Pedro Bárcena González

Con la incorporación de toda la prueba presentada por los intervinientes, se realizó en las últimas horas ante el Juzgado de Garantía de Ancud la preparación de juicio por el bullado caso de malversación de caudales públicos, en el cual dos altos expersoneros de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de la comuna del Pudeto arriesgan penas de 23 años de cárcel en conjunto.

92 medios probatorios fijó el Ministerio Público, a los cuales se adhirió como querellante la actual administración del ente corporativo, mientras que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como un tercer acusador expuso 95 evidencias para sustentar los cargos contra Luis Ampuero y Abdón Barría, otrora secretario general y jefe de finanzas, respectivamente, en el gobierno comunal de Soledad Moreno.

En la audiencia se ratificaron los datos de la acusación, por parte del fiscal Fernando Metzner, quien tomó la indagatoria luego que Javier Calisto fuese apartado de la causa por los nulos avances de la misma y los supuestos nexos con uno de los imputados, el exdirector de control Ricardo Lagno, por quien en definitiva no se perseveró en la persecución penal. Una decisión que también se tomó en favor de la exalcaldesa Moreno, el exjefe de personal Jorge Alarcón y la extitular de Educación María Luisa Rojas.

Indagatoria

Como remarcó el abogado, las pruebas presentadas "son el resultado de la investigación por los delitos de malversación de caudales públicos o desfalco por distracción. Cada una de las diligencias permitieron sustentar los cargos contra los acusados".

Dentro de estas conclusiones, se expuso que tanto el docente como el contador, el 5 de diciembre del 2016 "abusando de sus cargos y en ejercicio de sus funciones, aplicaron indebidamente a usos propios, caudales públicos puestos a su cargo, emitiendo cheques de la cuenta de Educación de la Corporación Municipal de Ancud a sus nombres".

Ampuero cobró un documento por $28.632.062, mientras que Barría hizo lo propio por un monto de $15.662.050, dineros que estaban destinados a indemnizaciones de incentivo al retiro pendiente para 5 profesores del norte de la provincia.

Como indicó el fiscal en su acusación, estos movimientos constituyen una "actuación abusiva que atribuyeron en documentos generados y suscritos por ellos mismos, al pago de sus propias indemnizaciones que no estaban cubiertas contablemente, finiquitos que fueron autorizados el mismo día".

Bajo este contexto, el persecutor invocó 10 años y 1 día de reclusión contra el docente que se habría apropiado de la mayor cantidad de dinero, pidiendo como multa el doble de lo sustraído y la inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos. Por el otro encartado, solicitó 5 años y un día de presidio, como también las otras dos sanciones.

Por su parte, el abogado del CDE, Lucio Díaz, en su escrito fue más severo contra el segundo de los imputados, puesto que busca una pena de 13 años de cárcel; mientras que por el extitular del Colegio de Profesores de Los Lagos coincidió con la pretensión punitiva fiscal. Además, pidió que cada uno cancele una multa de 15 UTM (unidades tributarias mensuales) y que no puedan ejercer trabajos públicos a perpetuidad.

Daño

Metzner mencionó que ahora el juzgado ancuditano debe remitir el auto de apertura al Tribunal Oral en lo Penal de Castro, el cual entre 15 y 60 días debe fijar fecha para el juicio oral.

"Esperamos que en esta última fase podamos obtener un veredicto condenatorio y de esta manera reparar el daño ocasionado a los profesores que en su momento no pudieron obtener el pago del incentivo del retiro, puesto que estos dineros fueron usados para fines propios por los acusados", indicó el jurista.

Finalmente, las defensas privadas de los encartados, tanto Fabián Quiroz en representación de Barría y Carlos Jiménez por parte de Ampuero, declinaron entregar mayores antecedentes de la reciente instancia procesal.

Pedro Bárcena González

Con la incorporación de toda la prueba presentada por los intervinientes, se realizó en las últimas horas ante el Juzgado de Garantía de Ancud la preparación de juicio por el bullado caso de malversación de caudales públicos, en el cual dos altos expersoneros de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de la comuna del Pudeto arriesgan penas de 23 años de cárcel en conjunto.

92 medios probatorios fijó el Ministerio Público, a los cuales se adhirió como querellante la actual administración del ente corporativo, mientras que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como un tercer acusador expuso 95 evidencias para sustentar los cargos contra Luis Ampuero y Abdón Barría, otrora secretario general y jefe de finanzas, respectivamente, en el gobierno comunal de Soledad Moreno.

En la audiencia se ratificaron los datos de la acusación, por parte del fiscal Fernando Metzner, quien tomó la indagatoria luego que Javier Calisto fuese apartado de la causa por los nulos avances de la misma y los supuestos nexos con uno de los imputados, el exdirector de control Ricardo Lagno, por quien en definitiva no se perseveró en la persecución penal. Una decisión que también se tomó en favor de la exalcaldesa Moreno, el exjefe de personal Jorge Alarcón y la extitular de Educación María Luisa Rojas.

Indagatoria

Como remarcó el abogado, las pruebas presentadas "son el resultado de la investigación por los delitos de malversación de caudales públicos o desfalco por distracción. Cada una de las diligencias permitieron sustentar los cargos contra los acusados".

Dentro de estas conclusiones, se expuso que tanto el docente como el contador, el 5 de diciembre del 2016 "abusando de sus cargos y en ejercicio de sus funciones, aplicaron indebidamente a usos propios, caudales públicos puestos a su cargo, emitiendo cheques de la cuenta de Educación de la Corporación Municipal de Ancud a sus nombres".

Ampuero cobró un documento por $28.632.062, mientras que Barría hizo lo propio por un monto de $15.662.050, dineros que estaban destinados a indemnizaciones de incentivo al retiro pendiente para 5 profesores del norte de la provincia.

Como indicó el fiscal en su acusación, estos movimientos constituyen una "actuación abusiva que atribuyeron en documentos generados y suscritos por ellos mismos, al pago de sus propias indemnizaciones que no estaban cubiertas contablemente, finiquitos que fueron autorizados el mismo día".

Bajo este contexto, el persecutor invocó 10 años y 1 día de reclusión contra el docente que se habría apropiado de la mayor cantidad de dinero, pidiendo como multa el doble de lo sustraído y la inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos. Por el otro encartado, solicitó 5 años y un día de presidio, como también las otras dos sanciones.

Por su parte, el abogado del CDE, Lucio Díaz, en su escrito fue más severo contra el segundo de los imputados, puesto que busca una pena de 13 años de cárcel; mientras que por el extitular del Colegio de Profesores de Los Lagos coincidió con la pretensión punitiva fiscal. Además, pidió que cada uno cancele una multa de 15 UTM (unidades tributarias mensuales) y que no puedan ejercer trabajos públicos a perpetuidad.

Daño

Metzner mencionó que ahora el juzgado ancuditano debe remitir el auto de apertura al Tribunal Oral en lo Penal de Castro, el cual entre 15 y 60 días debe fijar fecha para el juicio oral.

"Esperamos que en esta última fase podamos obtener un veredicto condenatorio y de esta manera reparar el daño ocasionado a los profesores que en su momento no pudieron obtener el pago del incentivo del retiro, puesto que estos dineros fueron usados para fines propios por los acusados", indicó el jurista.

Finalmente, las defensas privadas de los encartados, tanto Fabián Quiroz en representación de Barría y Carlos Jiménez por parte de Ampuero, declinaron entregar mayores antecedentes de la reciente instancia procesal.

Los mismos sujetos que fueron detenidos por el ataque que afectó el 11 de marzo pasado al Liceo de Cultura y Difusión Artística de Castro, y que actualmente enfrentan dicha indagatoria con cautelares en el medio libre, volvieron a ser puestos a disposición de la justicia. Esta vez fueron aprehendidos por amenazar de muerte a Carabineros y por ocultamiento de identidad.

El procedimiento que llevó a la captura de los sujetos de iniciales A. E. M. S. y J. L. M. F. se gestó en la plaza de armas, donde efectivos de la Segunda Comisaría detectaron que se encontraban fumando marihuana, por lo cual fueron sometidos a un control de identidad.

Al no presentar la documentación, los jóvenes fueron trasladados hasta el cuartel policial, para verificar por sistema sus identidades y si tenían órdenes de aprehensión vigentes. En medio de estos trámites, se registraron los incidentes que motivaron su presentación ante el Juzgado de Garantía de Castro.

En la audiencia, el defensor Nelson Troncoso incidentó la legalidad de la detención, argumentando que "no existen indicios de que mis representados hayan estado consumiendo cannabis, no se incautó nada al respecto y tampoco se presentaron antecedentes de testigos. Además, señalaron que fueron golpeados por los carabineros y que se le incautaron especies que nunca aparecieron".

Pese a estas alegaciones, la magistrada Alejandra Varas acreditó que el operativo policial estuvo ajustado a derecho. A su vez, en la audiencia la fiscal (s) Carmen Paz Vargas formalizó a los encartados, llegando a una rápida salida judicial.

Dictamen

Como reportó el defensor, por las amenazas a los uniformados, "se llegó a un acuerdo reparatorio de prohibición de acercamiento por 6 meses, mientras que por la ocultación de identidad se arribó a un requerimiento monitorio con una multa de un tercio de UTM que se dio por cumplida por el día en que permanecieron privados de libertad".

Los mismos sujetos que fueron detenidos por el ataque que afectó el 11 de marzo pasado al Liceo de Cultura y Difusión Artística de Castro, y que actualmente enfrentan dicha indagatoria con cautelares en el medio libre, volvieron a ser puestos a disposición de la justicia. Esta vez fueron aprehendidos por amenazar de muerte a Carabineros y por ocultamiento de identidad.

El procedimiento que llevó a la captura de los sujetos de iniciales A. E. M. S. y J. L. M. F. se gestó en la plaza de armas, donde efectivos de la Segunda Comisaría detectaron que se encontraban fumando marihuana, por lo cual fueron sometidos a un control de identidad.

Al no presentar la documentación, los jóvenes fueron trasladados hasta el cuartel policial, para verificar por sistema sus identidades y si tenían órdenes de aprehensión vigentes. En medio de estos trámites, se registraron los incidentes que motivaron su presentación ante el Juzgado de Garantía de Castro.

En la audiencia, el defensor Nelson Troncoso incidentó la legalidad de la detención, argumentando que "no existen indicios de que mis representados hayan estado consumiendo cannabis, no se incautó nada al respecto y tampoco se presentaron antecedentes de testigos. Además, señalaron que fueron golpeados por los carabineros y que se le incautaron especies que nunca aparecieron".

Pese a estas alegaciones, la magistrada Alejandra Varas acreditó que el operativo policial estuvo ajustado a derecho. A su vez, en la audiencia la fiscal (s) Carmen Paz Vargas formalizó a los encartados, llegando a una rápida salida judicial.

Dictamen

Como reportó el defensor, por las amenazas a los uniformados, "se llegó a un acuerdo reparatorio de prohibición de acercamiento por 6 meses, mientras que por la ocultación de identidad se arribó a un requerimiento monitorio con una multa de un tercio de UTM que se dio por cumplida por el día en que permanecieron privados de libertad".