Rafitican prisión preventiva para mujer por atraco en la costanera de Quellón
Corte de Apelaciones mantuvo la medida cautelar contra la joven.
Compartiendo la peligrosidad que significa su libertad, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt ratificó en las últimas horas la prisión preventiva contra una joven, implicada en el atraco a una vivienda emplazada en la costanera de Quellón.
In fraganti al interior del domicilio ubicado en calle Capitán Luis Alcázar fue detenida la imputada, luego del denuncio efectuado por el propio afectado. Personal de la Sexta Comisaría de Carabineros local abordó el procedimiento, poniendo a disposición de la justicia a la oriunda de Coronel (Región del Biobío).
Ante el Juzgado Mixto de Quellón, la encartada de iniciales T. L. R. V. (32) fue formalizada por la fiscal Karyn Alegría, por el delito de robo en lugar habitado, exponiendo los datos del operativo como la indagatoria que se instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI)
Igualmente, la persecutora invocó la cautelar más gravosa, en virtud "de su prontuario y recalcando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y la víctima". Además, sostuvo que existe riesgo de fuga, al arriesgar una pena de cumplimiento efectivo por este ilícito.
La medida fue otorgada por el magistrado (s) Leandro Bahamonde, ante lo cual la joven fue remitida al Complejo Penitenciario Alto Bonit de Puerto Montt.
Esta precautoria fue calificada como "desproporcionada" por el defensor Darwin Loreto, quien apeló ante el tribunal de alzada, refrendando los argumentos que ya había postulado en primera instancia. Pidió que se mute la medida por la firma mensual, arraigo nacional y la prohibición de acercarse al denunciante.
Como especificó el abogado, se cuestiona la calificación jurídica del delito, remarcando que los hechos se enfocarían en una violación de morada y daños.
"La versión de la imputada da cuenta que ingresó a este domicilio de quien sería su expareja, con la intención de causar destrozos por problemas derivados de la misma relación", puntualizó el jurista, añadiendo que "en su poder no se encontraron especies, por lo cual no se configura la sustracción".
Dentro de este escenario, como especificó el profesional, la tipificación penal sería menos intensiva ante lo cual la necesidad de cautela se sustentaría con disposiciones en el medio libre.
Igualmente, la fuente manifestó que "pedimos la suspensión del procedimiento penal, en base a un informe siquiátrico que demuestra problemas de su salud mental que no le permitirían enfrentar la causa". Una postura que no fue acogida por el sentenciador.
Presupuestos
Por la modificación de la precautoria, los ministros de alzada expusieron que los medios probatorios aportado en el caso sustentan la existencia del robo habitado como la intervención de la encartada.
Asimismo, señalaron en su dictamen que "la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, atendido las circunstancias y modalidades de su comisión (del delito), la pena asignada al mismo, su eventual forma de cumplimiento y haber sido condenada anteriormente por ilícitos de la misma naturaleza".
Bajo este contexto, se ratificó la prisión preventiva en la causa que tiene un plazo para el desarrollo de las diligencias formalizadas de 60 días.
Aldeas sos
En otra causa por robo en lugar habitado, una adolecente fue formalizada en Ancud, sindicada como responsable de la sustracción de especies desde el interior de un inmueble de las Aldeas Infantiles SOS. Además, un joven fue formalizado por receptación en este mismo caso. Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) local adoptaron el procedimiento que llevó a la aprehensión de la menor de 15 años. Un dispositivo que fue cuestionado por el defensor Filippo Corvalán, quien remarcó que se cometieron infracciones de garantías fundamentales. "El Ministerio Público de forma desproporcionada solicitó la internación provisoria de una adolescente sin anotaciones penales y que es protegida por el tribunal de Familia; el Estado la protege por medio de programas, siendo usuaria de las Aldeas SOS", aclaró el jurista. Las alegaciones fueron acogidas y se decretó la sujeción de la encartada a un programa de medidas cautelares ambulatorias. Por su parte, como sostuvo el defensor Carlos Barahona, quien representa al otro implicado en la causa, "se había solicitado el arresto total, pero como el imputado tiene irreprochable conducta anterior, se dictó la firma mensual en Carabineros y prohibición de acercamiento a las Aldeas SOS". Además, indicó que el plazo de la investigación se fijó en 60 días.