Pedro Bárcena González

A esferas judiciales escaló la polémica por el oneroso show del término del verano 2023 en Castro, luego que el municipio local interpusiera una querella por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento público falsificado contra los representantes legales de la empresa Procons SpA -a cargo del espectáculo- y contra todos quienes resulten responsables.

En poder del Ministerio Público local se encuentran desde los últimos días los antecedentes del caso, luego que la jueza Alejandra Varas declarara admisible la acción legal patrocinada por Juan Manuel Castro, asesor jurídico del consistorio castreño.

Tras la conflictiva autorización del show por un monto de 90 millones de pesos, que tuvo el martes 28 de febrero pasado a Américo, tres bailarines de Axe Bahía y 7 artistas locales, surgieron las dudas sobre la legalidad del proceso que llevó a la adjudicación a la firma con domicilio en Providencia, Región Metropolitana.

Como expuso el abogado, las bases que sustentaron este requerimiento se forjaron "en un proceso de invalidación de la licitación que encabecé, luego de lo instruido por el alcalde (Juan Eduardo Vera), en el cual se tomó declaración a los representantes legales de la empresa y en que se logró apreciar que la patente municipal presentada como requisito era falsa".

Detalles

De acuerdo al texto legal, con fecha 21 de febrero de este año, Procons adjuntó en formato digital una patente de la Municipalidad de Providencia, de fecha 31 de enero del 2023. Sin embargo, el director de Control Interno del consistorio castreño, Guido Bórquez, comprobó que en dicho documento el RUT del contribuyente era distinto de la empresa en un dígito. Por lo anterior, se buscó la validación, lo que arrojó como resultado que no correspondía a un instrumento legítimo.

Incluso, la directora de Atención al Contribuyente de la Municipalidad de Providencia, Tania Fernández, ratificó la invalidez de dicho documento.

Asimismo, Castro aclaró que dentro de las diligencias realizadas y los testimonios recogidos de los representantes de la firma capitalina, "ellos nieguen haber subido la patente falsa, sino una solicitud de obtención de patente comercial que habrían presentado ese día, pero por tema de horario no estaba creado el documento". Una situación, como expone en la querella, que demostraría que este oferente se adjudicó el evento musical "presentando un documento adulterado".

Para sustentar estas ilegalidades, el querellante solicitó una base de 3 diligencias. "Lo primero, una orden amplia de indagar a la PDI (Policía de Investigaciones), más la toma de declaración a 4 testigos y a los representantes legales, con lo cual se podrá apreciar la inconsistencia de su relato", acotó el jurista, sumando que no se le ha pagado un peso a la empresa, "a la espera de un pronunciamiento de Contraloría respecto a su concurrencia".

Concejales

La tramitación de este recurso fue destacada por el concejal Enrique Soto (indep.), quien advirtió que fueron 3 los ediles "que nos opusimos al despilfarro de dinero de este evento. Fui el primero en señalar que las sumas de dinero eran elevadísimas en comparación a otros shows de municipios cercanos, lo cual daba cuenta de una improvisación tremenda de parte de la gestión municipal de Castro".

Además, la fuente remarcó que al quedar en evidencia el eventual ilícito se articularon exigiendo una respuesta judicial. "La municipalidad lo hizo antes del concejo, lo cual me parece bien pues era lo que se tenía que hacer, pero nunca hubiéramos estado en esta situación si se hubiera ponderado la razón de los argumentos por sobre el populismo de un show multimillonario que duró 3 o 4 horas", remató.

Soto sumó que la "situación es grave y habrán responsabilidades administrativas internas también. Como concejal esperaré las conclusiones del debido proceso con expectación".

En tanto, su par Ignacio Álvarez (PS) mencionó que "la presentación de esta querella es algo que solicitamos y que, ante lo ocurrido, correspondía que se hiciera".

Sin embargo, precisó el abogado castreño, aparte de la arista penal en este caso, "esperamos que los procedimientos administrativos también permitan esclarecer lo ocurrido para que se hagan efectivas las responsabilidades" al interior del municipio.

Pedro Bárcena González

A esferas judiciales escaló la polémica por el oneroso show del término del verano 2023 en Castro, luego que el municipio local interpusiera una querella por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento público falsificado contra los representantes legales de la empresa Procons SpA -a cargo del espectáculo- y contra todos quienes resulten responsables.

En poder del Ministerio Público local se encuentran desde los últimos días los antecedentes del caso, luego que la jueza Alejandra Varas declarara admisible la acción legal patrocinada por Juan Manuel Castro, asesor jurídico del consistorio castreño.

Tras la conflictiva autorización del show por un monto de 90 millones de pesos, que tuvo el martes 28 de febrero pasado a Américo, tres bailarines de Axe Bahía y 7 artistas locales, surgieron las dudas sobre la legalidad del proceso que llevó a la adjudicación a la firma con domicilio en Providencia, Región Metropolitana.

Como expuso el abogado, las bases que sustentaron este requerimiento se forjaron "en un proceso de invalidación de la licitación que encabecé, luego de lo instruido por el alcalde (Juan Eduardo Vera), en el cual se tomó declaración a los representantes legales de la empresa y en que se logró apreciar que la patente municipal presentada como requisito era falsa".

Detalles

De acuerdo al texto legal, con fecha 21 de febrero de este año, Procons adjuntó en formato digital una patente de la Municipalidad de Providencia, de fecha 31 de enero del 2023. Sin embargo, el director de Control Interno del consistorio castreño, Guido Bórquez, comprobó que en dicho documento el RUT del contribuyente era distinto de la empresa en un dígito. Por lo anterior, se buscó la validación, lo que arrojó como resultado que no correspondía a un instrumento legítimo.

Incluso, la directora de Atención al Contribuyente de la Municipalidad de Providencia, Tania Fernández, ratificó la invalidez de dicho documento.

Asimismo, Castro aclaró que dentro de las diligencias realizadas y los testimonios recogidos de los representantes de la firma capitalina, "ellos nieguen haber subido la patente falsa, sino una solicitud de obtención de patente comercial que habrían presentado ese día, pero por tema de horario no estaba creado el documento". Una situación, como expone en la querella, que demostraría que este oferente se adjudicó el evento musical "presentando un documento adulterado".

Para sustentar estas ilegalidades, el querellante solicitó una base de 3 diligencias. "Lo primero, una orden amplia de indagar a la PDI (Policía de Investigaciones), más la toma de declaración a 4 testigos y a los representantes legales, con lo cual se podrá apreciar la inconsistencia de su relato", acotó el jurista, sumando que no se le ha pagado un peso a la empresa, "a la espera de un pronunciamiento de Contraloría respecto a su concurrencia".

Concejales

La tramitación de este recurso fue destacada por el concejal Enrique Soto (indep.), quien advirtió que fueron 3 los ediles "que nos opusimos al despilfarro de dinero de este evento. Fui el primero en señalar que las sumas de dinero eran elevadísimas en comparación a otros shows de municipios cercanos, lo cual daba cuenta de una improvisación tremenda de parte de la gestión municipal de Castro".

Además, la fuente remarcó que al quedar en evidencia el eventual ilícito se articularon exigiendo una respuesta judicial. "La municipalidad lo hizo antes del concejo, lo cual me parece bien pues era lo que se tenía que hacer, pero nunca hubiéramos estado en esta situación si se hubiera ponderado la razón de los argumentos por sobre el populismo de un show multimillonario que duró 3 o 4 horas", remató.

Soto sumó que la "situación es grave y habrán responsabilidades administrativas internas también. Como concejal esperaré las conclusiones del debido proceso con expectación".

En tanto, su par Ignacio Álvarez (PS) mencionó que "la presentación de esta querella es algo que solicitamos y que, ante lo ocurrido, correspondía que se hiciera".

Sin embargo, precisó el abogado castreño, aparte de la arista penal en este caso, "esperamos que los procedimientos administrativos también permitan esclarecer lo ocurrido para que se hagan efectivas las responsabilidades" al interior del municipio.

Dos aristas procesales se abrieron tras un confuso incidente registrado en las últimas horas al interior del Centro de Día de Quellón, que involucró a un usuario que arribó a una salida alternativa por amenazas contra un funcionario del recinto, quien a su vez fue denunciado por una agresión contra este imputado.

Efectivos de la Sexta Comisaría de Carabineros local se constituyeron en este recinto que presta atención diurna a personas en situación de calle, acogiendo una denuncia por intimidaciones a un trabajador.

Como indicó el mayor Iván Ulloa, jefe de la unidad base, con los antecedentes reunidos "se realizan diligencias encontrando a la persona sindicada como autor del delito en el centro de la ciudad, por lo que se procede a su detención".

Al momento de constatar lesiones en el hospital porteño, el encartado de iniciales C. S. B. G. (45) presentó contusiones de mediana gravedad, acusando que el mismo funcionario se las provocó con una "llave" a la altura del hombro.

Por ello, el oficial remarcó, que en medio de la flagrancia la patrulla se dirigió al establecimiento de calle Independencia, aprehendiendo a este sujeto individualizado como L. R. S. A. (34). "Esta persona quedó después en libertad y en espera de citación", precisó el comisario.

De esta forma, solo el encartado en situación de calle fue puesto a disposición del Juzgado Mixto de Quellón, donde "se arribó a un acuerdo reparatorio de prohibición de acercamiento de mi representado al Centro de Día como a este trabajador", comentó el defensor Darwin Loreto.

Dos aristas procesales se abrieron tras un confuso incidente registrado en las últimas horas al interior del Centro de Día de Quellón, que involucró a un usuario que arribó a una salida alternativa por amenazas contra un funcionario del recinto, quien a su vez fue denunciado por una agresión contra este imputado.

Efectivos de la Sexta Comisaría de Carabineros local se constituyeron en este recinto que presta atención diurna a personas en situación de calle, acogiendo una denuncia por intimidaciones a un trabajador.

Como indicó el mayor Iván Ulloa, jefe de la unidad base, con los antecedentes reunidos "se realizan diligencias encontrando a la persona sindicada como autor del delito en el centro de la ciudad, por lo que se procede a su detención".

Al momento de constatar lesiones en el hospital porteño, el encartado de iniciales C. S. B. G. (45) presentó contusiones de mediana gravedad, acusando que el mismo funcionario se las provocó con una "llave" a la altura del hombro.

Por ello, el oficial remarcó, que en medio de la flagrancia la patrulla se dirigió al establecimiento de calle Independencia, aprehendiendo a este sujeto individualizado como L. R. S. A. (34). "Esta persona quedó después en libertad y en espera de citación", precisó el comisario.

De esta forma, solo el encartado en situación de calle fue puesto a disposición del Juzgado Mixto de Quellón, donde "se arribó a un acuerdo reparatorio de prohibición de acercamiento de mi representado al Centro de Día como a este trabajador", comentó el defensor Darwin Loreto.