya sea la medida cautelar de prisión preventiva durante el proceso o sentencias efectivas de cárcel una vez concluido aquel.

Como Fiscalía estamos convencidos que la condena de los partícipes en los delitos es fundamental, pero no es lo único para erradicar el fenómeno, por lo que adicionalmente a las penas de cárcel solicitadas al tribunal respectivo, hemos potenciado los requerimientos para incautar los patrimonios de quienes son condenados por delitos vinculados al tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos, según lo disponen los artículos 469 y 470 del Código Procesal Penal.

En este sentido, durante el 2022 se realizaron múltiples remates de vehículos asociados a este tipo de causas, remates que fueron materializados por la Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), logrando recaudar más de 243 millones de pesos.

En el caso de los productos rematados en investigaciones por drogas o lavado de activos, si la respectiva resolución señaló el comiso de las especies, los dineros recaudados a través de los remates son destinados al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), los que son principalmente utilizados para programas de rehabilitación de jóvenes en situación de drogadicción y alcoholismo. Para los casos que no se rigen por Ley 20.000, lo recaudado en las subastas es destinado a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

$17 millones

Durante el 2023, ya se han recaudado cerca de 17 millones de pesos para programas del Senda, y estamos a la espera de la calendarización de nuevos remates de vehículos.

Como Fiscalía Regional de Los Lagos seguiremos ejerciendo firmemente la acción penal respecto de quienes trafiquen droga y quienes pretendan blanquear el dinero que obtengan de ello; sumando a lo anterior toda la labor administrativa que conlleva impulsar el remate de los bienes provenientes de acciones ilícitas, buscando con ello debilitar a las organizaciones criminales y que con un trabajo interinstitucional coordinado es posible potenciar.

"Como Fiscalía estamos convencidos que la condena de los partícipes en los delitos es fundamental, pero no es lo único para erradicar el fenómeno, por lo que adicionalmente a las penas de cárcel solicitadas al tribunal respectivo, hemos potenciado los requerimientos para incautar los patrimonios de quienes son condenados por delitos vinculados al tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos".

Carmen Gloria Wittwer Opitz, fiscal regional de Los Lagos, abogada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Derecho Penal por la Universidad de Chile

La Brigada de Homicidios de la PDI confirmó en la mañana de ayer la detención de dos hombres de nacionalidad colombiana, sospechosos de asesinar a una persona presumiblemente extranjera y dejar su cuerpo en un basurero de Recoleta, Región Metropolitana.

La tarde del domingo unos vecinos hallaron el cuerpo al interior de un contenedor en la calle Lircay con avenida El Salto. Debido a ello la PDI inició diligencias para identificar a la víctima y dar con los responsables del homicidio.

La revisión de las cámaras de seguridad y los interrogatorios a testigos permitieron la detención de dos personas de nacionalidad colombiana en situación irregular en el país, de 20 y 26 años, que habrían estado involucrados en este hecho.

Los registros audiovisuales posicionan a los sospechosos afuera de un cité "trasladando el basurero hacia calle Lircay, donde es encontrado". La PDI dijo que una de las líneas investigativas sugiere que habría sido un homicidio por drogas y que habría otras tres personas involucradas.

La Brigada de Homicidios de la PDI confirmó en la mañana de ayer la detención de dos hombres de nacionalidad colombiana, sospechosos de asesinar a una persona presumiblemente extranjera y dejar su cuerpo en un basurero de Recoleta, Región Metropolitana.

La tarde del domingo unos vecinos hallaron el cuerpo al interior de un contenedor en la calle Lircay con avenida El Salto. Debido a ello la PDI inició diligencias para identificar a la víctima y dar con los responsables del homicidio.

La revisión de las cámaras de seguridad y los interrogatorios a testigos permitieron la detención de dos personas de nacionalidad colombiana en situación irregular en el país, de 20 y 26 años, que habrían estado involucrados en este hecho.

Los registros audiovisuales posicionan a los sospechosos afuera de un cité "trasladando el basurero hacia calle Lircay, donde es encontrado". La PDI dijo que una de las líneas investigativas sugiere que habría sido un homicidio por drogas y que habría otras tres personas involucradas.